[Antes de leer este artículo, échenle un vistazo a este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3QAekd5A1iI]
Observo con creciente preocupación el constante avance que
está experimentando en los EEUU la iniciativa que en inglés recibe el nombre
de National Popular Vote Interstate Compact (Acuerdo
Interestatal por el Voto Popular Nacional -o NPVIC, por sus siglas en inglés-).
Se trata de una iniciativa que pretende que cada Estado usalense otorgue sus
votos electorales al candidato a Presidente que obtenga la mayoría simple de los votos
a nivel federal, con independencia del hecho de que gane o pierda las
elecciones en el Estado. El primer Estado que hizo aprobar esta iniciativa
fue Maryland, en 2007. Desde ese año, son ya once los Estados que se han sumado.
El último fue Nueva York, orientado en ese sentido por su actual gobernador,
Mario Cuomo.
El NPVIC establece que los Estados que lo aprueben por ley
solo comenzarán a aplicarlo en el momento en el que haya sido aprobado por una
pluralidad de Estados a los que corresponda otorgar 270 delegados -es decir, la
mayoría absoluta de los que componen actualmente el Colegio Electoral-.
Este requisito
para proceder a la aplicación de lo dispuesto en la iniciativa es lógico.
Aplicarla antes podría no ser efectivo (dado que el candidato que obtenga menos
voto popular podría ganar en todos los Estados que no la han aprobado, y de ese
modo ganar las elecciones). Por el contrario, en el momento en que un grupo de
Estados que eligiesen la mayoría de los delegados del Colegio Electoral
aplicasen este sistema, los enemigos del Colegio Electoral estarían de enhorabuena, en la medida en que la institución quedaría abolida de facto, y la victoria en las elecciones presidenciales correspondería con toda seguridad al
candidato que se hiciese con más votos en todo el país.
Todos los Estados que se han sumado son Estados liberales en
los que la hegemonía política de los demócratas es abrumadora y los pocos
republicanos que tocan poder consiguen hacerlo a base de someterse al discurso
social y político de éstos, que es el hegemónico en esos Estados (igual que sucede a la inversa con muchos demócratas en
muchos Estados de indiscutible predominio conservador). En el
momento de aprobar el NPVIC, todos estos Estados tenían gobernadores y
Legislaturas Estatales demócratas -con la única excepción de Nueva York, donde el
Senado que aprobó el NPVIC era republicano-. En la mayoría de los casos, las
mayorías electorales alcanzadas por los demócratas en las elecciones a
gobernador o a las Legislaturas Estatales son apabullantes.
La iniciativa del NPVIC, en caso de aprobarse, implicaría el
mayor cambio en el modelo político usalense acontecido en toda la Historia de
la joven nación americana. Ningún cambio constitucional del sistema político entre los
efectuados hasta el momento presente ha revestido la misma entidad que tendría
éste, que vendrá impuesto a través de una simple reforma legislativa. Tan es así, que sus críticos en parte se le oponen por considerar que el NPVIC no es otra cosa que una reforma
encubierta de la Constitución usalense. ¿Hasta qué punto es esa
una opinión consistente?
Sin duda alguna, los Estados usalenses carecen de
poder para derogar el Colegio Electoral que elige al Presidente de los EEUU
(http://lascronicassertorianas.blogspot.com.es/2012/08/breve-explicacion-del-sistema-de.html).
Dicho Colegio Electoral fue establecido por la Sección 1ª del Apartado 2º del
Artículo II de la Constitución de 1787, de manera que su disolución formal y la
implementación de la elección presidencial directa por mayoría simple sería
posible solo si se introdujese alguna Enmienda a la Constitución. Los apoyos que es necesario concitar a
fin de enmendar la Constitución son enormes (voto favorable de dos
tercios de cada cámara del Congreso y de tres cuartos de las Legislaturas
Estatales). Por eso solo una vez han existido posibilidades razonables de enmendar la Constitución a fin de abolir el Colegio Electoral y de establecer la elección directa del Presidente de EEUU. Sucedió en 1969, cuando el Representante Emanuel Celler y el Senador Birch Bayh propusieron una Enmienda a la Constitución en virtud de la cual el candidato ganador de las elecciones pasaba a ser elegido directamente Presidente a condición de obtener al menos el 40% de los votos; celebrándose en caso contrario una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.
Aquello era una chapuza, dado que se sustituía una tradición rebosante de sentido como -al margen de sus insuficiencias- lo es la de la elección indirecta del Presidente a través del Colegio Electoral (cuya composición, equivalente a la del número de Congresistas por Estado, no puede decirse que sea arbitraria) por un modelo de elección directa sin tradición histórica ninguna que no se ha empleado jamás para la elección de otros cargos públicos elegidos por comicios en EEUU, introduciendo esa cláusula boba del umbral mínimo del 40% a fin de poder ser elegido Presidente que, por un lado, carece de particular asidero racional (¿Por qué un 40% y no un 35% o un 45%? ¿No tendría más sentido exigir al menos el 50% más uno de los votos como en Francia?); y, por otro lado, nunca ha sido aplicada, al menos hasta donde yo sé, ni a las elecciones a las cámaras del Congreso ni a las elecciones a Gobernador, ni a las elecciones a las Legislaturas estatales). Más sentido habría tenido bien la instauración de una elección presidencial directa por mayoría simple acorde a la tradición política usalense, o bien la implementación de la novedad a todos los niveles electorales federales (es decir, también para las elecciones al Congreso).
El caso es que la propuesta de enmienda constitucional tuvo recorrido, dado que fue aprobada por una mayoría abrumadora de la Cámara de Representantes: 339 a 70. Más aún, recibió el apoyo de un Presidente que, por mucho que haya pasado a la Historia como uno de los más nefastos, fue en su momento uno de los más populares que nunca hayan tenido los EEUU: Richard Nixon. Solo la inquebrantable y numantina resistencia de una minoría compuesta sobre todo por Senadores de los Estados pequeños pudo impedir mediante un acertado ejercicio de filibusterismo (término con el que se conoce al bloqueo por una minoría suficiente de al menos el 40% de sus miembros de las actividades del Senado) la aprobación de tamaña aberración jurídico-política y salvar así el Colegio Electoral. Desde entonces se han vuelto a proponer enmiendas a fin de eliminar el Colegio Electoral, pero ninguna ha estado cerca siquiera de prosperar. El asunto perdió relevancia a ojos de la opinión pública usalense, y solo la recuperó cuando, en el año 2000, el candidato republicano y Gobernador de Texas, George W. Bush, derrotó al candidato demócrata y Vicepresidente, Al Gore, obteniendo menos voto popular que éste en las elecciones presidenciales (lo que no ocurría desde 1888).
Desde entonces volvió a tomar fuerza la idea de abolir el Colegio Electoral, aunque más que nada entre los demócratas. Que se daban cuenta de que sin apoyo bipartidista (y apenas hay republicanos prominentes que apoyen abrogar el Colegio Electoral) sería imposible intentar nada a ese respecto en el Congreso, que difícilmente aprobará una enmienda a la Constitución de 1787 que vaya en ese sentido. Ahora bien,
los Estados (a través de sus Legislaturas) para lo que si son competentes es para decidir la forma en que
deben otorgarse los delegados que a cada Estado corresponde designar con motivo
de las elecciones. Esta es la razón que aducen en defensa de su propuesta los
partidarios del NPVIC.
Los que cuestionan la constitucionalidad del NPVIC, por su
lado, sostienen que el derecho de los Estados a repartir libremente sus
delegados no llega hasta el punto de que un Estado pueda delegar su elección en
lo que hagan los demás Estados, que es exactamente lo que hace el NPVIC cuando
establece que el candidato ganador a nivel federal se llevará de calle los
delegados de los Estados que lo han aprobado, con independencia de que haya
perdido en el Estado. Yo, personalmente, creo que esa objeción no tiene una base lo suficientemente fuerte.
La X Enmienda es clara cuando establece que:
"Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohibe
ejercer a los Estados quedan reservados, respectivamente, a los Estados o al
pueblo". En materia electoral, la Constitución no entra a regular más que
unos pocos y muy concretos aspectos del sistema electoral federal. Así que, con
la excepción del tamaño de las delegaciones de los Estados en el Congreso y en
el Colegio Electoral; de la resolución de los casos en los que ningún candidato
tenga la mayoría; de los lugares en que corresponde celebrar comicios a la Cámara de Representantes y las épocas y modo en que ha de hacerse lo propio en ambas cámaras del Congreso (cuestiones que, en ausencia de regulación federal, son reguladas libremente por cada Estado); y de la elección separada de Presidente y Vicepresidente,
todas las demás cuestiones relacionadas con la regulación de las elecciones
federales -tanto presidenciales como al Congreso- son de exclusiva competencia
de los Estados.
Es otra la razón que yo creo que podría esgrimirse para
argumentar la inconstitucionalidad del NPVIC. Yo creo que esta iniciativa es
inconstitucional en la medida en que, si bien el procedimiento elegido para
instaurar el NPVIC es acorde a la letra de la Constitución -en la medida en que
respeta, de iure, la existencia del Colegio Electoral-, la propuesta implica un fraude no ya de ley, sino de la Constitución, al igual que un abuso del Derecho. ¿Por qué? Porque, si bien se respeta
formalmente la existencia de la institución que se reforma, dicha institución
queda despojada de todo contenido a efectos prácticos.
Uno de los órganos
políticos centrales a lo largo de toda la Historia política de los EEUU, como
es el Colegio Electoral -concebido para que la soberanía de los Estados fuera
debidamente tenida en cuenta a través de la emisión por cada Estado de una
opinión colectiva propia y diferente de la de los demás Estados-, ya no podría
cumplir su función, dado que el reparto de votos ni siquiera se efectuaría
teniendo en cuenta la opinión política del Estado, sino la de los EEUU en su
conjunto. Esto implica contravenir en el fondo -si no en la forma- la intención de los
Padres Fundadores y una tradición que viene siendo observada
ininterrumpidamente desde hace ya 226 años, cuando se celebraron las primeras
elecciones y se eligió unánimemente Presidente a George Washington. Si se
concibió el Colegio Electoral fue para ser relevante y modular lo que podríamos
denominar el "resultado electoral en bruto", y no para ser mero
altavoz de dicho "resultado electoral en bruto".
Tampoco es que el argumento que opongo al NPVIC sea
irrebatible, ni muchísimo menos. Podría decirse que, si de verdad la intención de los Padres
Fundadores hubiera sido realmente la que yo digo (esto es, la de que el Colegio Electoral
fuera relevante y sirviera para dar forma definitiva al resultado de las
elecciones presidenciales), lo más seguro es que hubiesen tomado precauciones más eficaces para garantizar a toda
costa la relevancia política del Colegio Electoral. No estoy convencido de que
ese sea un argumento válido. También podría decirse que, si de verdad los Padres Fundadores hubiesen estado por un sistema de elección directa del Presidente, lo habrían establecido sin más. Habrá quienes digan que quizá estaban abiertos a establecer un sistema flexible en el que cupieran múltiples posibilidades (una de las cuales sería la elección presidencial directa), todas ellas igualmente constitucionales. No lo veo razonable. No creo que los Padres Fundadores plantearan precisamente un modelo institucional susceptible de ser transformado de un modo tan sustancial merced a la voluntad de mayorías políticas pasajeras; aunque solo sea porque eso habría supuesto cimentar los EEUU sobre cimientos altamente inestables.
Lo que sí señalan acertadamente los adversarios del NPVIC es
que la validez de los acuerdos interestatales, de la naturaleza que sean,
depende de su aprobación por el Congreso.
Así que, aunque el NPVIC fuera aprobado por un número suficiente de Estados, seguiría sin poder entrar en vigor en tanto no lo
aprobara el Congreso, actualmente en manos republicanas. Hoy por hoy, no se antoja probable que un Congreso republicano aprobara nada que se parezca al NPVIC. Ahora bien, esta no es una barrera protectora contra el
desafuero tan difícil de franquear como para dejar de preocuparse por lo que
pueda suceder en el corto plazo. Parece probado que las mayorías republicanas en el Congreso obedecen a unos índices de participación
popular en los comicios de vergüenza. Sin embargo, una propuesta como el NPVIC es la clase de asunto
que podría movilizar a lo grande al electorado (incluso si las
elecciones al Congreso estuvieran separadas de las presidenciales), y que podría ayudar a conformar una nueva mayoría demócrata favorable al acuerdo.
Otra cuestión jurídica a tener en cuenta a la hora de
plantearse la conveniencia de una iniciativa del estilo del NPVIC es que,
incluso aceptando la constitucionalidad de la misma, nos encontramos con que se
estaría acometiendo una modificación trascendental del sistema político
estadounidense sobre la base de una provisionalidad que no parece que
constituya jamás el marco jurídico idóneo para ninguna gran reforma. ¿Por qué? Pues porque los Estados son libres para revocar el acuerdo adoptado, de modo que algunos de los Estados que
aprobaran el NPVIC podrían revocarlo tras haber entrado éste en vigor, debiendo retornarse automáticamente al sistema electoral anterior. En definitiva, que
la cuestión electoral podría convertirse en un motivo de enfrentamieto y encono
político federal e interestatal permanente. Se votaría en las elecciones presidenciales
sin la seguridad de que a los cuatro años el sistema para la elección del
Presidente siguiera siendo el mismo.
De momento, por ir aclarando la situación actual del NPVIC,
tenemos que un grupo de Estados que eligen 165 delegados han aprobado ya la
iniciativa. De manera que los propulsores de la misma han recorrido el
61'11...% del recorrido que los separa de la consecución de su objetivo. Les
quedan 105 votos y la aprobación del Congreso para que su sueño de
institucionalizar la elección presidencial directa en los EEUU se haga
realidad. Teniendo en cuenta solo los Estados que no han aprobado el NPVIC,
bastaría con que la propuesta recibiera el apoyo de Texas, Florida,
Pennsylvania y Ohio para tener que ser sometida al Congreso. Ya lo comenté
antes y vuelvo a comentarlo: hablamos de un hecho político de primerísima
magnitud. Por lo que ahora toca dejar de lado el debate acerca de su
constitucionalidad, y entrar a discutir si la
elección directa del Presidente de EEUU es o no correcta.
Adelanto que no estoy en absoluto de acuerdo. Considero que
la instauración de un sistema de elección directa del Presidente de los EEUU
-que, aplicado a la elección del Presidente del Gobierno español, me parecería
un adelanto incuestionable- supondría un enorme error de enormes proporciones
históricas y de primerísima magnitud. La razón fundamental que me lleva a
posicionarme de esta manera es una que siempre he creído que debería ser obvia:
en una Unión Federal, la voluntad de las entidades federadas que la componen
consideradas colectivamente no debería dejar de ser tenida en cuenta. Dicho de
otro modo, en el seno de un sistema federal de integración parcial de naciones
que pese a la integración mantienen su soberanía no debería adoptarse jamás un
sistema que permita que un candidato a cualquier cargo público federal a elegir
por toda la Unión pueda ser elegido para el mismo siendo rechazado por la
práctica totalidad de las entidades federadas (lo que, desgraciadamente, es cosa que puede suceder perfectamente si se les niega a éstas la
posibilidad de emitir un voto colectivo propio).
Comprendo perfectamente que se considere que el
voto popular debería tener un protagonismo mayor que el que actualmente tiene
en la elección presidencial. Yo creo lo mismo, y considero que estaría bien
estudiar si existen opciones que, sin desvirtuar el sistema, puedan dotarlo de
mayor relevancia. Para mi resulta claro como el agua que los EEUU (o por lo
menos su sistema presidencial) han funcionado hasta ahora dando por hecho que
el acuerdo de un número de Estados que claramente represente una mayoría
incontestable de la Unión, por endeble que éste sea, ha de prevalecer sobre el
rechazo tajante de la minoría de los Estados, sin importar lo grande que sea
ésta minoría, ni el hecho de que dicha minoría de Estados englobe a la mayoría
de la población del país.
Mi posición es la de que debería existir un
equilibrio entrambas posiciones. Pienso que no debería ser posible que el
rechazo tajante a un candidato en un Estado desprovea totalmente de efectos a
la aceptación mayoritaria en el resto, y de la misma manera soy de la opinión
de que tampoco debería ser posible que un acuerdo por la mínima en un grupo de
Estados que represente a la mayoría del país (que no tienen ni siquiera porque
ser la mayoría de los Estados totales) prime sobre el rechazo tajante en una
fracción importante de la Unión.
Por otro lado, no dudo ni por un momento de que la elección
directa del Presidente no solo no soluciona en absoluto el problema antes
descrito, sino que consagra el proceso histórico-político de
"unitarización" de los EEUU (que amenaza con sustituir la tradicional
concepción del equilibrio entre las instancias políticas soberanas federal y
estatales en una hegemonía federal absoluta, convirtiéndose los Estados en un
elemento meramente decorativo del sistema político usalense). Antes de entrar a
concretar mi postura, analicemos la contraria. Los defensores de la elección
directa del Presidente -a la que antaño yo era favorable por mi menor
comprensión de la naturaleza del sistema federal usalense- alegan una serie de
razones que consideran deberian animar a la gente a sumarse a su causa. En
esencia, esas razones se compendian en estas cuatro:
-El Voto Popular Nacional es más "democrático" que
la elección presidencial a través del Colegio Electoral, ya que lo democrático
es que sean los individuos los que se posicionen acerca de quién quieren que
sea su Presidente, y no los Estados.
-El Voto Popular Nacional otorga mayor protagonismo a las
minorías políticas de los Estados dado que, en lugar de llevarse todo el
ganador en cada Estado como ocurre ahora, cada voto americano cuenta. De manera
que, gane o pierda su candidato, no existe un solo americano cuyo voto no tenga
una incidencia directa en la elección presidencial.
-El Voto Popular Nacional impide que la atención de los
candidatos se centre casi exclusivamente en los swing States (Estados
cambiantes), que son los Estados que no tienen una preferencia política clara y
en los que, por así decirlo, no está cantada la victoria de ningún candidato.
-El Voto Popular Nacional devuelve protagonismo a los
pequeños Estados, cuyo voto pasaría a importar tanto como el de los grandes.
Nada que ver con lo que sucede en este momento de la Historia usalense en el
que es un hecho que los Estados pequeños apenas cuentan, dado que su
representatividad en el Colegio Electoral es tan pequeña que no se los toma en
consideración. Ni siquiera cuando se trata de swing States, pues lo que aportan
o quitan al candidato que gana en ellos es tan poquita cosa que practicamente
no vale la pena el esfuerzo de prestarles una atención que más vale que se
concentre en los grandes Estados que de verdad pueden provocar un vuelco.
Esas son las cuatro razones de más peso que les he leído u
oído aducir en favor del NPVIC a los defensores de dicha iniciativa. Aunque
estoy de acuerdo parcialmente con casi todas ellas, considero que se les da un
enfoque equivocado, y una solución todavía más desacertada que espero que no
sea la que finalmente elija el país. Así que voy a contestarlas una a una.
La idea de que es más democrático que se posicionen
políticamente los ciudadanos y no los Estados no la comparto en absoluto, dado
que es una simpleza. Quienes así razonan lo reducen todo al número total de individuos, obviando la
diferencia cualitativa existente entre las naciones unitarias y las
asociaciones de naciones más o menos integradas (federaciones y
confederaciones); y olvidando por completo la idea de soberanía colectiva de la
nación, que se expresa a través de la emisión de un voto conjunto de la misma
en favor de los principales actores políticos. Idea que sigue siendo válida
incluso cuando la nación pierde su independencia y pasa a
ser una nación asociada cuya soberanía se ve limitada por un poder federal
superior. Mientras haya nación y haya soberanía, es preciso que la soberanía
colectiva pueda seguir ejercitándose. Dado que los EEUU aún no son una nación
unitaria (pues si esto ocurriera ya no serían los EEUU, sino otra cosa muy diferente), entiendo que no hay
razón para despojar a los Estados de su derecho a emitir un voto en tanto
que colectividad en favor del candidato más apoyado dentro de los límites del Estado.
En cuanto a la idea de que la implementación de la elección
presidencial directa devolvería su importancia al voto de las minorías
políticas de los Estados, dicha idea implica partir de la base de que existen
Estados muy inclinados hacia los republicanos y otros muy inclinados hacia los
demócratas (Estados rojos y azules, respectivamente). E implica deducir
automáticamente que, como el ganador se lo lleva todo, el voto de un demócrata
de un Estado rojo o de un republicano de un Estado azul no significa nada, lo
que desincentiva la participación, dado que millones que en otro caso votarían
saben de antemano que el candidato del otro partido se llevará su Estado de
calle. Y que, por ende, la elección presidencial directa devolvería su
importancia a las minorías políticas de los Estados, y las animaría a
participar en el proceso democrático y a identificarse más plenamente con él,
sintiéndose representadas por el mismo.
Este es un argumento hasta cierto punto válido, pero se
exagera su importancia; y no deja de ser falso en la medida en que se basa en
una media verdad. La Historia en democracia de los EEUU es la más larga del
mundo. Hoy en día, es verdad que el país está políticamente más polarizado de
lo que lo había estado nunca en todos los años que han seguido a la Guerra
Civil. Sin embargo, hace solo 30 años, el "ultraconservador" Ronald
Reagan ganó en todos los Estados del país con la única excepción de Minnesotta
(donde perdió por nada); y obtuvo ventajas abrumadoras de más de dos dígitos en Estados hoy día considerados bastiones
inexpugnables del liberalismo tales como California, Illinois, Maine, Nueva
Jersey, Oregón, Vermont o Washington. Ganó hasta en Massachusetts. Lo que
significa que no es cierto que las minorías en los EEUU estén condenadas a la
total irrelevancia, dado que siempre es posible cambiar esa situación. ¿Que
cómo? Pues convirtiéndose en mayoría.
Eso sin contrar que no puede darse por hecho que los EEUU
van a estar siempre igual de polarizados políticamente de lo que lo están en la
actualidad. Quizá dentro de diez o veinte años nos encontremos con que minorías
políticas que -según los partidarios de la elección presidencial directa- no
tienen nada que hacer en sus Estados han conquistado la mayoría en los mismos.
De todas maneras, el de la marginación de las minorías políticas de los Estados
es uno de los argumentos más sensatos que aportan en favor de su causa los
partidarios del NPVIC.
Los EEUU beben de dos fuentes de soberanía, que no son
otras que el pueblo usalense y los Estados Federados. Sin embargo, es un hecho
que, tradicionalmente, el sistema político usalense ha favorecido la
representatividad de los Estados no prestando la suficiente atención a la
representatividad popular. Y es cierto que este hecho desalienta a las minorías
a participar en procesos electorales, y por ende dificulta su identificación
con una democracia que no sienten que les represente (y para comprobar hasta
qué punto esto no es una exageración, basta observar los indices patéticos de
participación en las elecciones usalenses que se han ido registrando en el
último siglo). La cultura política valora la victoria por encima de todas las
cosas -rasgo muy típico del carácter anglosajón, y especialmente usalense-, y
muchos de quienes saben que van a perder directamente se abstienen de tomar
parte en los comicios. Eso debería cambiar. Aunque no a costa de privar de toda
importancia al parecer del Estado mismo colectivamente considerado. Que es lo
que, desgraciadamente, pretenden los partidarios de la elección presidencial
directa.
En cuanto a la tercera razón de peso que los defensores de
la implantación de la elección presidencial directa esgrimen para defender sus
alocadas pretensiones unitaristas, que es la de que así se evitaría que los
candidatos le presten más atención a unos Estados que a otros; empezar diciendo
que es una solemne tontería, cuando no un engaño deliberado. Los partidarios de
suprimir el Colegio Electoral sostienen que actualmente la atención de los
candidatos se centra casi exclusivamente en los denominados swing States. Y que solo si se aprueba
la elección directa del Presidente y cada voto americano cuenta lo mismo los
candidatos se verán obligados a repartir su atención equitativamente.
Dicen que
la elección directa es la única manera de devolver importancia al voto de los
ciudadanos de los pequeños Estados, y de conseguir que los candidatos procuren
hacer campaña en el mayor número de Estados posibles. Dicen que, dado el dispar
tamaño de los Estados, los pequeños Estados, incluso en el caso de que sean
swing States, difícilmente recibirán ni la menor atención de los grandes candidatos, a los
que les compensa más tentar a la suerte y rezar para ganarlos que hacer
campaña en ellos y dejar de prestar su atención a los mayores Estados, que son
los que realmente son necesarios para ganar la Presidencia.
Es verdad que en los actuales EEUU hace ya décadas que los
candidatos se concentran en los Estados que reúnen a la vez estas dos características: ser grandes Estados y ser swing States. Pese a todo, incluso
reconociendo esto, se me hace difícil entender que la forma de otorgar mayor
valor a la opinión de pequeños Estados como Rhode Island o Delaware sea pasar
por alto la voluntad del pueblo de cualquiera de esos dos Estados. Es más, se
omiten detalles importantes. Como el de que, en verdad, la voluntad de los
pequeños Estados perdería relevancia. Pues en el Colegio Electoral los Estados
pequeños están sobrerrepresentados y los grandes infrarrepresentados, mientras
que, si se aprobara la elección directa del Presidente, los Estados pequeños
pasarían a ser todavía más irrelevantes al perder esa pequeña ventaja de la que
hoy gozan.
Conste que esto no es malo en sí mismo. Yo soy partidario de que cada Estado
pese en la elección presidencial lo que le corresponda en atención a la
proporción de la participación electoral global en las elecciones que
corresponda a ese mismo Estado (lo que, potencialmente, implicaría que cada Estado
pesaría tanto como la proporción de electores establecidos en él, dado que tal
sería el resultado si participase en la elección el 100% del electorado, que
tendría motivos hasta "patrióticos" si se los quiere llamar así para
participar en las elecciones, en la medida en que de la emisión de su voto
dependería el peso político de su Estado).
Me explico. Mientras los Estados sigan estando representados
por igual en el Senado, los intereses de los menos poblados estarán debidamente
protegidos. Es decir, que ya son lo suficientemente poderosos como para necesitar un peso mayor del que en base a su población les
correspondería en la elección presidencial. De hecho, considero que es
conveniente privarles de ese peso porque en los actuales
EEUU existen unos cuantos Estados que son lo suficientemente irrisorios en
términos de territorio, de población o de las dos cosas como para que uno no
pueda dejar de preguntarse si no sería mejor que dichos Estados se integraran
con otros para constituir Estados de dimensiones más normales. Lo que tiene su
importancia más allá de la estética.
Históricamente, Nueva Inglaterra ha dispuesto de un poder
mucho mayor dentro de los EEUU que el que debería corresponderle en base a su población, ya que concentra dentro de sus fronteras seis Estados, de los
cuales cinco (a saber, se trata de los Estados de Maine, Nueva Hampshire,
Vermont, Rhode Island y Connecticut) son minúsculos en términos territoriales.
El mayor de todos los Estados de Nueva Inglaterra, Massachusetts no es tampoco
demasiado grande (a decir verdad, creo que solo Hawaii, Nueva Jersey, Delaware
y los otros Estados de Nueva Inglaterra antes mencionados son menores en
superficie). Y en verdad da la sensación de que el hecho de que no estén unidos
responde más a la inercia de la tradición y a la codicia política (separados suman 10 votos en el Colegio Electoral más de los que corresponderían a
Nueva Inglaterra si ésta fuese un único Estado) que a la existencia de
diferencias irreconciliables de ninguna clase entre los citados Estados.
Como es lógico, no soy partidario de que se obligue a
fusionarse a entidades soberanas que deben ser libres de decidir si constituir
o no una entidad integrada mayor. Pero si creo que es conveniente
desincentivar, en la medida de lo posible, la pervivencia de los pequeños
Estados. Y la forma de conseguir eso es reducir lo más que sea posible el poder
de los mismos, siempre y cuando eso no tenga como consecuencia la ruptura de los
principios políticos esenciales en torno a los cuales ha de ordenarse una
asociación de naciones parcialmente integradas como es una federación.
De todas maneras, lo importante es que el argumento
esgrimido a este respecto en favor del NPVIC es radicalmente falso, hasta tal
punto que cuesta creer que los propulsores de la elección directa no sean
conscientes de ello y, a pesar de todo, mientan descaradamente. La
implementación del NPVIC disminuiría el peso de los pequeños Estados en la
elección presidencial, sin que en modo alguno fuesen compensados con un mayor
poder de atracción del que ya poseen sobre los candidatos.
No por nada, sino
porque el efecto evidente del voto directo no sería otro que el de focalizar la
atención de los candidatos en las grandes ciudades. Las elecciones se
convertirían en una competición por la conquista del voto de las MacroUrbes, no
del de los MicroEstados. Los candidatos republicanos a los que hoy por hoy los
millones de votos obtenidos en ciudades tales como Nueva York, Chicago, Los
Ángeles, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Cincinnati, Boston, Baltimore,
Minneapolis no les valen absolutamente para nada acudirían más a esos sitios a
fin de mantener o aumentar sus caladeros electorales. Y los demócratas
harían lo propio en ciudades tales como Houston, Dallas, San Antonio, San Luis,
Albuquerque, Charleston, Atlanta o Nueva Orleáns.
En definitiva, que sin duda alguna los candidatos ampliarían
su radio de acción, pero no a los Estados pequeños (que seguirían igual de
postergados que antes, solo que ahora disponiendo de mucho menos peso que antes
en la elección del Presidente). Cosa que insisto en que no me parece mal, ya que una cosa es ser favorable a que los Estados pequeños no queden reducidos a la
condición de diminutas e ignoradas manchas de tierra, y otra muy diferente es
premiar su pequeñez natural con ventajas políticas que no son precisas para
proteger su posición relevante dentro de la Unión, y con ella su soberanía. No obstante, lo que si rechazo es la forma en que los propulsores del NPVIC hacen apología de su propuesta intentando a sabiendas de lo que hacen colar como argumentos en favor de la misma
circunstancias que dan lugar a efectos muy diferentes de los que ellos les atribuyen delante de la opinión pública.
Concluyendo, que esas son en resumidas cuentas mis razones para oponerme al NPVIC y a la elección directa del Presidente de EEUU. En cuanto a las novedades que pueda deparar la evolución de la iniciativa, ya seguiré informando si es preciso... Un abrazo en Jesucristo a todos los lectores, y hasta la próxima. IHS
