Estamos en 2012. Para quien no lo sepa, eso significa que éste es un año electoral en los EEUU. Bueno, la verdad es que en ese país prácticamente todos los años son electorales en algún sitio. Se vota prácticamente todo. Su sistema no es nada perfecto, pero cumple de sobra los requisitos mínimos que he expuesto en artículos anteriores al objeto de poder considerarlo una democracia. De momento, quizá la norteamericana sea el único régimen política merecedor de ese nombre que existe sobre la Tierra.
Los EEUU no son solo excepcionales por ser una democracia. También son excepcionales por el éxito que, considerados en su conjunto, han tenido en el mundo a lo largo de su no demasiado larga Historia como federación de naciones soberana e independiente. Han pasado, en doscientos treinta y seis años, de ser una pequeña confederación integrada por 13 Estados casi independientes, ninguno de ellos demasiado grande; a constituir una poderosa Unión Federal de Estados claramente sujetos a la autoridad del conjunto -pese a lo cual mantienen el núcleo básico de su libertad-, algunos de ellos más grandes que cualquier nación europea (que no sea, lógicamente, la inabarcable Rusia). Han pasado de ser un país insignificante a convertirse en la mayor de todas las potencias sobre la Tierra. Son hoy día el motor cultural, político y económico del mundo occidental en pleno, con no poca influencia también fuera de Occidente. En definitiva, que sus elecciones presidenciales pueden no afectarnos directamente, pero merecen atraer aunque solo sea un poquito nuestro interés, pues de su resultado depende el rumbo que tomarán no pocos asuntos que inciden sobre la estabilidad de todo el globo.
Así pues, voy a dedicar el presente post a explicar como funcionan las elecciones presidenciales, y de paso, el tinglado institucional a nivel federal en ese país.
Comenzar diciendo que en los EEUU se cumplen todas las condiciones que, a mi entender, permiten hablar sin temor a errar de la existencia de una auténtica democracia. Se celebra prófusamente elecciones, rige la separación de poderes, y el sistema electoral en ningún caso es proporcional (salvo excepciones puramente testimoniales, casi siempre locales -Vg.: ayuntamiento de Cambridge, en Massachussets-). El poder judicial es independiente (no quiero decir con ésto que sea imparcial, porque eso es imposible, dado que todos tenemos nuestros prejuicios), dado que, si bien a los jueces de la Corte Suprema los designa el Presidente, su mandato es vitalicio, igual que el de los demás jueces federales. Así pues, el carácter vitalicio de sus cargos los hace en la práctica impermeables a las presiones procedentes de la Casa Blanca, que puede indignarse con sus elegidos, pero nada más.
El poder legislativo es también independiente. Está en manos del Congreso, al que a su vez lo componen dos cámaras diferenciadas: la Cámara de Representantes y el Senado. Las dos cámaras son prácticamente iguales en poder (aunque el Senado actualmente y desde hace mucho se suele considerar más prestigioso que la Cámara de Representantes). Lo que las diferencia es su composición.
La Cámara de Representantes la compone un número variable de Representantes. Actualmente son 435. Esos 435 representantes se reparten entre los 50 Estados, y a cada Estado le corresponde un número de Representantes proporcional a su población. Así, California, el Estado más poblado, tiene ella sola más de 50 Representantes; mientras que Alaska y Delaware, los Estados menos poblados, tienen solo uno cada uno de ellos. Con cada nuevo censo de la población que se hace, cambia el reparto de los Representantes entre los diversos Estados. Cada Estado, tras el nuevo censo que establece los Representantes que le tocan, se divide en tantas circunscripciones o territorios (a fines electorales, no administrativos ni de ningún otro tipo) como Representantes le corresponden. El día de las elecciones a la Cámara de Representantes, que se elige toda del vuelta cada dos años, cada circunscripción elige a su Representante (lógicamente, al Representante lo vota solo la gente de su circunscripción no la gente de todo el Estado).
La Cámara de Representantes existe para que los Estados más grandes puedan hacer valer su tamaño en la toma de decisiones. Es normal. No sería justo que, siendo los Estados que más contribuyen a la Unión, eso no les reportase ninguna ventaja.
El Senado es más fácil. Hay dos Senadores por cada Estado, y no hay más que hablar. California tiene dos Senadores, del mismo modo que Alaska o Delaware tienen dos Senadores cada una. No se divide el Estado en circunscripciones, sino que todos los ciudadanos del Estado eligen a sus dos Senadores por igual. Puedes votar por un Senador republicano y uno demócrata, o por dos de un solo color político. El mandato de los Senadores es de 6 años, mucho mñas extenso que el de los Representantes. Además, el Senado se renueva por tercios cada dos años (razón por la cual ningún Estado elige nunca a la vez a sus dos Senadores). De este modo, siempre que se renueva la Cámara de Representantes, se renueva un tercio del Senado. Lo que tiene el inconveniente de que el Senado no suele responder a la situación real del país, dado que siempre hay puestos que fueron elegidos dos o cuatro años antes del momento en que se eligen los últimos. De manera que se retarda la evolución política del país, dado que, por popular que en un momento dado sea un partido político, le es muy difícil ganar la mayoría en el Senado si en la anterior elección obtuvo un resultado excesivamente malo.
Dejando a un lado el defecto descrito, lo cierto es que el Senado existe para que, pese a las diferencias en términos de tamaño, población e Historia de cada Estado, prevalezca el principio de su igualdad esencial. Son 50 Estados soberanos (aunque sin derecho a la secesión unilateral, luego su soberanía está limitada). y, como tales, ninguno es más digno que otro, lo que corresponde que se vea plasmado de algún modo.
Está visto que el sistema de elección de los Congresistas es mayoritario en ambas cámaras. Me remito a lo expuesto en artículos anteriores en relación al hecho de que esto, sin ser lo ideal, es siempre preferible a los sistemas electorales proporcionales por lista que secuestran la voluntad del pueblo para el provecho de las castas parasitarias (que son los que anegan a la mayoría de los Estados europeos). Muchas son las cosas del sistema electoral de los Estados Unidos que no me gustan, aunque no da tiempo a exponerlas aquí. Pero quienes denuncian a éste sistema por estar en manos de los ricos hombres y del gran capital y por instrumentalizarse al servicio de la marginación de las minorías nos engañan a todos cuando pretenden que el remedio al posible problema (que, aunque en cierto grado existe, es a menudo menos agudo de lo que sostienen sus acérrimos detractores a ambos lados del Gran Charco Atlántico) pasa por convertir a unas potenciales o supuestas marionetas en manos de oscuros poderes fácticos de índole privada en seguros peleles en manos de una nada etérea partitocracia como la que sufrimos los europeos (lo que seguro sería el destino que aguardaría a la gran nación estadounidense en caso de decidir despeñarse por la misma pendiente suicida por la que llevamos decenios cayéndonos los europeos).
Ahora por fin toca abordar la cuestión de la elección presidencial, que es la que motiva principalmente esta entrega del blog. Ahora comprenderéis que no podíamos tocarla sin antes hacer mención a los otros poderes, y, en concreto, al legislativo (el judicial no hacía falta, pero decidí mencionarlo siquiera brevemente por aquello de no dejarlo descolgado).
Al Presidente de los EEUU lo elige un Colegio Electoral. Ese Colegio Electoral lo integran delegados de cada Estado. Cada Estado tiene derecho a tantos delegados como Congresistas tiene en el Congreso (esto es, tantos delegados como Representantes y Senadores lo representan en las respectivas cámaras). Por lo tanto, California es el Estado que más delegados tiene, y Delaware o Alaska los que menos. Como existen 435 Representantes y 100 Senadores, el total de delegados integrantes del Colegio Electoral es de 538 (los 535 Congresistas y tres delegados que elige el Distrito de Columbia).
Cada Estado decide cómo se reparten esos delegados en las elecciones, como forma de hacer valer su soberanía. Las leyes de casi todos los Estados establecen que el candidato a la presidencia que gana en el Estado se lleva todos los delegados, aunque gane por un voto. Eso es lo que explica que, en una elección presidencial, pueda ganar un candidato que pierda en votos. Lo que importa no es cuantos votos recibes, sino cuántos Estados te apoyan. Aunque nos choque desde una perspectiva europea y esencialmente unitaria, esto es justo. Un candidato puede ganar las elecciones solo porque en el Distrito de Columbia (no soberano) el apoyo está muy descompensado en su favor. Pero puede perder por poco en todos los Estados. Globalmente, gana las elecciones en votos. Pero están contra él absolutamente todos los Estados que componen la Unión. Idea que a cualquiera que entienda que EEUU es más una asociación de naciones que una nación al estilo en que las entendemos en Europa le resultará en extremo repugnante. ¿Cómo tolerar un sistema en virtud del cual todas las naciones asociadas rechazan a un candidato y, aún así, éste es elegido Presidente?
Volviendo al tema que nos interesa, lo cierto es que, para ganar las elecciones, un candidato tiene que alcanzar la mayoría
absoluta de los delegados. Si nadie alcanza la mayoría absoluta de los
delegados, cosa que solo ha ocurrido una vez en la Historia (en las
elecciones de 1824), gana las elecciones el candidato elegido por la
Cámara de Representantes, que no tiene porque ser el ganador (puede ser
cualquiera de los que han conseguido delegados para el Colegio
Electoral).
A modo de curiosidad, decir que no existe
la obligación jurídica de que los miembros del Colegio Electoral voten
por un candidato. Así pues, en ocasiones un miembro del Colegio
Electoral ha votado por otro candidato que no era el suyo. Aunque esto
nunca ha provocado una alteración en la elección, el caso es que es un
dato pintoresco a tener en cuenta (es una de las razones por las que
servidor vería bien que se aboliese el Colegio Electoral, institución
totalmente inútil).
De hecho, la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos habría sido mayormente impensable en el país de no mediar el sistema electoral. Pues en los Estados libres del Norte no todo el mundo era abolicionista, mientras que en los Estados esclavistas del Sur nadie ponía en cuestión la institución de la esclavitud -que erróneamente entendían vital para su supervivencia económica-. Lincoln ganó las elecciones en votos y escaños, pero si ganó en votos fue solo porque el esclavista Partido Demócrata de entonces no fue capaz de encontrar un candidato común que le hiciese frente. El más grande de los Presidentes de los Estados Unidos fue elegido con el menor porcentaje de votos de toda la Historia (39'6%, cuando lo normal es que el candidato perdedor saque por lo menos el 45% de los votos). Eso da una idea del apoyo que tenía el Partido Republicano (que, aunque esto pocos europeos lo saben, nació con el específico fin de abolir la esclavitud en todo el territorio de la Unión Federal). Pero, aunque los demócratas hubiesen presentado un único candidato y este se hubiese hecho con el voto de todos los que votaron por Lincoln, éste seguiría habiendo ganado las elecciones (pese a tener al 60'4% de los electores en contra).
Parece injusto. Pero os invito a que lo reflexionéis bien, sobre la base de lo que os voy a decir. Los Estados libres eran mucho más poblados que los Estados esclavistas. Así pues, tenían muchos más delegados en el Colegio Electoral. Lincoln ganó en todos los Estados libres, salvo en Nueva Jersey. Lógicamente, ganó obteniendo porcentajes que en casi ningún caso rebasaron el 60% de los votos -si es que eso sucedió en algún Estado-. Por el contrario, en los Estados esclavistas, en la parte podrida y tumefacciosa de los Estados Unidos, corrompida por el terrible mal de la esclavitud (y encima, pese a ser cada vez más minoritaria, sobrerrepresentada en el Colegio Electoral, pues su peso era superior al número de electores, dado que los esclavos negros privados del derecho al voto -y, en verdad, de todo derecho- contaban en los célebres 3/5 para el cálculo del tamaño de la representación en la Cámara de Representantes y en el Colegio Electoral), el de Illinois apenas obtuvo algo más de 1000 votos. ¿Esa terrible y fanática aversión que hacia Lincoln y el Partido Republicano sentían los Estados del Sur debía condenarlo a no poder nunca ganar unas elecciones? Según muchos pedantes críticos europeos, si. Desde mi punto de vista no.
Pues no debemos olvidar jamás que hablamos de Estados soberanos, y no de regiones ni municipalidades en última instancia subordinadas al interés general y a una única soberanía nacional (como sucede con las Comunidades Autónomas o las municipalidades en España y en los Estados no federales). La elección por sufragio universal directo está bien donde solo hay una única soberanía, no donde hay varias, que por más que se inclinen ante la soberanía principal, tienen derecho a hacerse oir y a pesar a la hora de conformar ésta última. Así es como yo lo veo.
Evidentemente, con eso no quiero decir que sea partidario de un sistema confederal en el que cada nación asociada tenga un voto. Una federación no es propiamente una nación, sino una asociación de naciones. Pero no de naciones esencialmente independientes como lo siguen siendo unas naciones confederadas, sino una sociedad de naciones parcialmente integradas, con vocación de perdurar en el tiempo. Por eso el sistema de elección presidencial estadounidense está bien planteado. Para ser Presidente, es preciso contar con el apoyo de al menos una parte significativa de las entidades federadas que componen el país, pero no necesariamente de la mayoría, porque el sistema tiene en cuenta el hecho de que unos Estados pesan más que los otros y amontonan una proporción mayor de la población. En definitiva, que el sistema que se establece es de corte federalista. Imperfecto, sin duda, pero mucho mejor que las alternativas que la mayoría de los que están disconformes con él proponen que lo sustituyan.
Pues nada, esto es todo. Un fuerte abrazo a los lectores, y el siguiente mensaje: GOD BLESS AMERICA! ¡Y QUE NO SE OLVIDE DE ESPAÑA, QUE QUIZÁ AHORA MISMO NOSOTROS TENEMOS MÁS NECESIDAD DE ÉL! IHS
"Las Crónicas Sertorianas" es un blog dedicado a tratar de asuntos políticos, jurídicos, religiosos e históricos. Todo ello desde la personalísima perspectiva de su fundador y único autor, Sertorio Atanasio Publícola. Que no es persona que se muerda mucho la lengua, aunque puede que debiera.
viernes, 31 de agosto de 2012
jueves, 30 de agosto de 2012
CÓMO CONSEGUIR UNA DEMOCRACIA DE MÍNIMOS
Una democracia de mínimos implica, según lo antes visto en las anteriores entregas, estos tres elementos:
electividad de los cargos públicos; separación de poderes y un sistema
electoral no proporcional. Si en Europa deseamos que los modelos
democráticos se abran camino necesitamos inspirarnos en el único ejemplo
de democracia que nos ofrece el mundo de hoy: los Estados Unidos. Por
de pronto, es posible mantener nuestras monarquías (aunque yo no soy
partidario de ello, por lo que suponen de conexión con una tradición que
no me inspira particular orgullo), siempre que constitucionalmente se
delimiten claramente sus poderes. También es posible, en el seno de una
república, mantener la separación a menudo existente entre los jefes de
Estado y los de Gobierno (aunque yo también la suprimiría, porque no se
me ocurre qué mejor representación que la ejercida por quien más corta y
pincha en todo el país). Lo que es necesario cambiar, y no admite
excusa, es el sistema de relación entre los poderes. Lo básico al
respecto es que el poder ejecutivo sea elegido directa o indirectamente
por el pueblo al margen del legislativo y sin importar la composición de
éste; y que ni el poder ejecutivo ni el legislativo se entrometan en el
poder judicial.
Para impedir que el poder judicial sea mediatizado por los otros dos, esto es, para garantizar su independencia, las soluciones en esencia se reducen a dos: un poder judicial electivo o un poder judicial vitalicio. El problema del poder judicial electivo es que se convierte en esclavo de las pasiones populares, y es demasiado voluble, lo que perjudica su labor -que ha de gozar de una mínima imparcialidad que difícilmente se dará si está constantemente sometido a la presión de buscar la reelección, que debe ser posible, porque nadie querría acceder a esa posición para después volver a lo más bajo-. Pero un poder judicial vitalicio también puede ser fuente de conflictos, pese a ser independiente y estable, puesto que es más dudosamente legítimo, incluso aunque su nombramiento corra a cargo de los poderes electos.
¿Hay solución? Yo creo que si, y que consiste en establecer un poder judicial que además de electivo sea vitalicio. No se pierde nada en términos de imparcialidad, y si que se gana en cambio legitimidad por parte de los jueces (que, no obstante, deberían poder ser revocados, para evitar que consideren por una sola elección que tienen un cheque en blanco). Ahora bien, si tengo que elegir, siempre me decantaré por un poder judicial vitalicio, y es el carácter vitalicio el que considero preciso para asegurar la democracia. Dedico más tiempo al poder judicial que a los otros porque su independencia es especialmente importante, al ser el poder que, mediante la interpretación del ordenamiento jurídico, delimita el ámbito de aplicación de las normas. Y lo que predico del poder judicial lo predico de la jurisdicción constitucional (del TC), que, sinceramente, unificaría con la ordinaria. Imponiendo, desde luego, el principio de stare decisis, y con él la obligatoriedad de los precedentes judiciales emanados de órganos superiores, para prevenir la excesiva fragmentación de la doctrina jurídica.
En cuanto al poder legislativo, éste debe ser verdaderamente representativo, y eso un sistema proporcional no lo puede conseguir. Es necesario que los legisladores sean independientes, y no es admisible que la legislación de un país esté en manos de pequeñas camarillas partidarias. No es que sea malo per se que las cúpulas dirigentes de los partidos tengan influencia y poder. Pero si que es malo que dicha influencia y dicho poder no tengan ningún contrapeso en gente que ha sido elegida por el pueblo, y de la que el pueblo espera algo más que el que se limiten a obedecer órdenes de "arriba". Pues los de arriba, incluso de ser gente elegida y no meros burócratas, serán no obstante gente elegida solo por los militantes de un partido, no por el conjunto del pueblo de ninguna circunscripción. El poder de los representantes del pueblo a de poder, por lo menos, contrapesar al de las burocracias de partidos.
Se argumentará que el voto es representativo, y que los diputados no están, a la hora de la verdad, legalmente obligados a someterse a las directrices del partido por el que fueron elegidos. Pero en la práctica si lo están. Saben que, si no se portan, simplemente se les saca de las listas o se les mete en algún lugar donde no puedan ser elegidos. Del mismo modo que, quien sirve bien, sabe que no importa que sus servicios le reporten impopularidad, pues el partido sabe agradecer los servicios, por lo que le sube de puesto en la lista y asunto resuelto (y si no figura en las listas tampoco importa, porque el poder político puede resarcir a los suyos de infinitas maneras). El agraciado será elegido aunque no quiera votarlo ni su madre. Por eso, si de verdad deseamos que los diputados sean independientes de sus partidos (y deberíamos desearlo, pues lo contrario es aceptar tan ricamente que la aprobación de las leyes quede en manos de pobres botarates incapaces de hacerse valer en nada en tanto que poder del Estado frente a las camarillas partidarias), tenemos claro que debe haber un fuerte componente mayoritario en la elección de las asambleas legislativas.
Ahora bien, es verdad que las corrientes de opinión son importantes, y que el sistema mayoritario se orienta a la marginación de las minorías que reparten el voto, potenciando en cambio la representación aldeana. Y yo, personalmente, estoy en contra del tribalismo separatista y de sus sucedáneos. Por ende, entiendo que el sistema más deseable es uno de tipo mixto por el que una mitad de los votos del Parlamento sean emitidos por representantes elegidos por la nación como única circunscripción, y la otra mitad sean emitidos por representantes elegidos por circunscripciones uninominales de población lo más pareja posible. De todos modos, quede dicho esto. Mi sistema favorito es el que he dicho, pero, si se tiene que elegir entre un sistema proporcional y uno mayoritario básicamente puros, mi elección se inclina siempre por el sistema mayoritario.
Por cierto, que, tocando el tema de la electividad, servidor siempre ha tenido claro que una democracia ha de basarse en la electividad de la mayor parte de los cargos que, de una manera sustanciosa, pueden ejercer una posición que resulte relevante en lo que toca a la manera en que el ciudadano configure su vida. ¿Elegimos en Europa a todos los cargos a los que deberíamos? Entiendo que no. Eso es un problema, y también resta méritos en orden a calificar un sistema político como democrático. A menudo, al ciudadano le puede interesar más votar a los cargos de pequeña o mediana relevancia que a los grandes. No pretendo ni creo que todos los cargos públicos hayan de ser electivos. Pero si creo que debieran serlo la mayoría. Y, en concreto, se me ocurren los comisarios de policía y los fiscales. Entiendo que un sistema político que margina al ciudadano de toda decisión respecto de quienes ocupan cargos tan importantes y sensibles (que es mucho más probable que tengan influencia directa en las vidas del mayor número de ciudadanos que un Presidente del Gobierno) es un sistema que tiene al ciudadano como perpétuo menor de edad. Un sistema que no nos respeta. Y que, por lo tanto, no merece respeto. Puede que de momento no merezca que nos alcemos en armas contra él. Pero tampoco merece que cantemos sus alabanzas, y yo no quiero ni pienso hacerlo de buen grado.
En resumidas cuentas, la expuesta es mi visión de los mínimos que tiene que ofrecernos un sistema político para poder ser considerado una democracia. Muchos considerarán que quizá mi forma de pensar es excesivamente excluyente o cerrada, y que es una brutal exageración por mi parte el considerar que los sistemas que conocemos hoy en Europa desmerecen del buen nombre de la democracia. Otros considerarán que tengo razón, pero que me equivoco de lleno en lo que respecta a la proposición de soluciones. Mas de todos modos, yo a todos les elevo la siguiente pregunta: ¿Creen que su voto cuenta algo? ¿Sienten que contribuyen a gestar las decisiones de nuestra clase dirigente? ¿De verdad están convencidos de que un sistema más proporcional, que es lo que algunos exigen, contribuirá a mejorar esa situación, sobre todo cuando al diputado elegido en virtud de ese sistema nefasto le basta saber cuando emite su voto que si usted no lo quiere el partido ya se encargará de asignarle un mejor puesto en la lista que garantice su reelección? Porque lo sabe.
En fin, yo les dejo para que se planteen a fondo y todo el tiempo que les parezca estas importantes cuestiones. Un abrazo a todos los lectores y que Dios les bendiga.
Para impedir que el poder judicial sea mediatizado por los otros dos, esto es, para garantizar su independencia, las soluciones en esencia se reducen a dos: un poder judicial electivo o un poder judicial vitalicio. El problema del poder judicial electivo es que se convierte en esclavo de las pasiones populares, y es demasiado voluble, lo que perjudica su labor -que ha de gozar de una mínima imparcialidad que difícilmente se dará si está constantemente sometido a la presión de buscar la reelección, que debe ser posible, porque nadie querría acceder a esa posición para después volver a lo más bajo-. Pero un poder judicial vitalicio también puede ser fuente de conflictos, pese a ser independiente y estable, puesto que es más dudosamente legítimo, incluso aunque su nombramiento corra a cargo de los poderes electos.
¿Hay solución? Yo creo que si, y que consiste en establecer un poder judicial que además de electivo sea vitalicio. No se pierde nada en términos de imparcialidad, y si que se gana en cambio legitimidad por parte de los jueces (que, no obstante, deberían poder ser revocados, para evitar que consideren por una sola elección que tienen un cheque en blanco). Ahora bien, si tengo que elegir, siempre me decantaré por un poder judicial vitalicio, y es el carácter vitalicio el que considero preciso para asegurar la democracia. Dedico más tiempo al poder judicial que a los otros porque su independencia es especialmente importante, al ser el poder que, mediante la interpretación del ordenamiento jurídico, delimita el ámbito de aplicación de las normas. Y lo que predico del poder judicial lo predico de la jurisdicción constitucional (del TC), que, sinceramente, unificaría con la ordinaria. Imponiendo, desde luego, el principio de stare decisis, y con él la obligatoriedad de los precedentes judiciales emanados de órganos superiores, para prevenir la excesiva fragmentación de la doctrina jurídica.
En cuanto al poder legislativo, éste debe ser verdaderamente representativo, y eso un sistema proporcional no lo puede conseguir. Es necesario que los legisladores sean independientes, y no es admisible que la legislación de un país esté en manos de pequeñas camarillas partidarias. No es que sea malo per se que las cúpulas dirigentes de los partidos tengan influencia y poder. Pero si que es malo que dicha influencia y dicho poder no tengan ningún contrapeso en gente que ha sido elegida por el pueblo, y de la que el pueblo espera algo más que el que se limiten a obedecer órdenes de "arriba". Pues los de arriba, incluso de ser gente elegida y no meros burócratas, serán no obstante gente elegida solo por los militantes de un partido, no por el conjunto del pueblo de ninguna circunscripción. El poder de los representantes del pueblo a de poder, por lo menos, contrapesar al de las burocracias de partidos.
Se argumentará que el voto es representativo, y que los diputados no están, a la hora de la verdad, legalmente obligados a someterse a las directrices del partido por el que fueron elegidos. Pero en la práctica si lo están. Saben que, si no se portan, simplemente se les saca de las listas o se les mete en algún lugar donde no puedan ser elegidos. Del mismo modo que, quien sirve bien, sabe que no importa que sus servicios le reporten impopularidad, pues el partido sabe agradecer los servicios, por lo que le sube de puesto en la lista y asunto resuelto (y si no figura en las listas tampoco importa, porque el poder político puede resarcir a los suyos de infinitas maneras). El agraciado será elegido aunque no quiera votarlo ni su madre. Por eso, si de verdad deseamos que los diputados sean independientes de sus partidos (y deberíamos desearlo, pues lo contrario es aceptar tan ricamente que la aprobación de las leyes quede en manos de pobres botarates incapaces de hacerse valer en nada en tanto que poder del Estado frente a las camarillas partidarias), tenemos claro que debe haber un fuerte componente mayoritario en la elección de las asambleas legislativas.
Ahora bien, es verdad que las corrientes de opinión son importantes, y que el sistema mayoritario se orienta a la marginación de las minorías que reparten el voto, potenciando en cambio la representación aldeana. Y yo, personalmente, estoy en contra del tribalismo separatista y de sus sucedáneos. Por ende, entiendo que el sistema más deseable es uno de tipo mixto por el que una mitad de los votos del Parlamento sean emitidos por representantes elegidos por la nación como única circunscripción, y la otra mitad sean emitidos por representantes elegidos por circunscripciones uninominales de población lo más pareja posible. De todos modos, quede dicho esto. Mi sistema favorito es el que he dicho, pero, si se tiene que elegir entre un sistema proporcional y uno mayoritario básicamente puros, mi elección se inclina siempre por el sistema mayoritario.
Por cierto, que, tocando el tema de la electividad, servidor siempre ha tenido claro que una democracia ha de basarse en la electividad de la mayor parte de los cargos que, de una manera sustanciosa, pueden ejercer una posición que resulte relevante en lo que toca a la manera en que el ciudadano configure su vida. ¿Elegimos en Europa a todos los cargos a los que deberíamos? Entiendo que no. Eso es un problema, y también resta méritos en orden a calificar un sistema político como democrático. A menudo, al ciudadano le puede interesar más votar a los cargos de pequeña o mediana relevancia que a los grandes. No pretendo ni creo que todos los cargos públicos hayan de ser electivos. Pero si creo que debieran serlo la mayoría. Y, en concreto, se me ocurren los comisarios de policía y los fiscales. Entiendo que un sistema político que margina al ciudadano de toda decisión respecto de quienes ocupan cargos tan importantes y sensibles (que es mucho más probable que tengan influencia directa en las vidas del mayor número de ciudadanos que un Presidente del Gobierno) es un sistema que tiene al ciudadano como perpétuo menor de edad. Un sistema que no nos respeta. Y que, por lo tanto, no merece respeto. Puede que de momento no merezca que nos alcemos en armas contra él. Pero tampoco merece que cantemos sus alabanzas, y yo no quiero ni pienso hacerlo de buen grado.
En resumidas cuentas, la expuesta es mi visión de los mínimos que tiene que ofrecernos un sistema político para poder ser considerado una democracia. Muchos considerarán que quizá mi forma de pensar es excesivamente excluyente o cerrada, y que es una brutal exageración por mi parte el considerar que los sistemas que conocemos hoy en Europa desmerecen del buen nombre de la democracia. Otros considerarán que tengo razón, pero que me equivoco de lleno en lo que respecta a la proposición de soluciones. Mas de todos modos, yo a todos les elevo la siguiente pregunta: ¿Creen que su voto cuenta algo? ¿Sienten que contribuyen a gestar las decisiones de nuestra clase dirigente? ¿De verdad están convencidos de que un sistema más proporcional, que es lo que algunos exigen, contribuirá a mejorar esa situación, sobre todo cuando al diputado elegido en virtud de ese sistema nefasto le basta saber cuando emite su voto que si usted no lo quiere el partido ya se encargará de asignarle un mejor puesto en la lista que garantice su reelección? Porque lo sabe.
En fin, yo les dejo para que se planteen a fondo y todo el tiempo que les parezca estas importantes cuestiones. Un abrazo a todos los lectores y que Dios les bendiga.
ALGUNAS IDEAS PERSONALES SOBRE LA DEMOCRACIA (II)
Como decía en el anterior artículo, estos son los rasgos que creo más importantes para configurar una democracia, y los voy a proceder a comentar:
a) Elecciones
El primer pilar en que ha de basarse
la democracia, como es lógico, es el de la electividad de los cargos
públicos. En principio puede decirse que en Europa cumplimos con el
deber de la electividad. Los Estados europeos celebran elecciones, y de
dichas elecciones salen sus Gobiernos y Parlamentos. Pero eso, por si solo, no
significa nada, y servidor se teme que en Europa este es el único
escalón que hemos subido del largo camino hacia la democracia.
b) Separación de poderes
El
segundo pilar de la democracia es el de la separación de poderes.
¿Existe la separación de poderes en este continente? Depende de lo que
se considere que es la separación de poderes, célebre doctrina enunciada
por Montesquieu.
Pues bien, señores, la separación de
poderes consiste en el reparto del poder político en el seno de un
Estado entre diversas instancias, y en la especialización funcional de
cada una de ellas (que se hará cargo de un tipo de poderes distintos).
Célebre es la división de los poderes en los tres clásicos -ejecutivo,
legislativo y judicial-, a los que se admite podrían unirse otros
secundarios que los complementasen, pero que por si solos bastan para
hacer posible la democracia. En nuestro continente existen sin duda
instituciones encargadas del ejercicio separado de cada poder: los Gobiernos -que
en teoría ejercen el poder ejecutivo-, los Parlamentos -que en teoría
ejercen el poder legislativo-, y los jueces y tribunales del Estado -que
en teoría ejercen el poder judicial-. Así pues, en principio, cumplimos este requisito, y podría hablarse de separación de poderes.
Por desgracia, la realidad de los
hechos es otra. Y es que la separación de poderes descansa no tanto en
la existencia de distintas instituciones especializadas entre las que se reparten los
poderes del Estado como en la independencia mutua entre esas mismas
instituciones. Si no existe esa independencia (y en el continente
europeo no existe), de poco vale su existencia, y apenas habría
diferencia si acumuláramos todos los poderes en una sola instancia, y si
dejásemos de celebrar elecciones.
El gran problema de los europeos es que en nuestro continente unos
poderes han estado mediatizados por otros. En el pasado, el poder
legislativo mediatizaba al ejecutivo, y el ejecutivo al judicial. Este
fenómeno se agudiza particularmente en los Estados dotados de un régimen
parlamentario, donde, por definición, la elección del poder ejecutivo
está vinculada a la del poder legislativo. Pero, incluso en Estados como
Francia, donde existe una mayor independencia entre los poderes, la
bipartición ejecutiva (entre el Presidente de la República y el Primer
Ministro) y la dependencia directa de una de las dos mitades del
ejecutivo (el Primer Ministro) respecto al legislativo (que, no
obstante, es más independiente respecto del ejecutivo de lo que pueda
serlo el legislativo español, alemán o italiano) relativiza enormemente
la separación, a lo que se suma la absoluta politización de la Justicia,
sujeta a los dictados de un Consejo Constitucional que es mero órgano
político. La de la independencia judicial es la gran asignatura
pendiente de Europa.
Exceptuando el Reino Unido, en el caso de los regímenes parlamentarios (España, Italia, Holanda, Bélgica, Austria, Alemania, etc.) nos
encontramos con que todos han experimentado
una evolución que los ha conducido de una situación de partida en la
que los Parlamentos ejercían un auténtico despotismo que además
paralizaba la acción de los Gobiernos y generaba una terrible
inestabilidad en los sistemas parlamentarios (lo que preparó el terreno
para el ascenso de los totalitarismos fascista y nazi, y para la mayor
Guerra de todos los tiempos); a otra situación como es la actual en la
que los ajustes hechos al parlamentarismo acabada la II Guerra Mundial
para prevenir que lo sucedido con los totalitarismos antes citados
volviese a suceder con el totalitarismo socialista ha conducido a un
fortalecimiento sin precedentes del poder ejecutivo, el cual ha redundado en
una mayor estabilidad de esos sistemas, pero que a la vez ha enterrado
aun más profundamente el sueño de llegar a construir un Estado completamente democrático necesariamente cimentado sobre la base firme de una separación de poderes real.
Así
pues, tras la II Guerra Mundial se introdujeron cambios que, pese a que
conservaron lo esencial del sistema parlamentario (la relación fiduciaria
entre los Parlamentos y los Gobiernos, en virtud de la cual éstos deben
ser elegidos por aquellos), desplazaban el peso principal dentro del
sistema al poder ejecutivo. Los Gobiernos se hicieron con la más fuerte
iniciativa legislativa, redoblaron la fuerza de su potestad
reglamentaria y monopolizaron la potestad presupuestaria; muchos países introdujeron la moción de censura constructiva (aquella
que solo sale adelante si además de censurarse al Gobierno se propone
otro nuevo que asuma inmediatamente el poder) y la cuestión de confianza como únicas formas de
remover Gobiernos diferentes de la convocatoria electoral; y se reforzó a los partidos políticos.
El elemento clave del sistema estaba en los partidos políticos. El sistema resultante: una partitocracia.
Se organizaron los llamados grupos parlamentarios, despojándose al legislador individual de su importancia, asumiendo las cúpulas de los partidos el monopolio de la
representación política. Al ser los candidatos a la Jefatura del
Gobierno y sus adláteres habitualmente los líderes de su respectivo partido, el jefe del
ejecutivo domina a la mayoría legislativa -en la práctica, decide si los legisladores permanecen en sus cargos o no-, solo o en compañía de los
líderes de los partidos que lo apoyen en un momento dado. Y al estar de
derecho sometido el poder judicial al legislativo, en la práctica
quedaba sometido al ejecutivo, por quedar el legislativo a su vez bajo
el dominio de éste. En definitiva, se articularon sistemas en los que el
predominio de derecho correspondía a los Parlamentos, y el de hecho a
los Gobiernos. Lo que se buscaba era una mayor estabilidad del sistema, y
sin duda este objetivo se alcanzó de modo incuestionablemente eficaz. Pero a cambio se sacrificó la plena separación de
poderes. Y era normal que así sucediese.
Pues la
subordinación de unos poderes a otros es siempre mala, pero todavía más
peligrosa si el poder que subordina a otros es el ejecutivo. Pues el
poder ejecutivo, en última instancia, es el heredero del antiguo poder
regio de los monarcas de los Estados Absolutistas. Y es, por lo tanto,
el más capacitado por su propia naturaleza para expandirse sin medida.
Dicho de otro modo, que si configurar un sistema descompensado en favor
del poder legislativo genera un gran peligro de despotismo
parlamentario, y pone en peligro la separación de poderes; pero configurar un
sistema descompensado en favor del ejecutivo es pedir a gritos que ésta
desaparezca del todo.
c) Sistema electoral
Sosteníamos
en el anterior apartado que el sistema europeo de relación entre los
poderes destruye su independencia, y que si esto sucede es porque se ha
configurado un sistema institucional en el que los Parlamentos gozan de
una primacía de derecho que, sin embargo, en los hechos, se traspasa al
ejecutivo. Explicamos que la clave de que eso suceda no está solo en la
creación de mecanismos que dotan de mayor estabilidad a los Gobiernos
(hecho que no solo no es malo, sino que además es sumamente
conveniente), sino en el hecho de que el legislativo está dominado por
el ejecutivo, dado que éste está encabezado casi siempre por el líder de
la mayoría legislativa. Ahora bien, si eso es así, la razón de que sea
posible está en el sistema electoral. A explicar la incidencia del
sistema electoral en el sistema parlamentario actual dedicaremos este
apartado.
Evidentemente, el sistema de elección de los
Parlamentos y asambleas dotadas de poderes normativos (que no
necesariamente legislativos) es uno de los elementos esenciales de todos
los regímenes políticos basados en la celebración de elecciones, y, por
supuesto, de la democracia. Ahora bien, en los regímenes parlamentarios
(que desde ya, aunque se deduce fácilmente de lo antes escrito, hago saber que considero incompatibles con la democracia), esa importancia a
la que hago referencia se multiplica exponencialmente debido a que de la
composición del Parlamento depende, en última instancia, la de todos
los demás poderes (lo que no significa que el Parlamento tenga por que
ser de hecho el poder predominante, insisto en que precisamente uno de
nuestros grandes problemas es que no es más que un poder comparsa del
ejecutivo). Esto obedece a dos razones: a la fórmula electoral y el régimen de financiación de las campañas políticas.
El sistema de elección imperante en la
España actual es el proporcional. Ese mismo sistema rige, en diversas fórmulas, en Holanda, Bélgica, Portugal, Italia, Alemania, etc. Ha sido
ensayado en Francia, aunque actualmente no rige en la misma.
El
sistema proporcional es un sistema malo per se, y difícilmente
compatible con la democracia, por el excesivo poder que otorga a las
cúpulas partidarias, y por la marginación a la que somete a los
intereses locales. Aun así, sus malos efectos podrían quedar paliados si
los poderes del Estado fueran independientes unos de otros, como sucede
en los regímenes presidencialistas. En un sistema proporcional (al menos tal y como hasta ahora se han venido concibiendo), las
elecciones solo pueden celebrarse mediante voto por lista. En el momento
en el que los ciudadanos votan por listas, en vez de por candidatos
independientes puesto a puesto, el poder pasa a manos de quienes en cada
partido deciden la composición de las listas. A él serán leales los que figuren en ellas. En un partido mínimamente
jerarquizado (y todos lo son, cosa que no me parece mal en tanto que valoro positivamente la consistencia ideológica y la unidad de
acción y discurso, que es más fácil que se de en un partido claramente
organizado en torno a un liderazgo indiscutido), eso significa que las
listas las decide la reducida oligarquía del partido (las primarias se hacen
imposibles, porque a poco que la lista sea de cierto tamaño, los
electores no conocerán a casi ninguno de sus componentes, razón por la
cual básicamente estarían de más). Por su parte, la financiación electoral termina de finiquitar la independencia de los legisladores. Si los fondos destinados a cubrir las campañas políticas quedan en manos de los partidos antes que de los candidatos (o se limitan, impidiendo que los candidatos puedan disponer de fondos considerables para sus campañas), este elemento coarta la independencia de los legisladores, incluso en países donde la fórmula electoral es la mayoritaria (aunque el legislador dependa de la buena voluntad de los electores de la circunscripción que representa para permanecer en el cargo, es un hecho que si el dinero está en manos del partido, la mayoría de los legisladores carecen de recursos por medio de los cuales organizar una campaña alternativa a la del partido si éste prescinde de sus servicios). Por eso tampoco países como Francia son un paraíso de la independencia del legislativo.
Es en la conjunción de los dos datos antes referidos en donde
descansa el terrible y poco menos que omnímodo poder que ejercen
nuestras castas políticas parasitarias. En España, el Congreso ha de
investir al Presidente del Gobierno, y debe nombrar a la mitad de los vocales del CGPJ (a la otra mitad los nombra el Senado) y a un tercio de los del TC (el otro tercio lo nombra el por lo demás
inútil e inoperante Senado, y los dos sextos restantes el Gobierno y ese
mismo CGPJ nombrado completamente por las Cortes). En un sistema parlamentario a la
antigua, en el que los partidos fuesen más independientes de los
gobernantes, sin duda el Congreso de los Diputados ejercería un poder
excesivo sobre todos los demás poderes. Pero el poder que
pueda ejercer una asamblea amplia como es un un Parlamento nunca se
ejercerá de una manera demasiado contundente, pues tenderá a
difuminarse y a ser difícil de encauzar en un sentido inequívoco; mientras que el poder despótico ejercido por un Gobierno es
muy fácil ejercer de manera coherente y planificada (y lo que es peor,
es muy fácil de ejercer conforme a un plan premeditado de progresiva
penetración y anulación primero de la poca independencia que pueda
restarle a los demás poderes, y posteriormente de las libertades
ciudadanas y los derechos fundamentales reconocidos, que se quedan en
papel mojado). Especialmente si tenemos en cuenta que, incluso en los regímenes parlamentarios -en los que, de iure, el Jefe de Gobierno no es elegido por los ciudadanos-, es a la cabeza del ejecutivo surgido de las elecciones legislativas a quien se considera principalmente investido del mayoritario apoyo popular.
Y lo que sucede en España es lo mismo,
grosso modo, que lo que sucede en Alemania, Italia, Portugal, Países
Bajos, Bélgica, etc., esto es, en las demás naciones en las que, además
de existir sistemas electorales proporcionales y regulaciones exhaustivas de la financiación de las campañas electorales, existe un régimen
parlamentario. Aunque eso no quita que en cada Estado tenemos variantes
regionales que contribuyen, según los casos, a mejorar la situación o a
empeorar lo que difícilmente podría ser empeorable. No es lo mismo el
Reino Unido (donde, aunque solo sea porque su sistema electoral es
puramente mayoritario, los diputados son, hasta cierto punto, señores de
su propio voto y no meros lacayos al servicio de la fuerza política que
los sostiene políticamente dedicados a la innoble labor de dejar con la
lengua los traseros de los superiores limpios como una patena), que
cualquiera de las naciones antes citadas. E incluso entre éstas hay
profundas diferencias. Se quiera o no, Alemania, desde que existe como
nación unificada, nunca ha sido menos esclava que ahora, y es una nación
respetada (al menos a nivel europeo). En Italia el resultado de las
elecciones en el sur viene a dar lo mismo, porque gobierna la Mafia. El
sistema español, sin ser en todos los aspectos el peor posible, es no
obstante difícilmente empeorable, y de los que merecen peor valoración.
Quizá el que la merezca peor, con la sola excepción del belga (sistema
el belga que tiene mucho que ver con el poco futuro que parece quedarle a
aquel país, dividido de forma cada vez más insalvable entre valones y
flamencos).
Respecto del sistema electoral español para la elección del
Congreso de los Diputados (la cámara que de verdad importa para algo),
decir que éste ha sido incorrectamente calificado en ocasiones como
"casi mayoritario". La razón de ésto estriba en que es un sistema
proporcional de circunscripciones múltiples. Las 50 provincias, Ceuta y
Melilla. Los 350 diputados se reparten entre dichas circunscripciones,
teniendo cada provincia un número mínimo de dos diputados,
uno Ceuta y otro Melilla. Los restantes 248 diputados se reparten
proporcionalmente entre las circunscripciones según sea la población,
debiendo obtener cada lista (las listas, por cierto, son cerradas y está
bloqueadas) un porcentaje mínimo del 3% de lo votos para poder aspirar a
representación. Todo esto tiene consecuencias.
Mi valoración del sistema electoral español es la siguiente:
además de diabólico, es gilipollas, y solo menos desgraciado que los
pobres hombres que lo hicieron en su día. Lo es, puesto que no asegura
las mayorías absolutas, y esto, en un régimen parlamentario, significa
que el Gobierno puede quedar, en la práctica, secuestrado por las
minorías. Pero lo peor no es esto, pues otros sistemas proporcionales
hacen más difíciles las mayorías, como el de Holanda (que es por
circunscripción única, y encima proporcional puro). El sistema español
puede parir mayorías, pero se pone en riesgo mucho mayor (no ya como
democracia, que no lo es, sino simplemente como Estado) en tiempos de
minorías. Y por eso me parece un sistema gilipollas.
Así lo hace, porque fomenta la destrucción de la nación. Y
fomenta dicha destrucción porque otorga un rol mucho más decisivo a los
partidos separatistas (antiespañoles por definición) que el que
tendrían en otros sistemas. Se favorece a los partidos separatistas,
dado que el sistema favorece a los partidos que concentran votos en un
determinado espacio, y penaliza a los que dispersan demasiado el voto.
Así pues, los medianos y pequeños partidos de ámbito nacional tienen muy
difícil obtener representaciones electorales que de verdad sean
decisivas, incluso en las épocas en las que los grandes partidos
renquean y sacan por lo tanto los medianos sus mejores resultados.
Pondré
el ejemplo de Teruel. En esa provincia se eligen 3 diputados. Pues allí
el tercer partido puede sacar el 20% de los votos y quedarse sin
representación parlamentaria. Y es normal que así sea, puesto que el
sistema proporcional que rige en España no es puro, sino que está
fuertemente corregido en favor de las mayorías por la implantación de la
fórmula D'Hont de reparto de escaños por cocientes mayores. La mayoría
de las provincias españolas eligen un pequeño número de diputados que,
por lo tanto, se reparten las dos formaciones mayoritarias, con
exclusión de las demás, que no pueden aspirar a obtenerlos por buenos
que sean los resultados que obtengan en una elección concreta (IU o UPyD
no aspirarían a escaño por Soria ni con el 21% de los votos -siempre que
PP y PSOE sacasen más votos-, que es 7 veces lo que se pide para poder
aspirar a entrar en el reparto).
Por lo tanto, una tercera
fuerza política cuyos apoyos se repartan homogéneamente por todo el
país sabe que los votos obtenidos en la mayor parte de las
circunscripciones son totalmente inútiles. No sucede así con las
formaciones separatistas. Estas juntan sus votos en un número reducido
de circunscripciones. Y, aunque no suelen ganar en ellas (no desde luego
las elecciones generales), si que se aseguran obtener representación,
puesto que, casualmente, las provincias donde el separatismo ha
arraigado son bastante pobladas, y eligen una nutrida representación.
Se ha sostenido a menudo que un sistema proporcional de
circunscripción única no solucionaría el problema, sino que lo
agravaría. Yo adelanto que ningún sistema proporcional puro podría solucionar
ningún problema, en lo que respecta a la democratización de las
instituciones. Ahora bien, está claro que ese sistema haría más difícil
la mayoría absoluta y, por tanto, la estabilidad del Gobierno, al menos
mientras sigamos en este sistema negador de la esencia de la separación
de poderes. Pero también está claro que, pese a que cuantitativamente
los separatismos pesarían lo mismo o más que ahora, cualitativamente
pesarían menos, pues no serían en modo alguno imprescindibles para
conformar mayorías estables. Y si lo fueran, casi con toda seguridad que
no serían los únicos, puesto que otros partidos, por suerte de ámbito
nacional, serían necesarios para conformar la mayoría, y seguramente más
que los separatistas. En definitiva, que comporta consecuencias muy
malas, pero también otras que suponen objetivamente una mejora (al menos
para los que creemos en el valor inherente a la unidad de una auténtica
nación como es España). Realmente, ningún sistema podría agravar los
problemas que crea éste (salvo que ya, además de repartir los escaños en
múltiples circunscripciones, se introdujese un reparto proporcional
puro de los escaños provinciales, de modo que se dificultase aun más la
mayoría absoluta, y se aumentasen correlativamente las posibilidades de
caer inermes en manos separatistas).
Aunque no se yo por qué no aspirar a implantar un sistema que además de conseguir para nosotros
las ventajas inherentes a un reparto de la representación política más justo nos permita abstenernos de tener que pasar por el aro de inconvenientes que, en
última instancia, afectan a la calidad con la que se nos gobierna a
todos los que estamos sometidos al imperio de la ley. A eso dedicaremos la próxima entrada. IHS
ALGUNAS IDEAS PERSONALES SOBRE LA DEMOCRACIA (I)
Son muchos los problemas de los actuales sistemas políticos fruto, sin duda, de la falta de cultura política de la generalidad de la ciudadanía. A nivel teórico tanto como práctico, la mayoría de nuestros conciudadanos desconocen el funcionamiento de las instituciones que gobiernan tantos aspectos destacados de su vida y de la de sus vecinos, amigos y familiares. En ese sentido, servidor cree especialmente oportuno hacer lo posible por difundir y explicar ciertas ideas básicas sobre los elementos que han de constituir una democracia y la falta o deficiencia de los mismos en los Estados de la actual Europa. Otro gallo nos cantaría si la mayoría de las personas que habitan estas tierras conociesen más acerca de aspectos que, si no les interesan, debieran serle de todos modos enseñados a cualquier precio que no vulnere su dignidad.
La democracia, literalmente, ha de ser entendida como el gobierno del pueblo. Evidentemente, nunca el pueblo ha gobernado ninguna sociedad. Siempre por débil y residual que ésta fuese, ha existido una intermediación. Incluso en las democracias directas más radicales que existieron en algunas de las antiguas polis de la Antigua Grecia la Asamblea de los ciudadanos libres en modo alguno era la única institución que decidía, sino que gobernaba la ciudad acompañada de magistrados que, por más que estuviesen sometidos a ella, se las arreglaban para convertirse de uno u otro modo en "portavoces autorizados" de su voluntad. Si esto sucedía en la democracia directa, qué no sucederá en la democracia representativa, única que puede ser aplicada a Estados tan grandes y poblados como suelen ser los que ha parido la Modernidad (exceptuando a los llamados microestados, incluso los más minúsculos Estados son enormes en comparación con las ciudades-estado de la Antigüedad).
Ahora bien, que el poder esté en manos de intermediarios a los que el pueblo encomienda el ejercicio de los poderes soberanos del Estado no significa que el pueblo haya de quedar por ellos despojado de todo poder de decisión. La democracia no es tal porque todos lo decidamos todo, sino porque todos los que lo deciden todo necesitan del apoyo del pueblo sobre el que rigen. Nada se decide, o mejor dicho, nada se debería decidir completamente al margen de todos. Eso es la democracia: la posibilidad de que la ciudadanía en pleno participe del poder en cierto grado, acompañada del poder de encumbrar y destituir a los gobernantes a nuestra voluntad. Y a todos los niveles.
En Europa, nuestro amado aunque desafortunado continente, las cosas no funcionan así. Celebramos elecciones, y llevamos mucho tiempo haciéndolo, pero no parece que eso sirva para que los pueblos que habitan esta tierra alcancen mayor poder sobre sus destinos. A decir verdad, Europa nunca ha conseguido escapar de las garras del despotismo. Que ahora no experimentemos el peor de nuestra dilatada Historia no significa que estemos libres de cadenas. No lo estamos, y lo peor es que, como se trata de cadenas blandas, ésta verdad se hace más difícil de percibir de lo que quizá lo fuera en otro tiempo o de lo que pueda serlo en otros lugares donde rigen sistemas a decir verdad más desafortunados que los nuestros.
La verdad es que el continente europeo en pleno se halla gobernado por oligarquías partitocráticas de diverso género, quizá con la sola excepción de Suiza. Sin duda, algo de culpa la tiene la desidia de nuestros pueblos en lo que respecta al cumplimiento de uno de los deberes más sacrosantos del ciudadano en democracia: el de hacerse valer. Nosotros no nos hacemos valer nada en absoluto, y mientras no cambiemos el chip ni siquiera el mejor sistema político del mundo podría funcionar. Pero es que además los actuales sistemas políticos no solo no impiden la degeneración de nuestra forma de gobierno, sino que de una manera palmario la incentivan desde hace decenios.
La democracia representativa se ha de basar en tres pilares. Si no lo hace, no es democracia de ningún tipo. Dichos pilares son los siguientes: las elecciones, la separación e independencia entre los poderes y el sistema electoral (clave en lo que hace a posibilitar que el poder legislativo goce de mayor o menor independencia respecto de las cúpulas de los partidos políticos). En el próximo artículo, vamos a analizar brevemente la situación de España y de las naciones europeas regidas por sistemas parlamentarios en cada uno de estos terrenos. Una vez hayamos acabado, dedicaré el siguiente artículo a analizar qué es lo que creo que debemos cambiar si aspiramos aunque solo sea a una democracia de mínimos (Yo tengo mi propia idea sobre la democracia de máximos que a mi me gustaría, pero es lo suficientemente sustanciosa como para que le reserve otra serie de entregas del presente blog). IHS
miércoles, 22 de agosto de 2012
¿MI VOTO? ¡PUES PARA MARIO CONDE!
[Antes de leer este artículo, échenle un vistazo a este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3QAekd5A1iI]
Se ha estado hablando a lo largo de los últimos días del nuevo partido de Mario Conde. Lo ha llamado Sociedad Civil y Democracia. Sus siglas son SCD o SCyD. A decir verdad, yo prefiero que sean las primeras y no las segundas, porque lo de "yD" al final de las siglas recordaría de manera demasiado explícita a UPyD. Lo que reforzaría la impresión que ciertas terminales mediáticas de eso que Mario Conde denomina "el Sistema" tratan de trasladar de la nueva formación, de la que dicen que no es más que una especie de UPyD conservadora. Según he leído en diversos medios informáticos, parece ser que, igual que UPyD nació para arrebatar votos al PSOE, SCyD (o SCD o como cuernos acabe llamándose) habría nacido para medrar a costa de la fuga de los votos peperos.
Se ha estado hablando a lo largo de los últimos días del nuevo partido de Mario Conde. Lo ha llamado Sociedad Civil y Democracia. Sus siglas son SCD o SCyD. A decir verdad, yo prefiero que sean las primeras y no las segundas, porque lo de "yD" al final de las siglas recordaría de manera demasiado explícita a UPyD. Lo que reforzaría la impresión que ciertas terminales mediáticas de eso que Mario Conde denomina "el Sistema" tratan de trasladar de la nueva formación, de la que dicen que no es más que una especie de UPyD conservadora. Según he leído en diversos medios informáticos, parece ser que, igual que UPyD nació para arrebatar votos al PSOE, SCyD (o SCD o como cuernos acabe llamándose) habría nacido para medrar a costa de la fuga de los votos peperos.
Por de pronto, es bastante discutible que UPyD solo le arrebate votos al
PSOE. Sabido es que el navío magenta también ha recalado en algún que
otro caladero de votantes peperos insatisfechos.
Más discutible, por lo tanto, es el hecho de que el nuevo partido de
Mario Conde sea solo eso que dicen algunos medios. A mi me gustaría
creer que va a representar mucho más que eso. Desearía estar
absolutamente convencido de que SCD va a representar para España lo que
ninguno de los partidos políticos actuales va a representar nunca, como
tampoco lo hicieron antes. Ni ellos ni sus antecesores. No en vano
España permanece postrada en un modelo cutre de oligarquía blanda. ¿Qué
otra cosa podíamos esperar, si al fin y al cabo nunca ha existido en
este país ningún partido -al menos de entre los que han estado
representados en nuestras Cortes- verdaderamente comprometido con nada
que ni siquiera lejanamente se parezca a ninguna clase de ideales
verdaderamente democráticos? En este país, me temo, lo más parecido a un
partido democrático que ha existido es la CEDA, allá por los años de la
República. Y eso es muy triste.
(No sostengo que los partidos políticos españoles hayan sido
tradicionalmente antidemocráticos -aunque de eso tampoco ha faltado, por
desgracia-. Más bien sostengo que lo que ha sucedido es que incluso los
partidos que no han atacado directamente a la democracia jamás se han
distinguido por una defensa inquebrantable de la misma. Puede que por
falta de oportunidades históricas, pero eso era una excusa en la España
de antes de Franco. ¿Y qué sucede con éstos casi treinta y siete años
que han venido después? Pues sucede que a nadie le ha importado
desarrollar un modelo democrático en este país. Pese a que las
condiciones venían dadas para un proyecto de envergadura..., y no solo
en términos de democracia)
En fin, no se cuáles son los senderos que a SCD le tocará transitar de
aquí a las próximas elecciones ni imagino el resultado que obtendrá,
pero tengo claro que propone cosas que hasta ahora han sonado a tabú en
el mundillo de las ideas políticas descafeinadas que han imperado en
esta nuestra patria española. Y si además sirve de castigo al actual
partido en el Gobierno, mejor que mejor. Yo no he votado a Mariano, y me
alegro de no haberlo hecho.
SCD es un partido que me atrae, porque es un partido cuyos planes de
acción política para el futuro parten del mismo presupuesto que servidor
siempre ha manejado en cuestiones políticas, o casi. El error
fundamental no está en nuestras leyes. El error está en la Constitución
de 1978. A decir verdad, prácticamente toda ella es el error
fundamental, madre de todos los demás errores.
En este país muchos solemos quejarnos de que las leyes imponen
realidades absurdas, cuando no abiertamente contraproducentes. Pero
pocos saben delimitar claramente y de manera fundada dónde está la raíz
de los problemas que hoy nos azotan. Hasta cierto punto, eso es normal.
La mayoría de las personas carecen de los mínimos rudimentos jurídicos
necesarios para entender las bases de nuestro sistema. La gente vota en
las elecciones, pero no sabe cómo funciona el sistema electoral, ni qué
es lo que elige exactamente. La gente percibe muchas normas jurídicas
como injustas, pero apenas saben nada del principio de jerarquía
normativa.
Por suerte, ahí está Mario Conde, de quien se dice que consiguó la mejor
nota de acceso de toda la Historia en las oposiciones a la Abogacía del
Estado. ¿Quién da más? De Mario Conde se dice que robó en su día
centenares de millones de pesetas de Banesto, banco que presidió entre
diciembre de 1987 y el 28 de diciembre de 1993. Pero hasta sus enemigos
se ven forzados a reconocer que el hombre es sencillamente brillante. Yo
tiendo a creer que bien podría ser el hombre más brillante de España, y
esa creencia se refuerza especialmente cuando se oyen sus
intervenciones en la tertulia de "El Gato al Agua". Desde luego, es un
hombre que nadie duda sabe cómo manejar cuestiones jurídicas. En ese
sentido, si denuncia los males de nuestra Constitución actual, y se
ofrece para remediarlos, no puede dudarse de que desde luego sabría cómo
meterle mano al documento para mejorar la calidad de sus disposiciones y
apuntalar sus prestaciones. Vamos, que si se trata de reformar España
mediante la reforma de su Derecho, de las normas que -actualmente de una
manera que yo estimo equivocada- rigen nuestra convivencia, no se me
ocurre un candidato mejor.
Muchas personas estarían dispuestas a crucificarme por esta apología de
las capacidades de Mario Conde. Pero bueno, me consuela saber que eso no
se debe a que yo haga nada que lo merezca. El problema de esas personas
es que estarían dispuestos a crucificar a muchísima gente, y lo peor de
todo es que la mayoría lo harían por los motivos más espurios
imaginables. ¡Allá ellos con su intolerancia! Malo el que se entretiene
señalando la paja ajena en el ojo del prójimo sin percatarse de la viga
en el propio o en el de otros de los que nada se dice, ni siquiera
cuando son mucho más cantosos. Es tan simple como que no tiene sentido
meterse con Mario Conde por lo de Banesto y negarle el pan y la sal
(algunos han cuestionado incluso su legitimidad para presentarse a las
elecciones, cuando luego son los primeros en señalar que el paso por
prisión no tiene por qué hacer de uno un apestado de por vida); para
luego solicitar el voto para los de Mercasevilla (PSOEciatas) o para los
del tinglado valenciano (PPeros). Esto es como empezar a poner a caer
de un burro a uno que aparca en doble fila para, ipso facto, coger y
dejar el coche en una plaza de minusválidos. Insana ausencia de todo
patrón lógico de conducta que lleva demasiado tiempo presidiendo la
política nacional (esa misma que cada vez que un Gobierno está en
minoría dominan partidos que son de todo menos "nacionales").
De todas maneras, es verdad que la figura de Mario Conde suscita grandes
interrogantes para muchas personas honestas a las que les cuesta
bastante fiarse de un tipo que ha estado en la cárcel. Un tipo que
recurrió al Tribunal Supremo y consiguió que éste, en la sentencia
mediante la que resolvió los recursos de casación presentados contra
sentencia en primera instancia de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, le declarase culpable de delitos de los que previamente había
sido absuelto, aumentándole la condena. No son los antecedentes que
deberían de servir precisamente para que el sujeto inspirase confianza.
¡Y sin embargo, a mi me la inspiran! Tiene su gracia. Me explicaré.
En España sabemos bien que el poder judicial (me da reparo referirme a
él como "la Justicia", porque bien se que cualquier parecido con ese
sacrosanto concepto es mera concidencia) es esclavo de los intereses
políticos. Más a medida que más se va subiendo en la escala judicial.
Este es un fenómeno del que en España nos hemos dado cuenta
recientemente. Pero el hecho de que solo hayan pasado unos pocos años
desde que, con motivo de las barbaridades zapateriles y de la nueva
Constitución de Catalunya (¡perdón, quería decir "del nuevo Estatuto de
Autonomía de Cataluña"), nos hayamos dado cuenta de lo politizado que
está el Tribunal Constitucional y hasta la misma jurisdicción ordinaria;
no significa en modo alguno que el fenómeno no sea una cosa que venimos
arrastrando de mucho tiempo atrás. La verdad es que toda esta mierda se
remonta a los mismos días de ese periodo de la Historia española del
que nunca nos arrepentiremos lo suficiente, por lo que tiene de
oportunidad perdida: la Transición de la dictadura declarada a la
invisible de los partidos políticos y sus amigotes del mundo de las
altas finanzas. Pasamos de la España del futbol de Franco a la España
del futbolín de los politicastros. Pasamos a un modelo de Estado en el
que lo importante era la paz social, sin importar el precio que se
pagase, que fue el del aborregamiento social masivo. En ese modelo de
Estado, el actual, todo valía y todo vale, pero manteniendo las
apariencias. Como todo vale, pues se decidió enterrar a un Montesquieu
que, por lo que respecta a España, como a la mayoría del continente
europeo, nació muerto. El PSOE sustituyó la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1981 por la actual en 1985. Y el Consejo General del Poder
Judicial -tristemente famoso últimamente por obra y gracia de su más
nefasto presidente, Cárlos Dívar, afortunada aunque tardíamente
dimitido- pasó totalmente a manos del poder político. Cosa que el actual
Gobierno pepero prometió enmendar, pero que parece empeñado en intentar
empeorar. Era una tarea difícil, pero parece que es una de las pocas cosas que este Gobierno ha conseguido hacer a derechas. Quieren volver a
la Ley de UCD de 1981, pero eliminar el deber de dedicación exclusiva
al cargo de todos o parte de los vocales. En definitiva (no me extenderé
más porque éste no es el tema central del post), si el PSOE ató de
manos y pies el poder judicial (no "la Justicia", que afortunadamente
está más allá de todo el daño que puedan intentar infligirle estos
pobres aprendices de déspota), el PP está haciendo todo lo posible para
entregárselo envuelto en una caja y con lacito a la peor estirpe de
plutócratas financieros que ha conocido nuestro país a lo largo de su
dilatada Historia.
En resumen, que nuestros jueces no merecen crédito ahora ni lo merecían
en la década de los noventa ni de los dos mil, cuando tuvo lugar el
proceso a Mario Conde. Por lo tanto, sus juicios son cosa que creo que
debemos coger con pinzas, porque no son fiables. Y más los que han
afectado a personas con una proyección política como la que tenía por
entonces Mario Conde. Su descripción del proceso en su libro los "Dias
de Gloria" deja en muy mal lugar a nuestro poder judicial. Lo peor no es
eso, pues el libro lo escribe él, que por definición no puede ser
neutral ni objetivo en este asunto (quizá pueda, pero hemos de tener
presente de que en ese caso quizá es que no quiera). Lo peor es que sus
argumentos tienen sentido. Y que se arriesga demasiado para mentir. Hace
mención a hechos que de ser verdad serían sangrantes, suficientes per
se para invalidar cualquier proceso en una nación respetuosa del Estado
de Derecho. Hechos, por lo demás, fáciles de comprobar. Yo no lo he
hecho, porque no es mi guerra. Pero entiendo que nadie se arriesgaría a
publicar algo que pudiese desmentirse de una manera tan fácil. ¿Jugará
Mario Conde con esa impresión que crea en los lectores? Espero que no.
No solo eso, sino que luego está el asunto de que el Comité de Derechos
Humanos de la ONU dio la razón a Mario Conde en cuanto a su queja contra
nuestro Estado por vulneración de sus derechos humanos fundamentales
(en este caso por violación del derecho de Mario Conde a un recurso
contra la nueva sentencia dictaminada en su contra por el Tribunal
Supremo). Hecho ante el cual no tengo noticias de que el Estado haya
reaccionado. Entre su visión del proceso y esta resolución, las brumas
se ciernen sobre todo el proceso en su contra, que huele a politiqueo de
la peor especie.
¿Y si es culpable? Normalmente, por más que haya ido a la carcel y
pagado su deuda con la sociedad, mi modelo de líder para una sociedad no
es un hombre que ha pisado merecidamente ningún calabozo o presidio.
Pero, pese a mi radicalidad ideológica absoluta, procuro ser un hombre
relativamente pragmático. Por lo que, si robó, lo sigo prefiriendo a
quienes nos han robado a todos durante todos los días transcurridos
desde nuestro nacimiento. Sobre todo si de verdad pretende aplicar en la
práctica las interesantes ideas de las que se declara paladín. Estoy
dispuesto a votarlo por esas ideas, porque peor no podemos estar, porque
es casi imposible que sea peor que nuestros actuales gobernantes o que
nos falte más al respeto, porque los otros ya han gastado todo su
crédito. Y porque, si de verdad aplica el proyecto político que han
adelantado sus medios, semejante acto por cierto que lo redimiría a mis
ojos por el mal que hubiera hecho en el pasado.
Bueno, ya ha quedado claro que, en la España de hoy, Mario Conde me
merece más confianza que el resto de la clase política, ¿y qué propone
Mario Conde?
Pues hasta donde yo se, Mario Conde propone atacar la raíz del mal, o lo
que es lo mismo: el articulado de la actual Constitución. Sus
propósitos de reforma se resumen en los puntos siguientes:
-Reforzar la unidad nacional, eliminando la estúpida referencia a las
nacionalidades que se hace en el artículo 2 de la actual Constitución.
-Reorganizar la estructura territorial de España, revirtiendo muchos
poderes cedidos a las Comunidades Autónomas a manos del Estado Central.
-Reafirmar la irrenunciabilidad del carácter oficial de la lengua española a todos los niveles.
-Avanzar firmemente hacia la democracia en España. ¡Si, señores, lo oyen
bien! Avanzar hacia la democracia como nunca lo hemos hecho en este
país. ¿Cómo? Sencillo, estableciendo la división de poderes siempre
ausente de nuestro organigrama institucional. Lo que se conseguiría
desvinculando a unos poderes de otros. En concreto, se separaría la
elección del Gobierno y de las Cortes, y el CGPJ dejaría de ser elegido
por las Cortes. Asimismo, se independizaría el Ministerio Fiscal de los
poderes ejecutivo y legislativo, como forma de hacerlo más imparcial.
-Continuar avanzando hacia la democracia mediante la extensión de los
supuestos en los que podría efectuarse la Iniciativa Legislativa
Popular, cuyo procedimiento sería menos engorroso de lo que es
actualmente.
-Poner fin a las subvenciones que reciben partidos políticos y sindicatos.
-Avanzar mucho hacia la democracia mediante la instauración de un
sistema de elección mayoritario para las Cortes, que serían
unicamerales. Se dividiría España en circunscripciones uninominales, y
saldría electo quien ganase por mayoría simple en cada una de ellas como
Diputado. Se acercaría la elección al pueblo y se garantizarían la
gobernabilidad (o no tanto, porque se garantizaría una gran
independencia de los diputados), y la representatividad de los intereses
locales. Se pondría fin al poder de la partitocracia.
¿Es oro todo lo que reluce? Pues no. Hay cosas que no me gustan. Y
algunas que están bien, pero son mejorables. Ejemplo de las primeras es
la pretensión que aparece en la página de SCD de revisión de las
relaciones Iglesia-Estado, que suena a guiño anticlerical a cierto
segmento del electorado mayormente nutrido por el odio a la Iglesia
(cosa que tampoco debe sorprender, porque Mario Conde se confiesa masón,
y nunca ha ido de cristiano por la vida, lo que no deja de serle de
agradecer, porque, aunque defienda ideas que no son compatibles con la
sólida fe católica de un servidor, por lo menos no va con engaños como
tantos esbirros peperos de hoy día del estilo de Mayor Oreja,
Vidal-Quadras o Luis Herrero; a los que se les va la fuerza siempre por
la boca, lo que ha reducido a la nada la credibilidad que puedan merecer
en tanto que defensores de ciertas nobles causas a cuyo servicio este
servidor se adscribe con los ojos cerrados). Otra propuesta indeseable
es la de la legalización de la prostitución, "en atención al hecho de
que es un fenómeno social". Empezamos regulándola basados en la
convicción de que así mejoramos la situación de las mujeres que la
practican a la fuerza, y acabamos convirtiendo al Estado en el mayor
putero (casi seguro que llegaría el caso de que tuviéramos que andarnos
con cuidado, no sea que si no pagamos nuestros impuestos el Estado nos
proponga compensar las deudas entregando a las más bellas de nuestras
hijas por unos meses a fin de devolver lo atrasado y dar de paso al
poder político la oportunidad de rentabilizar a unas buenas mozas que
están en la flor de la edad y sacar de todo ello beneficio).
Pero bueno, lo dicho. Ni Mario Conde es cristiano ni va de ello por el
mundo. Al contrario, de vez en cuando coge y habla en sus obras de
Krishnamurti y la dictadura del hecho y demás pamplinas orientaloides de
esas que tantos occidentales citan sin previo estudio ni comprensión
por aquello de que son chorradas exóticas que sirven para que quien las
cita se de aires. Cosa que a Mario Conde le gusta bastante, porque
todos tenemos nuestros pecadillos (y algunos incluso pecadazos,
esperemos que Mario Conde no se cuente entre ellos). Por lo tanto,
puestos a votar entre tanto político cuya vida se desenvuelve al margen
de la santa enseñanza de los Evangelios, mejor votemos a uno que, sea
por convicción, sea por accidente, coincide en más terrenos con éstos
que la mayoría. Si democratiza España, facilitará los cambios a quienes
deseen grandes transformaciones y progresos sociales, como yo. Y ya
llegará el momento en que las aberraciones introducidas en las últimas
décadas (concretamente el aborto, el gaymonio, las tentativas de
eutanasia y Telecinco e imitadores) puedan ser abrogadas. Lo único que
nos quedará por hacer será convencer a una mayoría suficiente de
españoles de que nosotros, y no nuestros contrarios, tenemos la razón en
esos asuntos. ¡Vamos, casi nada comparado con lo que Mario Conde tendrá
que hacer si desea (y yo espero que tenga suerte) superar el intenso
bloqueo e intoxicación mediáticas a los que va a ser sometido!
PIENSO DAR MI VOTO A MARIO CONDE, PARA QUE AUMENTEN LAS POSIBILIDADES DE
QUE EL DÍA DE MAÑANA PUEDA VALER DE ALGO UN HIPOTÉTICO VOTO MÍO EN
CONTRA SUYA.
¡POR ESPAÑA, CONTRA ESTA CONSTITUCIÓN!
Un abrazo entusiasta a todos los lectores, y que Jesucristo, el único
Dios, tenga a bien bendeciros a todos. Que paseis un buen día.
SALUDOS A TODOS LOS INTERNAUTAS
¡Saludos a todos los internautas!
Soy nuevo en este asunto de los blogs de internet. No se si se me dará bien este nuevo formato de intervenciones escritas. Me atrae por lo que respecta a las muchas posibilidades que me ofrece de llegar a convertirme en el propio amo de la expresión de mis opiniones, sin sujeción a la voluntad más o menos arbitraria de otros blogueros.
El presente blog pretende dedicarse a tratar cuestiones meramente políticas, aderezadas, llegado el caso, con la perspectiva que este humilde gusano aspirante cutre a servidor de todos se ha ido formando a lo largo de muchos años acerca de las cuestiones históricas, filosóficas y religiosas que desde el origen mismo de los tiempos han ido determinando el devenir de las concepciones ideológicas que han primado en las sucesivas edades del mundo.
No se la aceptación que mis puntos de vista podrán merecer de terceros, pero pronto lo averiguaremos. Como la mayoría de los esfuerzos humanos, es posible que estos trabajos míos caigan en la más absoluta indiferencia. Pero lucharé por conseguir que las cosas vayan de un modo muy diferente.
Mis ideas políticas son quizá radicales, pero creo que totalmente honestas. Puede ser que se produzcan choques con quienes piensen de manera distinta a como lo hago yo. No importa. Entre otras cosas porque no es mi intención entrar al trapo de ningún comentario que pueda hacerse solo para ofender. Y porque, teniendo en cuenta las prisas que me impone actualmente mi ritmo de vida, difícilmente tendré tiempo ni ganas de contestar a la gran mayoría de los comentarios que los lectores de mejor voluntad puedan querer hacerme. Aunque les animo a que hagan esos comentarios. Si están guiados por buenas intenciones, siempre pueden servirme de ayuda cuando los lea.
Servidor, como he dicho antes, no piensa malgastar su tiempo en negar aquello con lo que no esté de acuerdo. El objeto de este blog es afirmar una manera concreta de pensar, no negar la manera de pensar de otros. Si se niega algo (y servidor seguramente niega muchas cosas), eso no será consecuencia más que de previas afirmaciones que quien desde este portal escribe haga acerca de otras cosas.
Un fuerte y entusiasta abrazo a todos los lectores de buena voluntad. ¡Deseo que el blog les guste! IHS
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