Hay quienes creen que Cataluña está legitimada para hacer lo que hace. Dicen que, aunque aceptó voluntariamente como el resto de regiones españolas ser parte de España en pie de igualdad y sus ciudadanos parte de la misma Patria común e indivisible que el resto de los habitantes de España, es razonable que sus autoridades actúen como lo han hecho si España en su conjunto no reforma su propia Constitución para estructurar un modelo de país que contente a la importante fracción de independentistas que existen entre la población de Cataluña (fracción que ni siquiera está claro que sea mayoritaria entre los votantes de últimas elecciones, y que desde luego en ningún caso constituye la mayoría del censo electoral).
Esa es la política de PODEMOS, que consiste en poner al mismo nivel, en ejercicio de cínica equidistancia, la acción golpista de la Generalidad y la acción del Gobierno en defensa de la unidad nacional y el orden constitucional vigente que los españoles aprobaron en 1978 (que tampoco a mi me agrada, pero que debería reformarse por otros medios). Dicha acción del Gobierno nacional español es legítima, al margen de si está mejor o peor planteada. Y lo sigue siendo por mucho que el Gobierno no haya hecho política en Cataluña digna de tal nombre y se limitara a mantener un statu quo que no parece muy del agrado de nadie.
No puede ponerse en ningún caso en el mismo nivel la actuación de la Generalidad catalana, que tiene la obligación de acatar el ordenamiento jurídico y de respetar la unidad de España; y la supuesta inacción del Gobierno español, que no tiene ninguna obligación de dar pasos en ninguna dirección, y menos aún si la dirección en la que da los pasos consiste en cambiar nuestro régimen político para que funcione al gusto de una fracción no está claro que mayoritaria de una sola región de España. Sobre todo, el Gobierno no tiene obligación de hacer nada que agrade particularmente a Cataluña, y menos si ofende al hacerlo a una clara mayoría de españoles que sean contrarios.
Al final, en los debates de las últimas semanas se plantearon temas interesantes, relativos al equilibrio de poder entre territorios. Los separatistas vascos y catalanes plantearon abiertamente su disconformidad con el hecho de que la Constitución española pueda ser reformada teniendo a todo el País Vasco y Cataluña en contra. Eso es rigurosamente cierto. De hecho, podría reformarse sin un solo voto favorable de unas cuantas regiones más de España. No porque exista espíritu alguno de rechazo hacia esos territorios, sino porque en su día se consideró que España era una única Nación, y que la decisión importante en orden a decidir sobre nuestras normas básicas de convivencia era cosa de los españoles sin distinción por territorios. ¿Fue esa decisión la mejor y más correcta? No lo diría, pero una cosa es considerar que sería conveniente dar algún peso a la voluntad mayoritaria existente en cada territorio en orden a reformar nuestra Constitución, y otra muy distinta dar derechos de veto a una ni a dos regiones españolas sobre las decisiones de nuestro país como conjunto. España debe poder reformar su Constitución aunque voten en contra todos los habitantes de una única de sus regiones, e incluso de dos.
Creo que la prioridad en estos momentos es recuperar el control sobre lo que a todos los españoles pertenece en Cataluña. Creo que las autoridades separatistas deben ser escarmentadas sin reparar en medios, incluida la fuerza militar, sin la que dudo que sea posible restablecer el acatamiento a la autoridad de las instituciones nacionales en Cataluña. Y creo que España debe revisar profundamente no solo su reparto de competencias entre instancias territoriales, sino su misma configuración territorial. Este no es un Estado Federal dentro del cual las entidades que lo componen tengan derecho a la existencia incluso en contra de la voluntad mayoritaria de la Nación. Este es un Estado esencialmente unitario, pese al alto grado de descentralización. Pocos discursos contribuyen tanto a destruir España como el de aquellos que afirman que Cataluña necesita a España tanto como España a Cataluña. ¡Necios!
Ni siquiera las naciones que de por sí son compuestas necesitan a sus entidades territoriales subordinadas a toda costa. Incluso un país federal tan profundamente descentralizado como lo son los EEUU puede poner en duda la pervivencia misma de sus Estados cuando estos emplean su extrema autonomía política (que allí siempre se ha considerado, pese a que probablemente el término sea una "contradictio in terminis", como soberanía limitada por la soberanía plena y superior de la Unión Federal y subordinada a la de ésta -lo que, más allá de la intrascendencia práctica, deja claro hasta qué punto se toman en serio la autonomía política en ese país-) para traicionar los vínculos que los sujetan al resto de los EEUU. Por eso hubo una Guerra de Secesión, a lo largo de la cual no se vaciló en deponer los Gobiernos de los Estados rebeldes, nombrar autoridades militares, suspender los procesos electorales e incluso alterar las fronteras de Estados como Virginia en contra de su voluntad (razón por la que el Gobierno paralelo unionista del Estado acabó constituyendo el Estado de Virginia Occidental).
España no atraviesa ni creo que llegue a atravesar prueba comparable a la Guerra de Secesión. Empero, eso no quita que esta sea la mayor crisis que enfrenta el país desde que el 1 de abril de 1939 terminara la Guerra Civil. Crisis de entidad suficiente como para encararla a través del recurso a medidas extraordinarias. Que, insisto, a medio plazo deberían implicar la revisión del mapa territorial español. El catalán que se siente español debe tenerlo claro: si de verdad está comprometido con la causa nacional, eso significará que para ´él la pervivencia de España es un bien superior a la pervivencia de Cataluña. La desaparición de la propia región como entidad política ni administrativa no puede ser un precio a pagar demasiado alto para quien de verdad está comprometido con su Patria. Me alivia profundamente comprobar como algunos catalanes comprenden perfectamente esto, y en caso de ser necesario no vacilan, caso de que Cataluña consumase su separación del resto de España, en plantear abiertamente la posibilidad de separarse a su vez ellos de Cataluña y formar la región que no estaría mal que de aquí a poco tiempo cobrara forma y se convirtiera en nombre aprendido por los niños en el colegio al igual que el del resto de las regiones españolas: Tabarnia.
En ese sentido, no puedo dejar de recomendar a cualquiera que lea esto el apoyo activo a todo proyecto encaminado a la secesión de Cataluña, que no es tan legítima como el independentismo, sino infinitamente más que este. Porque es realizable sin necesidad alguna de cambiar nuestra Constitución (quizá incluso a través de varias vías). Y porque además es un proyecto cuya base, digna de todo reconocimiento, es la fidelidad de una importante cantidad de catalanes a los lazos de toda índole, no solo jurídicos y económicos, que los unen desde hace siglos a la totalidad del resto de España. Lealtad admirable que los lleva a plantearse incluso dejar de ser catalanes antes que romper sus lazos con España. Y que no solo parece ser extensiva a los tabarnios, sino también a los araneses, que algunas informaciones apuntan a que podrían plantearse también solicitar que se los transfiera a Aragón o que se dote al Valle de Arán de un estatuto particular. Por todo lo antedicho, animo a todos a que sigan una serie de páginas de Facebook que yo mismo he empezado a seguir en los últimos días, como lo son las siguientes:
-Barcelona is not Catalonia.
-Tabarnia is not Catalonia.
-Gente de Tabarnia.
Algunos dirán que animar a la secesión intracatalana es echar leña al fuego, porque siempre hay quien llamará "leña" al agua que apaga los incendios. Pero imbéciles que merecen acabar sus días calcinados por las llamas a cuyo avivamiento contribuyen por la vía de obstaculizar toda forma de luchar contra su propagación los hay en todas partes. Es un tipo de gente con la que hay que apechugar. Sea como fuere, si yo apuesto por favorecer el favorecimiento no solo de la rehispanización sino también de la descatalanización de franjas de territorio catalán tan extensas como sea posible, esto se debe a que hace tiempo que veo claro que es la única forma de enfrentar a los soberanistas a su propia lógica y de calmar sus ansias de ruptura y expansión.
Los españoles debemos estar orgullosos de nuestra mejor Historia, pero España no puede ser eternamente esclava de los territorios que históricamente la han compuesto en calidad de entidades subordinadas, so pena de que éstos cobren vida propia y acaban amenazando su integridad. Esto es lo que ocurre en Cataluña. Es lo que ha ocurrido y probablemente volverá a ocurrir en el País Vasco. Y es lo que quizá ocurra en Galicia y otros sitios del país. Pero también es lo que no ocurre a niveles dignos de mención en ningún lugar de Francia. País que antes de su Revolución es posible que hubiera avanzado menos que nosotros en el proceso de construcción del Estado-Nación. Se ha llegado a un momento de nuestra Historia en el que la vida de nuestros territorios históricos probablemente suponga a medio plazo la muerte del país. Por eso mismo, debemos liberarnos para siempre del lastre que para la Nación suponen los posibles conatos de naciones existentes dentro de nuestro territorio.
Se ha llegado a un punto en que el enemigo de España es Cataluña. Lista a la que probablemente una mayoría de españoles incorporarían a País Vasco y a Galicia. Pero, aunque esto sea menos evidente a primera vista, lo cierto es que el enemigo de España también lo es Navarra, también lo es Aragón, también lo es Andalucía, también lo es Baleares, también lo es Valencia, también lo es Murcia, también lo es La Rioja, también lo es Cantabria. Lo es incluso Castilla (tanto la Nueva como la Vieja) y lo es incluso León. Y lo es el mismísimo Principado de Asturias sobre cuyos cimientos se asentó la obra magna de recuperación del suelo nacional a manos del enemigo mahometano andalusí.
Con esto no afirmo que todas las regiones hoy existentes en España deban ser suprimidas y sustituidas por otras. Lo que afirmo es que debería ser principio fundamental de la organización política territorial española el siguiente: que no hay territorio de España que deba considerar que su continuidad está garantizada a no ser que sirva a los intereses de la Nación en su conjunto. No hay territorio que tenga derecho a dar por hecho que España respetará para siempre sus actuales fronteras, denominación ni estatuto fiscal privilegiado al estilo vasco-navarro, ni tampoco ciudades que se sientan con derechos indiscutibles de capitalidad. Tenemos que rehacer nuestro viejo mapa heredado de Javier de Burgos, o de lo contrario los límites entre autonomías acabarán en muchos casos convertidos en fronteras. Contra el veneno independentista catalán existe un antídoto que tiene nombre y se llama Tabarnia. Pongámosle nombre a los antídotos que precisen el resto de regiones, y pongámoslo pronto. Y ya de paso racionalicemos nuestras fronteras interterritoriales. Que la aparición de Tabarnias a lo largo y ancho de la geografía nacional no sea motivo para que también aparezcan nuevos enclaves de Treviño ni del Rincón de Adémuz o justificados por improbabilísimas razones de mejor comunicación. IHS
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