LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL CHILENA

A TODO EL QUE LE GUSTE LO QUE LEYERE, QUE LO DIVULGARA A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO DISPONIBLE YO LE PIDIERE. ¡DIFUSIÓN ES PODER!

En los últimos meses, ha ido tomando cuerpo un estado de ánimo político en Chile en virtud del cual se observa un creciente rechazo a la Constitución actual del país, que se considera estrictamente necesario sustituir por otra.

De entrada, he de decir que en abstracto no me parece mal reformar la Constitución chilena, e incluso que sería partidario hasta de ir más allá, y de sustituirla por una nueva Constitución. No por nada, sino porque me parece que el sistema político de ese país es bastante mejorable, especialmente en lo que hace a la organización de la administración de Justicia. Pienso que ésta no está organizada de la forma en que cabría esperar que lo estuviese si Chile fuese realmente una democracia (para que se hagan una idea de por donde creo que deberían ir las cosas, me remito a los razonamientos que hago en los siguientes artículos: http://lascronicassertorianas.blogspot.com.es/2012/08/algunas-ideas-personales-sobre-la.html; http://lascronicassertorianas.blogspot.com.es/2012/08/algunas-ideas-personales-sobre-la_30.html; y http://lascronicassertorianas.blogspot.com.es/2012/08/como-conseguir-una-democracia-de-minimos.html).

Ahora bien, lo antedicho no quita para que servidor recele profundamente del tipo de propuestas constitucionales que están poniendo encima de la mesa últimamente los líderes políticos de la Concertación de Partidos para la Democracia (la alianza de partidos opositores a Pinochet que consiguió derrotar al general en el plebiscito de 1988, en la se incluyen formaciones tan variopintas como son la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Socialista; y a la que han pertenecido todos los Presidentes posteriores al dictador Augusto Pinochet -con la sola excepción del actual inquilino del Palacio de la Moneda, Sebastián Piñera-). En los últimos tiempos, sectores de esta fuerza política hegemónica del Chile postpinochetista (lo es, por más que ahora no ocupe el poder) apuestan abiertamente por abrogar la actual Constitución del país, y por llamar a nueva Asamblea Constituyente. Teniendo en cuenta el precedente de Hugo Chávez en Venezuela y de los demás caudillos populistas (Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, etc.) que están siguiendo los pasos del fallecido mandatario venezolano; esta clase de llamamientos son como para echarse a temblar, porque huelen a chamusquina. Sobre, todo, es particularmente importante hacer mención de que éstos sectores de la Concertación acaban de verse sumamente fortalecidos tras la toma de posición potencialmente favorable a sus tesis que ha efectuado recientemente la ex-Presidenta Michelle Bachelet (del Partido Socialista). Aunque ésta no consideró durante su mandato (2006-2010) prioritaria la cuestión constitucional, y se caracterizó por una gestión más bien moderada (como la que han mantenido hasta ahora todos los Presidentes que ha dado la Concertación); ahora parece que, en su empeño para ganarse el voto de los sectores políticos más cercanos al bolivarianismo chavista ha decidido abanderar la radicalización de las posiciones políticas del Partido Socialista, que parece ir retornando progresivamente a las posiciones extremistas y suicidas que en su día enarboló el defenestrado Salvador Allende, aunque adaptadas al contexto geopolítico internacional del chavismo bolivarianista.

Recelo de éstas propuestas, porque los sujetos de que parten me parecen indignos de toda confianza, amén de oportunistas (quieren la ruptura que hace unos años afirmaban del todo innecesaria, y todo por ambición). No obstante, lo cierto es que tampoco me parecen de recibo las razones aducidas por los críticos con la Constitución chilena para proceder a sustituirla por la que ellos querrían.

A los elementos más claramente escorados hacia el socialismo que existen en la política chilena la actual Constitución no les puede gustar, eso es un hecho. Es una Constitución neoliberal, que por ende imposibilita el establecimiento de un Estado Social como el que existe en el continente europeo, del mismo modo que el consiguiente establecimiento de las redes clientelares mediante las cuales facilitar la retención del poder político por la minoría gobernante. Asimismo, es una Constitución eurocéntrica (y por ende ajena al multiculturalismo que forma parte de los actuales mantras de lo políticamente correcto); y es supuestamente irreformable (lo que no parece haber sido óbice para que la Constitución haya sido reformada un gran número de veces tras salir Pinochet del poder).

Ahora bien, en el fondo, todas estas características de la Constitución chilena no parecen a primera vista razón suficiente para pretender cambiar de Constitución. Porque al fin y al cabo, si la Constitución actual no les gusta, bien podrían reformarla. Ya se ha reformado muchas veces hasta el momento presente. ¿Por qué no seguir reformándola?

La razón es bien sencilla: no quieren reformar la Constitución porque saben que la dirección liberticida hacia la que querrían dirigir el país, igual que ha sucedido en los países de la órbita chavista, no contará con el necesario beneplácito del otro sector político nacional. Los conservadores chilenos no aceptarán la conversión de Chile en un Estado chavista. Y claro, los enemigos del actual régimen les acusan de obstruccionismo, de haber creado una Constitución que obliga a contar con ellos en todo caso para reformarla (aunque pierdan constamente las elecciones), y de por lo tanto impedir que el pueblo se rija por una Constitución que de verdad sea acorde a la actual conformación política de Chile.

Pero claro, en verdad, si ese fuera el único argumento que puedieran alegar en favor de su causa, sería evidente hasta qué punto quienes defienden dinamitar el actual orden politico chileno son unos antidemócratas reacios a todo consenso; e incapaces de hacer lo que deberían, si de verdad fueran demócratas: esperar a obtener el respaldo electoral necesario como para poder reformar ellos solos y sin ayuda de sus enemigos políticos la Constitución, y para hacerlo como ellos quisieran.

Razón por la que sus ataques a la Constitución no se centran en lo que realmente les importa, que es lo que dice; sino en un aspecto que no les importa, pero que les es útil sacar a colación: la supuesta falta de legitimidad del constituyente. Por eso recuerdan a todas horas que la Constitución de 1980 fue impulsada durante la dictadura pinochetista, y que por ende el referéndum a través del cual se aprobó la Constitución chilena no podía reunir las garantías necesarias como para poder ser considerado realmente valedero, y mucho menos para justificar mediante él un acto de tanta trascendencia como es el aprobar una Constitución para un país. Alegando la ilegitimidad de origen, los críticos de la Constitución matan dos pájaros de un tiro. Aunque a ellos lo que les molesta es lo que establece la Constitución (pues si esta fuese de su gusto a buen seguro no le harían ascos, independientemente de quién la hubiese aprobado), al atacarla por su procedencia pinochetista, pueden crear el estado de ánimo necesario para que acontezca una ruptura política en toda regla, para que el Gobierno disuelva la Cámara de Diputados, y para que se convoque a una Asamblea Constituyente que establezca por mayoría absoluta una nueva Constitución realmente representativa de la mayoría de la sociedad chilena. Y ahí está la clave. Si se aviniesen a reformar, es evidente que solo podrían conseguir un triunfo limitado (porque habría reformar con las que sus oponentes podrían transigir, pero jamás conseguirían el Estado chavista al que aspiran). Solo pasando por encima de los consensos anulando el actual orden constitucional les sería posible imponer las reglas de juego que ellas quieren, y garantizarse la total hegemonía política con la que sueñan, a costa claro está de reanudar el proyecto de Allende de establecimiento de una pseudodictadura más o menos encubierta, al estilo venezolano o argentino. En definitiva, que ellos sostienen que la Constitución de 1980 es ilegítima. Y el presente artículo se dedicará a esclarecer hasta qué punto ha de considerarse ese aserto veraz.

Desde mi punto de vista, la Constitución chilena de 1980 carece, al menos en su origen, de toda legitimidad popular. Así que en eso los chavistas críticos con la misma tienen razón. El referéndum mediante el que se aprobó no se celebró en un clima de limpieza, y las garantías democráticas brillaron por su ausencia.

Afortunadamente, la popular no es la única legitimidad posible, y menos en aquellos periodos de la Historia en los que los sistemas basados en elecciones, por unas razones o por otras, se vuelven del todo impracticables. Así que esa es la pregunta que yo me hago: ¿Era en Chile practicable el sistema de partidos en 1980?

Lo cierto es que no. Porque el sistema de libre confrontación de partidos no consiste tanto en que éstos compitan en las elecciones como en que confronten sus ideas y pareceres opuestos con libertad, y desde el respeto mutuo. Esto es, existiendo una voluntad de respetar el veredicto de las urnas y de no emplear medios ilícitos para la eliminación del contrario. Tal voluntad no existe nunca entre los totalitarios, pues si exisitiese no serían tales. Y los partidos que constituían la Unidad Popular (la coalición por la que Salvador Allende accedió en 1970 a la Presidencia) eran totalitarios de tipo marxista-leninista, por lo que ya podemos imaginarnos el especial concepto que tenían ellos de las relaciones con las demás formaciones políticas. Si no nos basta con la imaginación, repasemos brevemente los hechos. Salvador Allende ascendió a la Presidencia solo porque se avino a pactar con el Partido Demócrata Cristiano un Estatuto de Garantías Democráticas que se insertó en la Constitución chilena de 1925 con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales de los chilenos. Tras hacer esto, recibió el apoyo de la Democracia Cristiana para su investidura por la Cámara de Diputados (que fue necesaria porque Salvador Allende accedió a su cargo con solo una mayoría relativa de apenas el 36'6% del voto popular). Posteriormente, él mismo reconoció haber pactado sin ninguna intención de darle cumplimiento a lo que se pactó. Por razones puramente tácticas. En definitiva, y sin enrollarnos, que la Unidad Popular y Salvador Allende fueron los únicos culpables del fin del sistema de partidos chileno, y los que dieron las razones suficiente a los militares para que, una vez dieron el golpe de Estado -bendecidos por una Cámara de Diputados que menos de un mes antes había declarado expresamente que Allende pretendía instaurar una dictadura totalitaria de corte socialista-, se procediese a hacer un alto en el sistema de partidos.

Así pues, queda claro que en mi opinión el régimen pinochetista quedó legitimado política e históricamente hablando por las circunstancias excepcionales de quiebre de la convivencia generados por el Presidente Allende. Luego, si el régimen pinochetista era legítimo, esto significa que su Constitución forzosamente también debía de serlo, por más que no hubiese sido apoyada por el pueblo (con cuyo derecho a decidir llega un momento en que uno, si quiere sobrevivir, puede tener que limpiarse el pandero, como fue el caso).

Visto todo lo anterior, pasamos a otro punto. Hemos quedado en la legitimidad de la Constitución de Chile, pese a la falta de consentimiento popular. Pero también es cierto que lo normal en un sistema que se basa en elecciones, por su propia esencia, es que dicho sistema se estructure en torno de algún tipo de juridicidad respaldada por el pueblo. Los que niegan valor, al menos para fundamentar el actual sistema de partidos, a la Constitución de Pinochet, lo hacen partiendo de la idea de que ésta no fue aceptada por el pueblo. Y cierto es que no fue aceptada por éste. Al menos en origen. Mas tampoco eso importa tanto, dado que las legitimidades pueden adquirirse, aun cuando no se posean de inicio.

En el caso de la Constitución chilena, sin duda en su origen no podía decirse que hubiera recibido el aval del pueblo. Sin embargo, a lo largo del tiempo el pueblo ha aceptado tácitamente la Constitución en gran número de ocasiones. La Constitución ha sido expresamente aceptada una vez finalizado el régimen pinochetista por los gobernantes electos. Especialmente digno de remarcar es el hecho de que tales gobernantes han pertenecido todos ellos con la excepción del actual (Sebastián Piñera) a la Concertación. Me parece que es un hecho nada baladí. Los gobernantes antipinochetistas han avalado la Constitución al aceptar tomar parte en un juego que se ha desarrollado bajo sus reglas. Hasta ahora no se les había ocurrido que la Constitución fuera ilegítima. Y cuando no les ha gustado, la han cambiado. Dicen que no la han podido cambiar como ellos habrían querido, porque están obligados a consensuar los cambios con su contraparte política conservadora. Pero lo cierto es que se han efectuado cambios con chicha (como la eliminación de los Senadores designados). Y que pretender efectuar los cambios sin tener en cuenta a una minoría tan grande como es la conservadora (que es tan grande, insisto, que ha conseguido hasta volverse mayoría en las últimas elecciones presidenciales que ganó Piñera) es lisa y llanamente pretender dar carpetazo a la democracia que se dice defender. Al final, es de aplicación la doctrina llamada aquí en España de los actos propios. No puede uno actuar en contra de los propios actos. No es aceptable que la Concertación acepte tácita y hasta expresamente gobernar Chile sometida a la Constitución aprobada por el régimen de Augusto Pinochet; que gobierne bajo la antedicha ley fundamental el país durante una generación; y que justo ahora (cuando la Concertación, por otro lado, es menos poderosa que nunca, y más poderoso es el linaje político de los sucesores ideológicos del pinochetismo) sea cuando se propone tirar por la borda todo el legado del general. Que esto lo haga una misma formación ya es llamativo. Pero que lo haga una misma persona, que además ha gobernado el país, como es el caso de Michele Bachelet, es sencillamente una tomadura de pelo a todos los chilenos, de la misma manera que una irresponsabilidad que espero no tenga que ser estudiada el día de mañana como el chispazo que prendió la mecha de los acontencimientos que llevaron al próspero Chile de comienzos del siglo XXI (un auténtico modelo en todos los sentidos para Hispanoamérica, por más que es verdad que puede mejorar) al empobrecimiento, al populismo, y quizá hasta a la guerra civil que ni siquiera en los convulsos años setenta llegaron a vivir.

Termino este artículo enviando mis mejores deseos y parabienes a todos los chilenos de bien, a los que envidio porque en su país está echado el cerrojo al asensinato diario de niños con que los gobernantes de mi país, España, madre patria del país del que hoy me ocupo, se manchan las manos de sangre. Espero que Dios guarde a Chile de todas estas veleidades bolivarianas que los acechan. Que con un diablo al frente del país como fue Salvador Allende ya tuvieron más que suficiente. Así que no necesitan a otra diabla como se ve que es la no menos roja Michele Bachelet. He dicho.

IESVS HOMINVM SALVATOR