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Otra pequeña reflexión en voz alta. Es cierto que un Estado social es en abstracto compatible con una sociedad en la que se primen el mérito y el esfuerzo. Pero a mi no me interesa que esas dos cosas se compatibilicen, aunque sea posible. Sin duda alguna, una de las virtudes del libertarianismo en el que creo es que el mérito y el esfuerzo juegan el papel que merecen en la prosperidad individual y social. No obstante, lo fundamental para mi no es esto, pues sería posible el mismo resultado por caminos diferentes de aquellos que yo creo que se tiene que seguir.
¿Qué es entonces lo que de verdad me mueve a defender un modelo de Estado que se corresponda con lo que yo denomino una "Democracia Libertaria"? Lo que de verdad a mi me interesa es la libertad. Si dos caminos son igual de efectivos para conseguir una cosa justa, y uno coarta menos la libertad que el otro, el que debe seguirse es el más respetuoso con nuestra libertad -y, por ende, con nuestra dignidad-. Y es que, aunque la anarquía es pedir a gritos la pérdida de toda libertad, lo cierto es que ceder nuestra libertad al Estado más allá de un límite compromete de un modo todavía más grave nuestros derechos y libertades.
Por eso el Estado social es, a mi modo de ver, tan rotundamente execrable. Pues es un tipo de Estado que, por su propia naturaleza, acumula funciones que van más allá de lo necesario. No se limita a conferirnos la seguridad de la que razonablemente hemos de poder disponer para que nuestra vida consista en algo más que en defendernos unos de otros. Con la excusa de velar por nuestra mayor comodidad nos trata como a niños o incapaces. Dando el nombre de derechos al permanente insulto hacia nuestra dignidad en el que vive instalado, porque confía (hasta ahora nada hace pensar que infundadamente) en que así conseguirá que no nos lo tomemos a mal.
Acumulando funciones que no debería es como el Estado social crea peligros que también exceden la cantidad de riesgos que a una ciudadanía consciente del valor de su libertad le valdría la pena correr. Peligros que no se manifiestan inmediatamente, y que, en tanto el Estado social sea gobernado por personas honestas y decentes, no tendrían por qué llegar a traducirse nunca en realizaciones negativas concretas. De hecho, en tanto esté bien administrado y sus peligrosas políticas no se traduzcan en perjuicios tangibles, el Estado social es preferible a casi cualquier otra forma de organización política. En tanto que además de social sea democrático, claro está.
El gran problema está en que incluso el Estado social más eficiente y justamente organizado puede degenerar con demasiada facilidad -como ha sucedido en España, y muy particularmente en Andalucía- en una sociedad de mantenidos a cargo de los poderes públicos que, además de generar un gasto público que es inviable a largo plazo, pone en el medio plazo en serio peligro las libertades más esenciales del hombre. Expolia al contribuyente para malas causas, y encima aprovecha los sistemas prestacionales que crea -al menos parcialmente- con el dinero de los expoliados para crear redes clientelares. Sus redes clientelares engendran voto cautivo, y éste permite a las camarillas gobernantes eternizarse en el poder, y acabar destruyendo la poca democracia que tenemos para implantar en la práctica oligarquías corruptas como la partitocracia pestilente del PPSOE que en nuestros tiempos asola España.
Las únicas alternativas eficaces en orden a impedir que el Estado social acabe degenerando de esa manera son dos: bien la que consiste en confiar en que nuestros gobernantes se mantengan siempre en la buena senda (alternativa que ya es impracticable, porque los que gobiernan ya se han lanzado a recorrer el mal camino y a punto están de arruinar a España por su pretensión de seguir en él a toda costa); o bien la que implica desmantelar ese edificio que amenaza ruina que es nuestro Estado social antes de que se caiga en pedazos. Para lo que es necesario establecer una nueva forma de Estado libertaria que considere como punto de partida el carácter subsdiario del Estado respecto de la iniciativa de los particulares. Volver a entender que el Estado representa a la Nación -verdaderamente existente en tanto que producto histórico-; pero que los individuos son la Nación. Si queremos que no se emplee el poder de los Gobiernos para perjudicar a los gobernados tenemos que negar de entrada a quienes detenten el poder las facultades que necesitan para poder acometer tal empresa de subversión populista de nuestro sistema político. Y eso significa que tenemos que renunciar a que el Estado nos asista en nada para lo que su asistencia no sea estrictamente imprescindible o demasiado conveniente como para rechazarla. Porque el mismo poder que deberíamos concederle para que nos ayude activamente es el poder con el que podría llegar a perjudicarnos. IHS
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