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martes, 26 de septiembre de 2017

EL SISTEMA ELECTORAL ALEMÁN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PERSONALIZADA. ¿ARCADIA FELIZ? ¿ENGAÑABOBOS?

[Antes de leer este artículo, échenle un vistazo a este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3QAekd5A1iI]

Alemania es el mayor poder económico de la Unión Europea contemporánea, amén de un país en muchos sentidos considerado modélico. Las razones son variadas, pero una de las que quizá tengan más peso es su complicado sistema electoral: el sistema conocido como de "representación proporcional personalizada" (a partir de ahora RPP). Es un sistema universalmente considerado innovador y que algunos países han imitado, y otros como España parece que podrían plantearse imitarlo llegado el caso (Alfredo Pérez Rubalcaba prometió su implantación durante la campaña electoral de 2011, y C's también ha defendido implementarlo). El presente artículo va a tratar acerca de si, al menos en lo relativo a su sistema electoral, la buena fama de Alemania está justificada o si, por el contrario, el país teutónico se beneficia injustificadamente de lo que cabría considerar una visión mitificada de las supuestas virtudes de la RPP. Cosa que viene particularmente a cuento, dado que el pasado día 24 de septiembre se celebraron las elecciones en el país teutón, cuyos resultados, si acaso, se comentarán en otro artículo.

Lo primero de todo es señalar la forma en que funciona el sistema electoral alemán. Este ha sufrido importantes reformas. Antes de 2011 era un sistema proporcional que se basaba en una circunscripción nacional de 598 Diputados. A dichos 598 Diputados se restaban los escaños obtenidos por candidaturas independientes vencedoras en distritos uninominales (de los que se hablará después), así como los obtenidos por partidos políticos que no tuvieran derecho a participar del reparto proporcional de escaños. En toda la Historia electoral alemana posterior a la Reunificación, solo en una ocasión, con motivo de las elecciones de 2002, se tuvieron que restar 2 Diputados (los obtenidos en distritos de Alemania Oriental por los ex-comunistas) a los 598 de base de la circunscripción nacional, quedando 596. La cifra resultante (sea 598 u otra menor) eran los escaños que se repartían proporcionalmente empleando la fórmula Hare/Niemeyer entre todos los partidos que consiguieran el 5%, que ganaran en tres distritos o que pudieran optar a un reparto sin barrera y fueran representativos de las minorías nacionales alemanas (los eslavos sorbios, o los frisones y daneses germánicos; que, por cierto, es llamativo que nunca hayan obtenido representación pese a que el sistema se lo pone más fácil que a los partidos verdaderamente alemanes). Una vez hecho ese reparto entre los partidos, éstos a su vez tenían que repartir sus escaños entre las listas electorales de los Länder, de acuerdo a la proporción que de los votos totales del partido hubieran sacado sus listas electorales cerradas y bloqueadas de cada Länder.

Pero no hemos terminado. Entretanto, se procedía a la asignación de los 299 distritos uninominales (cifra que, como se puede observar fácilmente, constituye la mitad exacta de los 598 escaños de base de la circunscripción nacional). Éstos 299 escaños NO SE SUMABAN a los 598 antes mencionados, sino que se superponían a ellos. La idea era que la mitad de los miembros de las listas electorales fueran reemplazados por 299 candidatos elegidos directamente por los ciudadanos en distritos, y así garantizar que al menos la mitad de los Diputados tuvieran una relación más próxima con la ciudadanía. Los distritos se repartían entre los Länder de acuerdo a su población (es decir, que, a diferencia de los Diputados repartidos proporcionalmente, los de los distritos venían predeterminados ya antes de las elecciones), y se configuran de manera tal que no deben haber diferencias importantes de población entre los mismos. Los Diputados elegidos por distrito ocupaban las plazas de los proporcionales, a los que solo les quedaban las que no les hubieran arrebatado los Diputados de distrito. Si en cualquiera de los Länder el triunfo en distritos igualaba o superaba el resultado obtenido tras el reparto proporcional de escaños, al partido en cuestión se le adjudicaban todos sus Diputados de distrito (aunque hacerlo implicara una desproporción en su favor), no enviando al Bundestag ningún Diputado elegido por su lista electoral proporcional, y sin modificar los resultados de los demás partidos (que no perdían los Diputados ganados por el partido o partidos beneficiarios por sus victorias en los distritos). A causa de esta última disposición, la cifra de Diputados del Bundestag era variable, en función de los distritos excedentes que los partidos más poderosos acumulasen en los Länder. Así, en 2009 el Bundestag resultante de la segunda victoria electoral de Merkel alcanzó los 622 Diputados (598 Diputados de base + 24 excedentes de los distritos).

Este sistema, relativamente fácil de entender, era demencial por varias razones. La primera de ellas es que se trataba de un sistema sujeto a posible manipulación -hecho no desmentido por la ausencia de la misma a lo largo de los años-. Así, tenemos que el partido vencedor en tres distritos entraba en el reparto proporcional de Diputados, aunque sus votos no alcanzaran el 5% ni perteneciera a una minoría nacional. Es lo que sucedió en las elecciones de 1994, cuando los ex-comunistas de Alemania Oriental obtuvieron solo el 4'4% de los votos, pero ganaron 4 distritos (y con ellos el derecho a tomar parte de un reparto proporcional que les deparó 30 curules). ¿Entienden a dónde quiero llegar? Bajo este sistema, era perfectamente posible que, cuando un socio de Gobierno anduviera débil electoralmente, el partido mayor le apoyara en 3 distritos para garantizar su acceso al reparto proporcional de escaños (cosa que podría hacerse sin perjudicar el resultado proporcional del partido, dado que el voto a la lista proporcional y el voto al Diputado de distrito se pueden perfectamente otorgar a candidaturas de diferentes partidos). Nunca ocurrió, pero era un riesgo que generaba el sistema. De hecho, como esta regla no ha cambiado en el nuevo sistema electoral ya aplicado durante las últimas elecciones de 2013, no entiendo por qué la CDU de Merkel no apoyó al FDP en 3 distritos para así garantizar que su 4'8% de los votos hubieran tomado parte en el reparto proporcional de asientos en el Bundestag, lo que le hubiera garantizado la mayoría absoluta). ¿Lo haría a propósito para garantizar una mayoría de izquierdas y así "verse obligada" a favorecer la irrupción de enormes masas de refugiados en Alemania o medidas de ingeniería social anticristiana y antirracional tales como el Sucedáneo de Matrimonio para Personas del Mismo Sexo, so pena de que el SPD rompiera la Gran Coalición para aliarse con Los Verdes y los ex-comunistas germano-orientales y hacerle una moción de censura? Nunca se me había ocurrido verlo así, pero no me sorprendería semejante maquiavelismo en una líder tan carente de escrúpulos como lo es la "Canciller del Mundo".

El segundo motivo por el que el sistema previamente vigente era demencial se resume en el fenómeno conocido con el nombre de peso negativo del voto. Ha sucedido alguna que otra vez en las elecciones federales alemanas que un exceso de votos en según qué Länder haya llevado a que se asignara a dicho Länder un escaño adicional inútil (por tenerlo ya asegurado el partido gracias a su éxito en los distritos uninominales); en lugar de adjudicárselo a Länder en los que pudiera ser sumado efectivamente si en el anterior se hubieran sacado menos votos. Es decir, que se han dado situaciones en las que un partido ha tenido que arrepentirse de sumar votos en un lugar, y habría preferido obtener menos votos allí y los mismos en otro sitio en el que le habría beneficiado la adjudicación de escaños. No sé si se entiende bien el concepto, que no sé explicar mejor, pero en democracia esto es una monstruosidad. Penalizar a un partido por hacer una performance "demasiado buena" en un territorio y estructurar el sistema electoral de modo tal que le habría convenido más obtener peores resultados en el mismo y los mismos resultados en otro territorio es un contra-Dios. No estamos hablando de que sumar votos no beneficie (es decir, de que te diera lo mismo tener en un Land x votos o 10.000 menos), que ya sería como para pensárselo. Estamos hablando de que perjudica (es decir, de que para tí habría sido mejor sacar en lugar de x votos los 10.000 de menos). ¿Éste era el sistema modélico que debía exportarse al resto de la Tierra y que supera a todos los preexistentes? Pues yo no conozco ningún otro sistema en el que obtener votos "de más" perjudique a nadie. Y es que se supone que obtener el máximo apoyo popular posible debería ser el objetivo de todo demócrata. Eso, y que una democracia debería premiar los votos, o por lo menos no castigarlos haciendo que empeore el resultado electoral.

Un tercer motivo en virtud del cual queda deslucido el sistema electoral alemán es su fracaso a la hora de promover una conexión mayor entre los representantes y sus representados. La razón es sencilla: los Diputados de distrito pueden ser parte de las listas electorales proporcionales. Es decir, que un Diputado de actitudes perrunas, como los españoles que conocemos, y sumiso a las directrices de la cúpula de su partido ya no tiene que preocuparse de renovar escaño. Sencillamente es incluido en la lista electoral y a tomar viento fresco la gente de su distrito, si se tercia y lo ordena el partido. Por otra parte, incluso si se impidiera a los Diputados de distrito presentarse en las listas electorales, el efecto pernicioso de éstas seguiría manifestándose, dado que no cabe duda de que habría Diputados que no vacilarían en traicionar las promesas hechas a los votantes si la cúpula del partido se lo exigiera con ánimo de compensar la pérdida de apoyo en su distrito figurando en las listas electorales proporcionales. Indudablemente, el fenómeno se atenuaría, pero persistiría sin duda alguna.

Bien, esos eran los defectos del sistema electoral alemán que regía hasta 2011. Ese año, y en cumplimiento de la orden que le dio al respecto el Tribunal Constitucional Federal alemán tiempo antes, el Gobierno de Merkel (en aquel tiempo apoyada por los liberales) hizo aprobar modificaciones en la legislación electoral alemana. Dichas modificaciones se hicieron fuera del plazo, pero antes de todos modos de las primeras elecciones posteriores al Bundestag, que serían las celebradas en 2013. Las razones por las que el Tribunal Constitucional Federal alemán ordenó los cambios se relacionaron, fundamentalmente, con los distritos sobrantes. Éstos planteaban tres problemas. Tres posibilidades que el Tribunal Constitucional Federal consideró incompatibles con la Constitución alemana. La primera era el fenómeno del peso negativo del voto, de por sí incompatible con el principio democrático, que proscribía un sistema electoral que perjudicaba a quienes, como ya se ha visto, obtenían "demasiados" votos. La segunda era que la adición de los escaños de distrito cuando éstos excedían en número a los proporcionales, como es fácil de entender, atentaba contra la proporcionalidad entre los partidos políticos (si cualquiera de los Länder aumentaba uno o varios Diputados su representación respecto de la que le correspondiera proporcionalmente, los partidos beneficiarios obtendrían más Diputados de los que les correspondían proporcionalmente y los partidos que no sumaran, aunque conservaran los obtenidos de manera ordinaria -que representarían un porcentaje menor sobre el total de Diputados de los respectivos Länder-). La tercera era que la proporcionalidad se mandaba a paseo no solo entre los partidos políticos, sino también entre los Länder (los que enviarán Diputados de más se beneficiarían en perjuicio del resto al aumentar el tamaño de su Diputación).

Ese último problema de la desproporción entre la representación de cada Länder lo planteaba también el reparto proporcional de escaños (recordad: primero entre los partidos, y posteriormente entre las listas electorales de cada partido en cada Länder). Aunque el objetivo de este sistema de reparto era que el número de Diputados proporcionalmente atribuidos de cada Länder fuera proporcional, valga la redundancia, al número de votos emitidos en él (opción respetable e incluso superior al criterio tradicional que atiende a la población que figura en el último censo en lugar de a los electores que participan en las elecciones), lo cierto es el que el sistema no garantizaba en absoluto ni siquiera el cumplimiento de este objetivo. El tamaño de la Diputación "proporcional" de cada Länder (estamos para este razonamiento excluyendo a los Diputados elegidos en solitario por distritos), dependía no de la votación global en cada Länder, sino de la votación de cada partido dentro del Länder. Para explicarlo de modo sencillo: si en Alemania hubiera dos elecciones seguidas en las que el censo y la participación no se modificaran, y tanto a nivel nacional como de los Länder el número de votos emitidos fuera el mismo, el número de Diputados correspondiente a cada Länder podría alterarse si se alterase la correlación de votos entre cada partido político (por mucho que en realidad el peso de éste en la elección fuera el mismo en ambas elecciones). Esto es quizá lo que al Tribunal Constitucional Federal alemán le pareció peor de todo y de remedio más urgente. Lo que es lógico, dado que Alemania es una Unión Federal, y se entiende que la desproporción en el peso político de los Länder es mucho más grave que la desproporción en el peso político de meros partidos políticos.

Así pues, en 2011 se llevó a cabo la reforma ordenada desde el Tribunal Constitucional Federal. Veamos ahora en qué han cambiado las cosas. A la vista de lo anteriormente expuesto, podría considerarse que la razón principal de los defectos que planteaba el sistema electoral alemán antiguo se derivaban, principalmente, de su excesiva complejidad. Y por ende, no parece demasiado aventurado creer que la forma de corregirlos sin cambiar demasiado radicalmente de sistema electoral pasaría por articular un sistema más sencillo, como, por ejemplo, podría serlo uno basado en la suma, y no superposición, de escaños proporcionales y escaños mayoritarios. Esa sería una solución, aunque implicara modificar la Constitución, y se habría podido incluso realizar con facilidad, pues no parece que tras hacer compartido con ellos ocho de sus doce años al frente del Gobierno, Ángela Merkel tenga problemas para entenderse con los socialdemócratas, el otro gran partido de Alemania. ¡Pero no! Por lo que optaron fue por convertir lo que de por sí era algo complicado en un galimatías incomprensible, que he tenido que volver a estudiar con solo relativo éxito antes de poder explicar la manera en que funciona mediante palabras algo comprensibles. Vayamos a ello.

En líneas generales, el sistema es semejante al anterior, pero reformado de un modo que lo complica mucho. Las bases del reparto proporcional son las mismas: en principio, los 598 escaños de base que como mínimo han de componer el Bundestag. En primera instancia, dichos 598 escaños son repartidos, pero no entre los partidos políticos, sino entre los Länder. Y no se repartirían en función del número de votantes, sino en función de los datos de población del censo más reciente, siguiendo el modelo de los EEUU que además se aplicaba y se sigue aplicando a los 299 distritos uninominales. Una vez establecida la cifra de reparto de escaños a los Länder, se procede al reparto de escaños entre las listas de cada partido político sobre la misma base que antes de la reforma. Es decir, que a los 598 escaños mínimos del Bundestag se les resta, en su caso, los conseguidos en los distritos uninominales por independientes o por partidos que no puedan participar en el reparto proporcional -que siguen siendo exactamente los mismos que antes de la reforma -los que sacan menos del 5% del voto proporcional, menos de 3 distritos, dejando de lado el régimen especial de los partidos representativos de minorías nacionales, cuyo régimen también sigue inalterado-). Y, posteriormente, la cifra resultante, sea 598 o sea otra algo inferior, son los escaños que se reparten entre cada lista de partido político de cada uno de los Länder empleando el método Sainte-Laguë (que sustituye al anteriormente empleado de Hare/Niemeyer).

Si como resultado de esta operación las listas de cualquier de los Länder obtienen más Diputados de los que les fueron atribuidos en el primer reparto entre ellos de todos los 598 Diputados, se va aumentando de uno en uno la cifra empleada para la atribución de escaños a las listas de los partidos de Länder -sea 598 u otra menor-, y así hasta que las listas sumadas obtengan tantos Diputados como se otorgaron a los Länder en el primer reparto (y si los Diputados atribuidos son menos que los que corresponden, la cifra empleada como base para la atribución va disminuyendo para conseguir el mismo objetivo: ajustarla a la cifra de escaños atribuida a los Länder según su población). A las listas de partido en los Länder se descontarán los escaños obtenidos por cada partido en los distritos.

Y en esto llegamos al paso que cabría considerar decisivo: la cifra de escaños atribuida a cada lista de partido tras descontarle los escaños proporcionales se incrementará hasta que todos los partidos reciban (sumando los escaños de distrito) la cifra resultante del reparto anterior entre las listas electorales de cada Länder y, sumada a ésta, la cifra de escaños que proporcionalmente correspondería al partido contando SOLO los votos que obtuviera en los distritos en los que sus candidatos hubieran perdido el escaño. La diferencia entre éstos votos y los primariamente atribuidos serían los escaños compensatorios que, sumados a los primariamente atribuidos, nos darían el número de escaños definitivos que obtendría cada partido en cada uno de los Länder, que ahora volverían a ser repartidos de acuerdo a las reglas antes vistas (ocupando todos los Diputados de distrito un escaño, y confiriéndose solo los hipotéticos escaños sobrante de cada partido a los candidatos de sus listas electorales de acuerdo a la posición que ocuparan dentro de ésta). Si algún partido recibiera en cualquiera de los Länder más Diputados que candidatos contuviera la lista, los sitios de más permanecerían vacantes.

Este es, grosso modo, el sistema electoral hoy vigente en Alemania. Un galimatías tal que me genera incluso la duda de haberme quedado correctamente con la copla (de manera que animo a cualquiera que lea esto a investigar por su cuenta si puede). Éste es el sistema considerado a lo largo y ancho del mundo modélico, antes y después de su transformación de 2011. Y ahora toca entrar en valoraciones. Este extraño sistema electoral alemán: ¿Es una Arcadia feliz? ¿Es un engañabobos? ¿Cómo corresponde que lo califiquemos? A trasladar mi particular visión del asunto dedicaré esta segunda mitad del artículo.

Del sistema electoral alemán de RPP hay muchos partidarios en España que incluso lo proponen como el sistema supuestamente más deseable para nuestro país. Y es verdad que el sistema electoral español adolece de tales males como para que quepa interpretar que la RPP tal como la tienen montada en Alemania constituiría un avance para nuestro país. Con eso y todo, quizá quienes así ven el asunto deberían replanteárselo. Porque, tanto el sistema antiguo como el nuevo plantean una problemática común: la mala elección de medios para alcanzar sus fines. El antiguo sistema, queriendo favorecer una mayor conexión entre representantes y representados sin por ello perjudicar la proporcionalidad del resultado, no conseguía ni lo uno (el Diputado de distrito podía y puede ser elegido en listas proporcionales) ni lo otro (las victorias de un partido en un gran número de distritos y la imposibilidad de dejar vacantes los escaños llevaba a su sobrerrepresentación en el Bundestag, sobrerrepresentación que ha sido en varias legislaturas clave para la formación de Gobierno). Y encima, favoreciendo la debilidad electoral, a causa del efecto antidemocrático del peso negativo del voto; y facultando manipulaciones del sistema que, por más que en Alemania no hayan tenido lugar, en España se antojan sumamente probables, a tenor de lo que ha sido la cultura política postfranquista posterior a la aprobación de la Ley para la Reforma Política. Creo sinceramente que no cuesta nada imaginar a los partidos políticos españoles haciendo trampas con la elección de Diputados de distrito para garantizar que sus hipotéticos aliados en caso de necesidad estuvieran presentes en el Congreso de los Diputados.

El nuevo sistema solo soluciona, y mal, el problema de la proporcionalidad. Digo que lo soluciona mal porque lo ha solucionado a un precio exorbitante: el empleo de un método absurdamente complicado que pareciera ideado por el doctor Frankenstein: estructurar un sistema de escaños compensatorios susceptible de incrementar desmesuradamente el tamaño del Bundestag. Así, en 2013 la cámara se vio ampliada de los 598 escaños de base a 631. Pero hasta eso se queda corto comparado con lo sucedido el pasado 24 de septiembre, cuando a causa de la irrupción de dos partidos más (los resurrectos liberales del FDP y la nueva fuerza ascendente de AfD) la cifra de escaños se ha disparado a 709, que no es descabellado que sean incluso más en alguna legislatura futura. Y todo ello para que, no obstante, siga vigente cierta desproporción votos/escaños, dado que AfD, que ganó (en términos del segundo voto que sirve de referencia para el reparto proporcional de escaños) las elecciones en Sajonia, obtuvo sin embargo solo 11 Diputados frente a los 14 que allí obtuvo la segunda fuerza, que fue la CDU de Merkel. Sin perdernos en esto y centrándonos en la cuestión del desmesurado aumento de tamaño del Bundestag (que en teoría podría alcanzar un máximo de 897 Diputados), ¿es en verdad tan problemático que las dimensiones de un Parlamento aumenten o disminuyan tan abruptamente de legislatura en legislatura como para rechazar automáticamente el sistema electoral que permite tal eventualidad? En si mismo, no diría que ese fenómeno sea automáticamente perverso. Desde luego, no lo será si lo justifica la consecución de algún objetivo político de enjundia para cuyo cumplimiento no existiera otro camino y se tomaran medidas a fin de prevenir las alteraciones demasiado abruptas en el funcionamiento normal de una cámara que tiene que celebrar votaciones y reunirse físicamente en un espacio limitado que admitirá un aforo máximo y que habrá que preparar, con los costos correspondientes, en función del número de sus integrantes (particular sobre el que puede leerse en https://mundo.sputniknews.com/europa/201709261072653097-alemania-parlamento-gastos-elecciones/).

En el caso alemán, sin embargo, es dudoso que las variaciones del tamaño del Bundestag respondan a exigencias que no pudieran ser satisfechas de una manera harto más sencilla. Es decir, que si lo que se quería era asegurar la proporcionalidad, habría tenido más sentido la abolición pura y simple de los Diputados de distrito, ya que la situación vendría a ser la misma, pero ahorrándose complicaciones. Y si finalmente se entendiera que igual el de la proporcionalidad es un ideal sobrevalorado, que es lo que creo, no tendría sentido retornar al chapucero sistema electoral previo a 2011, sino que, en todo caso, tendría más sentido establecer un sistema cuerdo de asignación de escaños en virtud del cual se eligieran Diputados de distrito que fueran más cercanos a las preocupaciones populares y tendentes a garantizar una mayoría parlamentaria y otros en una circunscripción electoral nacional. Sistema que además solo tendría sentido si existiera un número idéntico de Diputados mayoritarios y proporcionales, dado que si ambos criterios de selección de parlamentarios están presentes en el sistema electoral, cualquier diferencia entre las proporciones de unos u otros conllevará necesariamente una arbitrariedad injustificada que solo puede evitarse dando a ambos grupos de Diputados el mismo peso. Todo sea dicho, incluso si no se procede de ese modo, se antoja notablemente más razonable establecer una proporción fija de Diputados de distrito, y no una constantemente variable.

Precisamente esa arbitrariedad es uno de los rasgos merecedores de mayor desaprobación que plantea el actual sistema. Y es que, quiérase que no, tanto en su versión anterior como, de modo todavía más agresivo en su versión posterior a 2011, el sistema electoral alemán de RPP es un sistema basado en la existencia de una minoría de 299 Diputados elegidos por distritos dentro de un Bundestag de tamaño variable que en esta legislatura tendrá 709 miembros frente a los 631 y 622 de las dos legislaturas precedentes (lo que significa que existen 410 Diputados que no han sido elegidos por los distritos, a diferencia de los 332 y de los 323 no elegidos por distritos tras las elecciones de 2013 y 2009, respectivamente). Esto puede ser mejor o peor, pero en verdad se trata de una arbitrariedad carente del menor sentido. Pues no lo tiene establecer una cantidad de Diputados de distrito claramente concebidos para ser la mitad pero que en 2009 representaron el 48'07% de todos los Diputados del Bundestag, en 2013 el 47'39% y en 2017 el 43'3%. A esto se lo llama chapucería e improvisación electorales.

Finalmente, es preciso señalar último de todos el que para mi es el mayor defecto del sistema electoral alemán: su carácter draconiano, que lo hace insensible a la existencia de fracciones que en buena lógica merecerían aspirar a obtener alguna representación parlamentaria, por poca que fuera, y que solo exceptúa la regla para favorecer a grupos caracterizados precisamente por no identificarse con Alemania (actitud verdaderamente suicida que, aplicada a España, sería la ruina total de nuestro país, que ya bastante ha favorecido en estos últimos cuarenta años las tendencias centrífugas). Indudablemente, ambos son defectos que se pueden entender teniendo presente que Alemania no fue libre para establecer su nuevo orden institucional de posguerra, que la vigilancia por los Aliados de los pasos dados por la Alemania Occidental fue muy estrecha, y que aquel proceso ya de por sí mediatizado hasta el extremo desde fuera estuvo además marcado a fuego por el recuerdo del caos electoral de la República de Weimar (que tanto dificultó la formación de Gobiernos estables que gozaran de apoyos parlamentarios estables, y tanto contribuyó al nacimiento del Reich hitleriano).

Se consideró que la República de Weimar era el contramodelo a evitar, al menos en términos electorales (aunque también institucionales, como demuestra el robustecimiento de los poderes del Canciller en relación a los del Presidente -que quedó relegado a la condición de figura meramente decorativa-), y por lo tanto se quiso impedir a toda costa la "excesiva" proliferación de partidos minoritarios, y para ello se estableció la barrera del 5% del voto nacional para acceder al Bundestag. Sin renunciar al proporcionalismo, que tras la implementación de los mecanismos del llamado "parlamentarismo racionalizado" se convirtió en una excusa perfecta para establecer un sistema basado en listas electorales que permitiera ejercer un elevado grado de control sobre los Diputados, reduciéndolos al orden y facilitando la estabilidad de lo que claramente desde el principio se convirtió en una partitocracia al estilo de las que se fueron formando en el resto de Europa Occidental. Siendo también una forma de forzar los Gobiernos de coalición, lo que tampoco es inocente, dado que favorecer ese tipo de Gobiernos era también una forma de hacer ver que Alemania había superado la época nazi de partido único que monopoliza completamente el poder (necesidad que la incorporación de Alemania Oriental ha reforzado, dado el pasado comunista de los nuevos Länder). En cuanto a la excepción favorable a las minorías nacionales según la cual a éstas se las exceptúa de la regla del 5%, obviamente era una forma de demostrar que Alemania había aprendido la lección, y que pasaba del ultranacionalismo nazi a convertirse en el mejor amigo de las minorías. Mentalidad que no fue ajena a semejante decisión, igual que no fue ajena a la decisión de Merkel de admitir en tropel a refugiados sirios y de otros muchos sitios.

Así y todo, incluso en esto cabe dudar de que los artífices de la conformación del sistema electoral alemán eligieran bien los métodos. Es dudoso que fuera precisa una barrera tan elevada como la actual del 5% para conseguir los efectos deseados. Seguramente barreras sensiblemente menores también habrían servido para impedir la proliferación excesiva de pequeños partidos. Sin embargo, es que al final lo que resulta dudosa es esa misma obsesión por impedir a toda costa la aparición de pequeños partidos, gran problema al que se suelen enfrentar todos los sistemas basados en la aplicación de fórmulas de reparto proporcional de escaños a circunscripciones amplias. Claro, si la totalidad de los integrantes de un Parlamento se eligen de ese modo, la preocupación es comprensible. Pero no puede ser que se le pongan un trono a la premisa y un cadalso a la consecuencia. No puede ser que se exalte la "superior justicia" de la proporcionalidad y que, acto seguido, se abomine de sus legítimas consecuencias y se reduzca la proporcionalidad, como en el caso alemán, a una proporcionalidad entre los cuatro o seis más grandes, excluyendo de la legislatura al resto. ¿Que se quiere proporcionalidad? Pues entonces que se aplique correctamente, excluyendo no ya la draconiana barrera alemana, sino también cualquier otra barrera, por pequeña que sea. ¿Que, como consecuencia de esto, se considera que se pone en peligro la gobernabilidad del país? Pues que se añadan a los Diputados elegidos de manera proporcional un número y proporción fijos de Diputados de distrito (preferentemente la mitad), y que éstos se elijan separadamente y se sumen a los otros, sin incurrir en apaños extraños como el teutón.

Si esto se hubiera hecho en Alemania, seguramente la elección separada de Diputados de distrito habría permitido a los grandes partidos compensar de sobra los efectos de la reducción/supresión de la barrera. En el escenario aquí planteado las posibilidades de mayorías de Gobierno estables aumentarían, e incluso seguramente resultasen más fáciles de conseguir las mayorías absolutas. Eso incluso en el caso de que, como yo creo que sería más correcto, los Diputados de distrito se eligieran a través de alguna versión más o menos modificada del llamado voto alternativo (sistema de "segunda vuelta instantánea" que permite al elector ordenar a todos o a parte de los candidatos -yo preferiría que a todos- por preferencias, que se van sumando progresivamente hasta que algún candidato cumpla los requisitos que se impongan para alzarse con la victoria). Es verdad que la independencia de los Diputados sería mayor que bajo el sistema actual, circunstancia que a mi no me parece que tenga nada de malo, pero que algunos podrían creer que pondría en peligro la formación de Gobiernos estables.

Empero, el argumento a mi modo de ver carece de peso. Si se mantuviera el sistema de elección parlamentaria del Canciller (o, para el caso, del Presidente del Gobierno español), dicha independencia no sería absoluta y, por ende, no sería probable que pusiera en peligro la existencia de un Gobierno sólido y estable, dado que con motivo de la interrelación entre el Bundestag y el Canciller, los Diputados, incluso de distrito, seguramente tendrían muy presente que, a causa de la vinculación entre la elección parlamentaria y la del Canciller, es realmente a los candidatos a la Cancillería a quienes de hecho respaldan con su voto los ciudadanos; de manera que, a no ser que por cuestiones de política interna la imagen del Canciller quede debilitada, difícilmente se le van a rebelar. Y si alterasemos sustancialmente el sistema y la Jefatura de Gobierno fuera decidida directamente por los ciudadanos sin que tuviera que recibir la aprobación del Bundestag, la independencia de los Diputados (que sería harto mayor, al no depender de ellos la formación de Gobierno) podría dificultar la aprobación de toda la legislación que deseara el ejecutivo, pero no pondría en peligro la existencia del Gobierno mismo.

Bien, no cabe duda de que me he despachado a gusto contra el sistema electoral de Alemania. ¿Alguna virtud que quepa reseñar del mismo? Indudablemente, las principales virtudes del sistema electoral alemán están en algunas de sus intenciones, al margen de que luego se lleven desastrosamente mal a la práctica. Así pues, es un sistema que busca la consecución de dos objetivos loables. Uno primero que quizá sea más inasequible, como lo es encontrar la forma de compaginar cualquier clase de reparto proporcional de poder entre formaciones políticas con capacidad de influencia seria de los ciudadanos sobre los legisladores.así elegidos. Es dudoso que pueda impedirse que la elección proporcional desemboque en la conformación de estructuras de poder partitocráticas, pero es un objetivo que, si fuera posible instrumentalizarlo, sería encomiable. En segundo lugar, también me parece correcto aspirar a determinar el poder de los territorios no en base a la población en constante cambio, sino en base a un dato objetivo, traslúcido y no manipulable como lo es la participación electoral. Esa es una idea particularmente buena que considero que es susceptible de ser imitada en todas partes, y que favorece una alta participación electoral que evite se ciernan riesgos de deslegitimación de las instituciones democráticas; si bien en un sistema de RPP como el alemán es difícil de llevar a la práctica, y en un sistema basado en la elección separada de Diputados de distrito sería complicado (los distritos tienen que estar ya establecidos con anticipación a las elecciones). Así y todo, las dos intenciones antedichas son los rasgos que valoro más positivamente del sistema, pero de intenciones no se vive, e insisto en que, si bien creo que todo sistema electoral debería procurar alcanzar los mismos dos objetivos que persigue el alemán (especialmente el segundo), nunca la forma concreta en que Alemania busca la consecución de dichos objetivos podría servirle de modelo.

¿Arcadia feliz? ¿Engañabobos? Pues el sistema electoral alemán de RPP esencialmente es un engañabobos, aunque con algunas escasas virtudes que permiten afirmar que no es el peor sistema electoral entre los que cabe instrumentar, al menos por sus efectos (menos nocivos para Alemania de lo que puedan serlo para España los defectos de su sistema electoral suicida y proseparatista). Pero que no le salvan de ser catalogado como el más chapucero y peor articulado entre todos los sistemas electorales existentes en el ámbito de las democracias avanzadas de Occidente. He dicho. IHS

miércoles, 16 de noviembre de 2016

ELECCIONES EEUU 2016 (I)

[Antes de leer este artículo, échenle un vistazo a este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3QAekd5A1iI]

Atendiendo al requerimiento de un buen amigo de México (un estimado "panista" que espero sinceramente que progrese en la política de ese país, para el que es posible que se avecinen tiempos duros), daré una opinión acerca de los que creo que son los hechos más destacables del mapa político que han arrojado las recientes elecciones presidenciales y legislativas celebradas ayer en los EEUU. Que han exaltado a Donald Trump a la condición de cuadragésimo quinto Presidente de ese país. No entraré a valorar las consecuencias políticas más profundas de lo sucedido el pasado 8 de noviembre, sino que procuraré enfocarme prioritariamente en las perspectivas de futuro que las elecciones abren precisamente en el plano de lo electoral. Es decir, procuraré tratar acerca de las perspectivas que para ambos partidos se abren en cuanto a la preservación de su hegemonía política a medio o largo plazo, y no tanto en otras cuestiones de extremo interés (como pueda serlo el tipo de política que despliegue a partir del 20 de enero el Presidente Trump, la situación en que quedan Obama y los Clinton después de tan estrepitosa derrota, o la forma en que el resultado de las elecciones y la exaltación de Trump puede afectar a causas tales como la defensa de la vida o la oposición a la ingeniería social de signo apóstata que opera sobre el conjunto de las naciones de Occidente). Cuestiones que, si tengo tiempo, quedan para una entrada posterior.

¿Sorprendido por la victoria? Hace dos semanas, apenas si la habría creído posible. Hace una, me habría sorprendido bastante. El día de las elecciones, me sorprendió algo menos, ya que a raíz de mis propias indagaciones detectaba que la demoscopia, por más que en los medios españoles se afirmase que la contienda seguía decantándose del lado de Clinton, abría opciones a Trump en cada vez más Estados indecisos. Con todo, el resultado final me ha sorprendido bastante. No el hecho de la victoria en sí, sino dos cosas: que Trump se haya alzado con la victoria con un margen tan amplio sobre Bloody Hillary, y que lo haya conseguido pese a perder el voto popular. Yo pensaba que lo más probable era que si Trump ganaba, eso sucediera por un estrecho margen, y consideraba que lo más probable en ese caso era que ganara el voto popular, incluso con cierta amplitud. Era Hillary quien yo estaba convencido de que resultaba probable incluso que consiguiera la victoria perdiendo el voto popular. Ha sucedido exactamente al revés.

La victoria electoral del magnate neoyorquino no ha puesto en cuestión la existencia del Blue Wall (el "Muro Azul" compuesto por los Estados considerados sólidamente demócratas). Pero si que ha obligado a revisar la idea que teníamos del mismo, que al parecer abarca menos Estados y acumula bastantes menos Electores presidenciales de los que se creía. Diecinueve Estados que, en 2016, acumulaban todos juntos un total de 242 Electores de los 538 que eligen al Presidente de EEUU habían votado ininterrupidamente por los demócratas desde 1992 (y algunos de ellos desde 1988 e incluso desde 1976). A causa de la existencia de este “Muro Azul”, se llevaba años considerando que los demócratas partían de una posición especialmente sólida para acometer la conquista de la mayoría absoluta del Colegio Electoral necesaria para asegurarse la Presidencia. Precisamente en los últimos años se había llegado incluso al punto de especularse acerca de si los demócratas, teóricos beneficiarios del decrecimiento de la población blanca y del correlativo aumento de las minorías (y muy especialmente del de la minoría hispana), no estarían ya en vías de ampliar todavía más ese “Muro Azul” con varios Estados ganados por márgenes sólidos por Obama. Se especulaba incluso con si ya habrían conseguido decantar de tal modo a su favor esos Estados como para tener garantizada la mayoría absoluta de Electores necesaria para conquistar la Casa Blanca, al margen de lo que pasase en el resto del país. Alcanzando así una hegemonía política perdurable en esos Estados que les garantizase la Casa Blanca durante décadas, y dejando fuera de juego al Partido Republicano por al menos una generación.

Todas esas son ideas que deberán revisarse. No tanto porque Trump haya ganado como por la forma en que lo ha hecho. Esto se hace especialmente patente a la vista de la ventaja obtenida por Bloody Hillary Clinton en voto popular. Si incluso perdiendo el voto popular la candidatura de Donald Trump ha sido capaz de imponerse en la mayoría de los Estados oscilantes (incluyendo Estados que votaban demócrata ininterrumpidamente desde 1992 como Michigan y Pennsylvania, e incluso desde 1988 como Wisconsin), cabe preguntarse hasta donde podría haber llegado un candidato republicano que hubiera tenido incluso más tirón que Trump, suponiendo que tal candidato exista. La victoria de Trump relativiza algunos supuestos que venían manejándose mucho tiempo y que la era Obama parecía haber consolidado definitivamente. Ahora bien, tampoco los echa necesariamente por tierra de manera completa. Trump ha conseguido que Estados que durante el último cuarto de siglo han sido leales a los demócratas voten por él. Pero es que él mismo no ha sido lo que se dice un candidato republicano al uso.

¿Un candidato republicano más convencional habría conseguido lo que Trump? En su momento se dijo que gente como Jeb Bush, Chris Christie, John Kasich e incluso Marco Rubio habrían obtenido resultados mucho mejores que los que podría haber obtenido Trump. Yo no lo creo así. Yo creo que la candidatura de Trump ha sido una candidatura que ha bebido de caladeros electorales más amplios que los que llevaron a Bush a la victoria en 2000 y 2004 o que aquellos a los que creían poder apelar candidatos como McCain o Romney en 2008 y 2012. Y creo que es por eso que, si bien Bush obtuvo una votación popular mucho mayor que la de Trump (dado que recibió un apoyo más entusiasta que el magnate en los Estados tradicionalmente rojos), éste ha mejorado sensiblemente sus actuaciones electorales, ganando por la mínima Estados que le han permitido obtener una victoria sensiblemente más holgada que cualquiera de las cosechadas por aquel en el Colegio Electoral. Quizá otros republicanos no hubieran podido ganar, pero creo que lo habrían hecho por un margen mucho más estrecho. Y eso obliga a plantearse otro interrogante: en caso de que en el futuro existieran candidatos republicanos que pudieran aspirar seriamente a ganar esos Estados, ¿serán candidatos republicanos convencionales o candidatos parecidos a Trump? ¿Se abrirá camino definitivamente dentro del Partido Republicano una corriente “trumpista”, o por el contrario el Presidente Trump carecerá de continuadores? Difícil saberlo.

A favor de esa posibilidad juega el éxito presente. En contra la demografía. La victoria de Trump es alentadora, porque indica que los republicanos no han quedado fuera de juego, pero a su vez plantea el interrogante de si el Partido Republicano podrá reeditarla en el futuro. La demografía del país cambia, y “El Donald” parece haberse convertido en Presidente merced a una estrategia electoral posiblemente inimitable para otros republicanos. Peor aún, los futuros candidatos republicanos no pueden dar por hechas futuras victorias, ni siquiera en el caso de que supieran imitar a Trump. Este hecho por sí solo obliga a que los republicanos reflexionen profundamente antes de echarse completamente en brazos del “trumpismo”. Deben indigar cuáles de los planteamientos que le han hecho ganar las elecciones son desechables y cuáles, por el contrario, pueden ser susceptibles de un uso continuado. Asimismo, tienen también que tener en cuenta que la irrupción del “trumpismo”, si éste llega a consolidarse como una corriente interna dentro del Partido Republicano, podría fracturarlo aún más de lo que ya lo está. Es verdad que el pensamiento de Trump no se antoja a priori sistemático, porque el propio Trump parece ser de todo menos dogmático y amigo de fijar posiciones irrevocables. Empero, el mero hecho de que haya sido elegido candidato y haya ganado la Presidencia desde determinados planteamientos muy diferentes en cuestiones capitales de los exhibidos por las demás facciones republicanas (clásicos, conservadores, reaganianos, teapartiers...) obliga a prever la posibilidad de que, incluso sin necesidad de que el magnate se implique personalmente en esa tarea ni de que al final su Gobierno sea leal a esos postulados, tal línea de pensamiento gane protagonismo en días venideros dentro del Partido Republicano.

Además de reflexionar acerca de las perspectivas republicanas de obtener futuras victorias, es conveniente que los republicanos no pierdan de vista el hecho de que, en esta misma elección, es Bloody Hillary y no Donald Trump quien ha ganado de manera clara el voto popular. Esto no quita ninguna legitimidad a la gran victoria de Trump en el Colegio Electoral, pero significa que, de las siete últimas elecciones presidenciales celebradas, ésta es la sexta en la que los demócratas sacan más votos que los republicanos a nivel federal (por más que solo en cuatro de esos mismos siete comicios hayan alcanzado la Casa Blanca). Ha vuelto a suceder lo que en 1824, 1876, 1888 y 2000. Cierto que esto es menos relevante en todos los sentidos de lo que los detractores de Trump intentan hacer creer, y no demuestra de manera incontrovertible que goce de menos apoyos que la señora Clinton (eso solo sería el caso si la participación hubiera sido extremadamente alta -como no lo es desde hace un siglo en los comicios presidenciales estadounidenses-). Al fin y al cabo, el sistema electoral aplicado a una determinada convocatoria influye sobre la manera en que vota la gente, y más cuando ésta en general está bien familiarizada con sus efectos. Cosa que, en el marco de un sistema como el estadounidense (que pivota tan acentuadamente sobre los Estados colectivamente considerados), desincentiva la participación electoral de muchos ciudadanos residentes en Estados decididamente teñidos de color rojo republicano o azul demócrata, que saben de antemano que en su respectivo Estado es inútil votar por “su” candidato y en consecuencia se abstienen. Si las elecciones presidenciales fueran directas, es imposible saber qué partido aumentaría más sus votos en feudos enemigos. Igual nos llevaríamos una sorpresa y Trump ganaría contundentemente.

Ahora bien, eso no quita que la derrota en voto popular es una circunstancia que puede tener consecuencias políticas de primer orden. Quiérase que no, todo lo que se acaba de alegar para justificar la relativa irrelevancia de la derrota en Trump en términos de voto popular es cosa que, por más sentido que tenga, puede ser tomado por muchos estadounidenses de a pie por mera palabrería. En ese sentido, poner en cuestión la legitimidad no tanto del triunfo de Donald Trump, sino, en un sentido más amplio, del sistema que lo ha hecho posible, es fácil simplemente apuntando al dato anterior y objetivamente cierto de que de las últimas tres Presidencias republicanas, dos han sido obtenidas pese a que fue el candidato demócrata el que obtuvo un número sensiblemente mayor de votos. Lo que puede tener una poderosa influencia a la hora de impulsar precisamente la que yo creo que es la menos conocida pero a la vez la más trascendente de las iniciativas políticas que en estos momentos se están tramitando con vistas a su futura implementación en los EEUU: el “National Popular Vote Interstate Compact” (NPVIC) o “Acuerdo Interestatal por el Voto Popular Nacional”1.

En definitiva, que tanto a los republicanos como al país esta victoria puede traerles no pocos quebraderos de cabeza (si bien todo esto no ha de hacer olvidar que contarán con la ventaja de encararlos al menos durante los dos próximos años desde una posición de hegemonía política incontestable). Que el riesgo de transformación del sistema electoral estadounidense existe, y que los republicanos, aunque no deban desesperar a causa de una inferioridad de apoyos populares que podría obedecer a causas diversas, tampoco pueden obviarla y actuar tranquilamente en el supuesto de que su posición de fuerza fuera incontestable, porque no lo es en absoluto. Sigue, pues, pendiente la renovación del Partido Republicano, que pasa por establecer un modus vivendi razonable de cara al futuro entre sus facciones (en virtud del cual se eviten enfrentamientos que, si se descontrolan, podrían acarrear incluso la escisión del Viejo Gran Partido), así como por la consiguiente ampliación de su base electoral.

El éxito de Donald no quita que, curiosamente, donde sus resultados han sido más decepcionantes ha sido en el Oeste del país (lo que no quita que tampoco han sido malos, puesto que no ha perdido ninguno de los Estados tradicionalmente fieles a los republicanos). Precisamente aquellos Estados con una presencia hispana más fuerte de los EEUU que antaño pertenecieron a México. En Nevada, donde los sondeos le dieron opciones de ganar incluso durante los peores momentos de su campaña, ha perdido por un margen corto pero inequívoco frente a una candidata débil como ha demostrado serlo Bloody Hillary (y además los republicanos han perdido las dos cámaras de la legislatura estatal, lo que tiene consecuencias políticas de no poca trascendencia, por las razones que más adelante se indicarán). En California, donde la participación se ha hundido, Trump ha retrocedido en comparación con Romney. En Arizona, si bien ha ganado, ha retrocedido. Y lo mismo en Texas. En definitiva, que si los republicanos piensan en el futuro deberán tener en cuenta estos avisos, y procurar que el partido gane aceptación entre otros grupos raciales, además de los blancos. No les queda otra. Con “trumpismo” o sin “trumpismo”, los republicanos necesitan desesperadamente adaptarse al futuro que le aguarda a los EEUU, y combatir con todas sus fuerzas su imagen de partido de los blancos. Solo así conseguirá derrotar la percepción inversa del Partido Demócrata como el amigo de las minorías.

Empero, conviene señalar que también los demócratas tienen serios interrogantes que hacerse. Conformarse con la promesa de futuro que para ellos supone el crecimiento de las minorías no es suficiente. Es un hecho que muchas cosas han fallado a lo largo de este último ciclo electoral. Y, en realidad, muchas cosas llevan fallando desde hace no pocos años para los demócratas. Obama recuperó para ellos la Presidencia en 2008 y la revalidó en 2012, pero la verdad es que solo durante dos de los últimos veintidós años transcurridos desde la elección al Congreso de 1994 han dispuesto del control total del Gobierno (por ocho años durante los cuales los republicanos han dispuesto de ese control, a los que podrían sumarse como mínimo los dos primeros años del mandato de Donald Trump, en el supuesto de que éste y su partido colaboren). Los demócratas han prevalecido en la mayoría de las últimas elecciones presidenciales, pero han flaqueado en el Congreso (y muy especialmente en la Cámara de Representantes). Hecho que en gran medida se debe a la desmovilización del electorado, que también le ha pasado factura a Bloody Hillary en estas presidenciales. Ha quedado demostrado de manera clara en estas presidenciales que tasas bajas de participación (generalmente debidas más a la desmovilización de las minorías que a la de la mayoría blanca) facilitan a los republicanos luchar para mantener su dominación sobre el Congreso e incluso sobre la Presidencia. Y la falta de movilización es más seria de lo que parece, porque dejar de movilizar al electorado que se supone propio es señal de apatía por parte de ese mismo electorado y bien puede significar que dicho segmento de votantes está maduro como para empezar a pensar en traspasar sus lealtades a otras formaciones políticas. Si los republicanos encararan con energía la tarea de reconciliarse con las minorías, es bastante probable que encontraran el terreno abonado por encima incluso de sus más elevadas expectativas.

Todo lo antedicho es especialmente si los demócratas reinciden en su identificación con el denominado establishment y presentan de vuelta candidaturas similares a la de Bloody Hillary. Que está claro que ha sido uno de los factores determinantes de la derrota demócrata, seguramente incluso más de lo que la figura de Donald Trump haya podido influir en la victoria republicana. En ese sentido, y teniendo en cuenta que hemos estado ante una elección que, en los Estados decisivos, se ha revelado hasta cierto punto ajustada, cabría preguntarse si otro candidato demócrata habría tener más suerte. Inmediata e inevitablemente, ha comenzado a planear sobre el escenario un concreto nombre: Bernie Sanders, el oponente de Bloody Hillary durante las primarias. Quien, contra todo pronóstico, le dio a la finalmente nominada dura batalla hasta prácticamente el final de la contienda interna demócrata. Hay quienes afirman que Sanders habría batido a Donald Trump, y yo también creo que habría podido (aunque no con la holgura que algunos afirman). A su favor, habría tenido una reputación de integridad y honradez de la que tanto la señora Clinton como Trump carecen. Asimismo, a Trump le habría costado conseguir que frente a Sanders calara ese discurso de enfrentamiento entre el pueblo y las élites que tan buenos dividendos le ha rendido frente a Bloody Hillary; e incluso habría podido ser el propio magnate el blanco fácil del discurso de Sanders (¿qué más fácil para quien apela al socialismo que atacar a un multimillonario?). Y, todavía más importante, muchos de los partidarios de Sanders que no apoyaron a Bloody Hillary o que incluso apoyaron a Trump el pasado 8 de noviembre (especialmente en Estados que han resultado ser decisivos para el republicano tales como Wisconsin o Michigan, donde fue Sanders quien ganó la primaria demócrata) es prácticamente seguro que habrían votado antes por Sanders antes que quedarse en casa o que optar por Donald Trump.

Pese a lo cual tampoco hay que creer erróneamente que todo el monte es orégano. Sanders habría tenido en contra su propia condición de socialista en el país más alérgico que existe a las ideas socialdemócratas (no digo ya a las verdaderamente marxistas), condenadas enérgicamente por una parte muy significativa de la sociedad. E igualmente habría sido fácil de atacar por el lado religioso (es de orígenes judíos y más bien agnóstico en un país en el que hasta Obama y Hillary han tenido que simular con toda falsedad una religiosidad cristiana hipócrita so pena de no haber podido progresar en su vida política). Todo eso sin contar que también él habría tenido que contender con la dialéctica de Trump, y con el relato del magnate consistente en presentarse a sí mismo como perfecto ejemplo de hombre de éxito, gran negociador y empresario experimentado y contrastar sus cualidades presuntas con la mera “politiquería de salón” de su rival, al que sin duda habría tachado de hombre “sin energía”. Sea como fuere, habría tenido más opciones que Bloody Hillary. Y los demócratas harían bien en tomar nota de esto. Si algo bueno les ha sucedido en estas elecciones es deshacerse de la dinastía Clinton. Más les vale aprender la lección y evitar querer ahora (como algunos plantean y ya no veo imposible vistas las derivas dinásticas de la política yanki) sustituirla dentro de cuatro años por la dinastía Obama.

Prosiguiendo con mi análisis de la jornada electoral estadounidense, toca ahora tratar de la contienda en el Congreso y a nivel estatal. En el Congreso, como ya sabemos, los republicanos han retenido sobradamente sus mayorías legislativas. Apenas han descendido en la Cámara de Representantes, y han conservado el Senado (hecho éste último que debería facilitar que Donald Trump proponga los Jueces que apetezca para cubrir las vacantes en la Corte Suprema federal de Justicia durante al menos los dos próximos años. Eso abre la puerta a que Trump consolide una mayoría constitucionalista dentro de la Corte Suprema dispuesta a restaurar la soberanía de los Estados en materias tales como el aborto o el sucedáneo de matrimonio para personas del mismo sexo (SMPMS) que una jurisprudencia prevaricadora ha conculcado durante décadas por medio de razonamientos en extremo enrevesados que han convertido en papel mojado la Décima Enmienda a la Constitución de EEUU. A nivel estatal, los republicanos han ganado algunas gobernaciones (Nueva Hampshire, Vermont y Missouri, aunque han perdido Carolina del Norte). Pero, sobre todo, han ganado el control total de tres legislaturas estatales: Kentucky, Iowa y Minnesota (en el primer Estado han conquistado la Cámara de Representantes, y en los otros dos el Senado). Teniendo en cuenta que, hasta ese momento, los republicanos controlaban completamente un total de 31 Legislaturas Estatales, ahora serían 34 (es decir, los dos tercios justos de las que existen en EEUU). Sin embargo, no es el caso, ya que los demócratas han conquistado las dos cámaras legislativas de Nevada... El mismo Estado en el que Trump obtuvo una votación inferior a la esperada. A lo que se suma una rebelión dentro de las filas republicanas en virtud de la cual los demócratas controlarán la Cámara de Representantes de Alaska. Así pues, los republicanos dominarán completamente solo 32 Legislaturas Estatales.

Lo que es una gran cosa, pero también una pena, porque a causa de esas dos derrotas menores antes mencionadas los republicanos se han quedado cortos. ¿Cortos para qué? Pues cortos para poder amagar con la que sin duda es la más terrorífica arma política que existe en los EEUU: el “otro” procedimiento de reforma de la Constitución estadounidense previsto en el Artículo V. Aquel en virtud del cual el Congreso tiene que convocar obligatoriamente una Convención Constitucional (cuyas funciones serían similares a las de la Convención Constitucional celebrada en Filadelfia en 1787) si así lo solicitan las Legislaturas Estatales de dos tercios de los Estados. Convención que propondría enmiendas a la Constitución sin límites de ninguna clase que luego habrían de ratificar tres cuartas partes de los Estados, bien por medio de sus Legislaturas o bien por medio de Convenciones Estatales ad hoc -según sea el método de aprobación que proponga el Congreso, que es a quien correspondería aclarar ese particular por un margen no especificado-. Habrá quien considere que no poder accionar este procedimiento no es tan mal asunto, ya que los republicanos podrían perfectamente hacerse con el control de esas dos Legislaturas Estatales extra que necesitan en un futuro próximo. Pero en contra de esa posibilidad juega el mismo hecho de que ahora Trump sea Presidente. Pues sobre un partido en el Gobierno suele pesar más la frustración de la gente, de manera que el margen para cosechar ganancias políticas de primer orden suele ser más ajustado que cuando se está en la oposición, y los riesgos de pérdidas mayores.

Volviendo al procedimiento de reforma por iniciativa de las Legislaturas Estatales, dicho enrevesado procedimiento no se ha aplicado jamás para reformar la Constitución por su total impredecibilidad. Que no nace principalmente, creo yo, del hecho de que se convoque una Convención Constitucional (no hay diferencia entre las enmiendas que podría aprobar ésta y las que podría proponer el Congreso por mayoría de dos tercios de las dos cámaras para su ratificación por los Estados; y en ambos casos sería posible que una enmienda constitucional alterase cualquier aspecto relacionado con la actual Constitución, con la sola excepción de la igualdad del voto de los Estados en el Senado -aspecto de la Constitución de EEUU que solo podría reformarse en relación a aquellos Estados que aceptasen perder ese privilegio-). Sino más bien de la imprevisión de la Constitución, pues ni ella ni ninguna ley federal regulan la composición ni el funcionamiento de esa hipotética Convención Constitucional. Permaneciendo en el aire cuestiones de tanta importancia como el número mínimo de Estados que deberían enviar delegados a la Convención a fin de que ésta quedara debidamente constituida, la forma de designar dichos delegados, o las mayorías de delegados (y/o de delegaciones estatales) que habría de concurrir a fin de considerar aprobadas las enmiendas para su remisión a las Legislaturas o Convenciones Estatales.

Todo lo cual permite entrever que estamos hablando de un arma política que parece más apropiada para la exhibición que para el uso, pero que, sinceramente, y dada la situación que, en general, atraviesan los EEUU en estos momentos de su Historia, yo no dejaría de plantearme si utilizar o no. No porque el éxito esté garantizado ni mucho menos (dos tercios no son tres cuartos, y son las tres cuartas partes de los Estados los que tendrían que concurrir para aprobar enmiendas constitucionales; y todo eso sin contar con que tampoco puede darse por hecha la cohesión republicana -pues en los Estados de tradición liberal suelen estar bastante influidos por el ambiente político y social predominante). Pero si porque obligaría a entablar debates sobre cuestiones de gran trascendencia para el presente de la Nación, y a hacerlo al más alto nivel. Y de un modo tal como para precipitar una solución favorable o como para, en caso de no obtenerla, mantener las cuestiones no resueltas en el centro del debate político a la espera de tiempos mejores que la victoria de Trump demuestra que pueden llegar.

Así pues, mi balance definitivo de lo que han representado éstas elecciones es el siguiente: un incontestable y meritorio éxito de Donald Trump y, en menor medida, del Partido Republicano; a la vez que un grave e incontestable fracaso para unos demócratas a los que sin embargo sería irresponsable considerar en fuera de juego, ni siquiera por una breve temporada. La elección presidencial de 2016 constituye un signo de esperanza, a la vez que una fuente de problemas y quebraderos de cabeza en potencia para el partido de Abraham Lincoln. Al que, curiosamente, Trump le abre unas oportunidades que, sin embargo, no es inconcebible que pasen en algunos aspectos por una relativa oposición al Presidente tendente a matizar algunas de sus posturas más divisivas y controvertidas. En realidad, será a partir de 2018 cuando podamos comenzar a hacernos una idea más clara acerca de cuál cabe esperar que sea el recorrido de los EEUU durante los próximos años y si de verdad esta victoria abre un ciclo político duradero en el gigante yanki. Si dentro de dos años, por cualquier razón, se produjera un claro retroceso republicano en el Congreso y en los Gobiernos y Legislaturas Estatales, entonces lo más probable es que estemos ante un interludio que difícilmente impedirá que el peso de la demografía acabe haciendo girar el péndulo a favor de los demócratas. Si, por el contrario, los republicanos dentro de dos años mantuvieran o incluso ampliaran sus parcelas de poder, entonces las posibilidades de que éstos ganaran una posición prolongada de predominio y hegemonía política cobrarían una virtualidad nada desdeñable. Por otra parte, y partiendo de la base de que de momento el “trumpismo” apenas si está presente en el Congreso, serán también las elecciones de 2018 las que permitirán salir de dudas acerca de si dentro del Partido Republicano puede articularse un ala poderosa clara e incuestionablemente afín a los planteamientos de Trump (cuyo surgimiento podría facilitarle mucho la vida al Presidente durante sus dos últimos años de mandato), o si en verdad El Donald no va a ser el origen de nuevas tendencias políticas en el seno de la democracia estadounidense, sino solo un personaje singular condenado a entenderse con las corrientes republicanas ya existentes. Y con esto termino.

1El NPVIC es un acuerdo en virtud del cual los Estados firmantes, una vez alcanzaran la mayoría absoluta de los Electores, los entregarían al ganador en votos a lo largo de la totalidad de los EEUU, incluso en el caso de que perdiera en los Estados firmantes. Es decir, que estaríamos ante un acuerdo que convertiría, de facto, la elección presidencial estadounidense en una elección directa. Cosa que muchos creemos que resulta del todo inconveniente, porque relativizaría la naturaleza federal de los EEUU. No es que yo considere que el Colegio Electoral como institución funciona adecuadamente (en realidad, yo ni siquiera soy partidario de mantenerlo, porque lo considero un arcaísmo de todo punto de vista innecesario), y me parece muy bien, en ese sentido, reformar el sistema de elección presidencial a fin de hacerlo uniforme para todo el país (evitando regulaciones dispares de elementos esenciales del mismo por los Estados), proveyendo de peso al voto popular, de modo que tanto la expresión de las preferencias individuales del votante estadounidense como la expresión de la voluntad política colectiva de los Estados tenga una influencia perceptible en la elección del Presidente. Ahora bien, eso no quita que, si tal cosa no fuera posible, considero más importante dar voz a las preferencias políticas de los Estados colectivamente considerados, y no a las del ciudadano estadounidense individual. De manera que, entre mantener el Colegio Electoral tal como hoy existe y la elección presidencial directa, considero preferible preservar aquel.

domingo, 26 de abril de 2015

NPVIC Y CONSTITUCIÓN DE LOS EEUU. INCONVENIENCIA DE LA ELECCIÓN DIRECTA EN ESTADOS FEDERALES


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Observo con creciente preocupación el constante avance que está experimentando en los EEUU la iniciativa que en inglés recibe el nombre de National Popular Vote Interstate Compact (Acuerdo Interestatal por el Voto Popular Nacional -o NPVIC, por sus siglas en inglés-). Se trata de una iniciativa que pretende que cada Estado usalense otorgue sus votos electorales al candidato a Presidente que obtenga la mayoría simple de los votos a nivel federal, con independencia del hecho de que gane o pierda las elecciones en el Estado. El primer Estado que hizo aprobar esta iniciativa fue Maryland, en 2007. Desde ese año, son ya once los Estados que se han sumado. El último fue Nueva York, orientado en ese sentido por su actual gobernador, Mario Cuomo.

El NPVIC establece que los Estados que lo aprueben por ley solo comenzarán a aplicarlo en el momento en el que haya sido aprobado por una pluralidad de Estados a los que corresponda otorgar 270 delegados -es decir, la mayoría absoluta de los que componen actualmente el Colegio Electoral-.

Este requisito para proceder a la aplicación de lo dispuesto en la iniciativa es lógico. Aplicarla antes podría no ser efectivo (dado que el candidato que obtenga menos voto popular podría ganar en todos los Estados que no la han aprobado, y de ese modo ganar las elecciones). Por el contrario, en el momento en que un grupo de Estados que eligiesen la mayoría de los delegados del Colegio Electoral aplicasen este sistema, los enemigos del Colegio Electoral estarían de enhorabuena, en la medida en que la institución quedaría abolida de facto, y la victoria en las elecciones presidenciales correspondería con toda seguridad al candidato que se hiciese con más votos en todo el país.

Todos los Estados que se han sumado son Estados liberales en los que la hegemonía política de los demócratas es abrumadora y los pocos republicanos que tocan poder consiguen hacerlo a base de someterse al discurso social y político de éstos, que es el hegemónico en esos Estados (igual que sucede a la inversa con muchos demócratas en muchos Estados de indiscutible predominio conservador). En el momento de aprobar el NPVIC, todos estos Estados tenían gobernadores y Legislaturas Estatales demócratas -con la única excepción de Nueva York, donde el Senado que aprobó el NPVIC era republicano-. En la mayoría de los casos, las mayorías electorales alcanzadas por los demócratas en las elecciones a gobernador o a las Legislaturas Estatales son apabullantes.

La iniciativa del NPVIC, en caso de aprobarse, implicaría el mayor cambio en el modelo político usalense acontecido en toda la Historia de la joven nación americana. Ningún cambio constitucional del sistema político entre los efectuados hasta el momento presente ha revestido la misma entidad que tendría éste, que vendrá impuesto a través de una simple reforma legislativa. Tan es así, que sus críticos en parte se le oponen por considerar que el NPVIC no es otra cosa que una reforma encubierta de la Constitución usalense. ¿Hasta qué punto es esa una opinión consistente?

Sin duda alguna, los Estados usalenses carecen de poder para derogar el Colegio Electoral que elige al Presidente de los EEUU (http://lascronicassertorianas.blogspot.com.es/2012/08/breve-explicacion-del-sistema-de.html). Dicho Colegio Electoral fue establecido por la Sección 1ª del Apartado 2º del Artículo II de la Constitución de 1787, de manera que su disolución formal y la implementación de la elección presidencial directa por mayoría simple sería posible solo si se introdujese alguna Enmienda a la Constitución. Los apoyos que es necesario concitar a fin de enmendar la Constitución son enormes (voto favorable de dos tercios de cada cámara del Congreso y de tres cuartos de las Legislaturas Estatales). Por eso solo una vez han existido posibilidades razonables de enmendar la Constitución a fin de abolir el Colegio Electoral y de establecer la elección directa del Presidente de EEUU. Sucedió en 1969, cuando el Representante Emanuel Celler y el Senador Birch Bayh propusieron una Enmienda a la Constitución en virtud de la cual el candidato ganador de las elecciones pasaba a ser elegido directamente Presidente a condición de obtener al menos el 40% de los votos; celebrándose en caso contrario una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

Aquello era una chapuza, dado que se sustituía una tradición rebosante de sentido como -al margen de sus insuficiencias- lo es la de la elección indirecta del Presidente a través del Colegio Electoral (cuya composición, equivalente a la del número de Congresistas por Estado, no puede decirse que sea arbitraria) por un modelo de elección directa sin tradición histórica ninguna que no se ha empleado jamás para la elección de otros cargos públicos elegidos por comicios en EEUU, introduciendo esa cláusula boba del umbral mínimo del 40% a fin de poder ser elegido Presidente que, por un lado, carece de particular asidero racional (¿Por qué un 40% y no un 35% o un 45%? ¿No tendría más sentido exigir al menos el 50% más uno de los votos como en Francia?); y, por otro lado, nunca ha sido aplicada, al menos hasta donde yo sé, ni a las elecciones a las cámaras del Congreso ni a las elecciones a Gobernador, ni a las elecciones a las Legislaturas estatales). Más sentido habría tenido bien la instauración de una elección presidencial directa por mayoría simple acorde a la tradición política usalense, o bien la implementación de la novedad a todos los niveles electorales federales (es decir, también para las elecciones al Congreso).

El caso es que la propuesta de enmienda constitucional tuvo recorrido, dado que fue aprobada por una mayoría abrumadora de la Cámara de Representantes: 339 a 70. Más aún, recibió el apoyo de un Presidente que, por mucho que haya pasado a la Historia como uno de los más nefastos, fue en su momento uno de los más populares que nunca hayan tenido los EEUU: Richard Nixon. Solo la inquebrantable y numantina resistencia de una minoría compuesta sobre todo por Senadores de los Estados pequeños pudo impedir mediante un acertado ejercicio de filibusterismo (término con el que se conoce al bloqueo por una minoría suficiente de al menos el 40% de sus miembros de las actividades del Senado) la aprobación de tamaña aberración jurídico-política y salvar así el Colegio Electoral. Desde entonces se han vuelto a proponer enmiendas a fin de eliminar el Colegio Electoral, pero ninguna ha estado cerca siquiera de prosperar. El asunto perdió relevancia a ojos de la opinión pública usalense, y solo la recuperó cuando, en el año 2000, el candidato republicano y Gobernador de Texas, George W. Bush, derrotó al candidato demócrata y Vicepresidente, Al Gore, obteniendo menos voto popular que éste en las elecciones presidenciales (lo que no ocurría desde 1888).

Desde entonces volvió a tomar fuerza la idea de abolir el Colegio Electoral, aunque más que nada entre los demócratas. Que se daban cuenta de que sin apoyo bipartidista (y apenas hay republicanos prominentes que apoyen abrogar el Colegio Electoral) sería imposible intentar nada a ese respecto en el Congreso, que difícilmente aprobará una enmienda a la Constitución de 1787 que vaya en ese sentido. Ahora bien, los Estados (a través de sus Legislaturas) para lo que si son competentes es para decidir la forma en que deben otorgarse los delegados que a cada Estado corresponde designar con motivo de las elecciones. Esta es la razón que aducen en defensa de su propuesta los partidarios del NPVIC.

Los que cuestionan la constitucionalidad del NPVIC, por su lado, sostienen que el derecho de los Estados a repartir libremente sus delegados no llega hasta el punto de que un Estado pueda delegar su elección en lo que hagan los demás Estados, que es exactamente lo que hace el NPVIC cuando establece que el candidato ganador a nivel federal se llevará de calle los delegados de los Estados que lo han aprobado, con independencia de que haya perdido en el Estado. Yo, personalmente, creo que esa objeción no tiene una base lo suficientemente fuerte.

La X Enmienda es clara cuando establece que: "Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohibe ejercer a los Estados quedan reservados, respectivamente, a los Estados o al pueblo". En materia electoral, la Constitución no entra a regular más que unos pocos y muy concretos aspectos del sistema electoral federal. Así que, con la excepción del tamaño de las delegaciones de los Estados en el Congreso y en el Colegio Electoral; de la resolución de los casos en los que ningún candidato tenga la mayoría; de los lugares en que corresponde celebrar comicios a la Cámara de Representantes y las épocas y modo en que ha de hacerse lo propio en ambas cámaras del Congreso (cuestiones que, en ausencia de regulación federal, son reguladas libremente por cada Estado); y de la elección separada de Presidente y Vicepresidente, todas las demás cuestiones relacionadas con la regulación de las elecciones federales -tanto presidenciales como al Congreso- son de exclusiva competencia de los Estados.

Es otra la razón que yo creo que podría esgrimirse para argumentar la inconstitucionalidad del NPVIC. Yo creo que esta iniciativa es inconstitucional en la medida en que, si bien el procedimiento elegido para instaurar el NPVIC es acorde a la letra de la Constitución -en la medida en que respeta, de iure, la existencia del Colegio Electoral-, la propuesta implica un fraude no ya de ley, sino de la Constitución, al igual que un abuso del Derecho. ¿Por qué? Porque, si bien se respeta formalmente la existencia de la institución que se reforma, dicha institución queda despojada de todo contenido a efectos prácticos.

Uno de los órganos políticos centrales a lo largo de toda la Historia política de los EEUU, como es el Colegio Electoral -concebido para que la soberanía de los Estados fuera debidamente tenida en cuenta a través de la emisión por cada Estado de una opinión colectiva propia y diferente de la de los demás Estados-, ya no podría cumplir su función, dado que el reparto de votos ni siquiera se efectuaría teniendo en cuenta la opinión política del Estado, sino la de los EEUU en su conjunto. Esto implica contravenir en el fondo -si no en la forma- la intención de los Padres Fundadores y una tradición que viene siendo observada ininterrumpidamente desde hace ya 226 años, cuando se celebraron las primeras elecciones y se eligió unánimemente Presidente a George Washington. Si se concibió el Colegio Electoral fue para ser relevante y modular lo que podríamos denominar el "resultado electoral en bruto", y no para ser mero altavoz de dicho "resultado electoral en bruto".

Tampoco es que el argumento que opongo al NPVIC sea irrebatible, ni muchísimo menos. Podría decirse que, si de verdad la intención de los Padres Fundadores hubiera sido realmente la que yo digo (esto es, la de que el Colegio Electoral fuera relevante y sirviera para dar forma definitiva al resultado de las elecciones presidenciales), lo más seguro es que hubiesen tomado precauciones más eficaces para garantizar a toda costa la relevancia política del Colegio Electoral. No estoy convencido de que ese sea un argumento válido. También podría decirse que, si de verdad los Padres Fundadores hubiesen estado por un sistema de elección directa del Presidente, lo habrían establecido sin más. Habrá quienes digan que quizá estaban abiertos a establecer un sistema flexible en el que cupieran múltiples posibilidades (una de las cuales sería la elección presidencial directa), todas ellas igualmente constitucionales. No lo veo razonable. No creo que los Padres Fundadores plantearan precisamente un modelo institucional susceptible de ser transformado de un modo tan sustancial merced a la voluntad de mayorías políticas pasajeras; aunque solo sea porque eso habría supuesto cimentar los EEUU sobre cimientos altamente inestables.

Lo que sí señalan acertadamente los adversarios del NPVIC es que la validez de los acuerdos interestatales, de la naturaleza que sean, depende de su aprobación por el Congreso. Así que, aunque el NPVIC fuera aprobado por un número suficiente de Estados, seguiría sin poder entrar en vigor en tanto no lo aprobara el Congreso, actualmente en manos republicanas. Hoy por hoy, no se antoja probable que un Congreso republicano aprobara nada que se parezca al NPVIC. Ahora bien, esta no es una barrera protectora contra el desafuero tan difícil de franquear como para dejar de preocuparse por lo que pueda suceder en el corto plazo. Parece probado que las mayorías republicanas en el Congreso obedecen a unos índices de participación popular en los comicios de vergüenza. Sin embargo, una propuesta como el NPVIC es la clase de asunto que podría movilizar a lo grande al electorado (incluso si las elecciones al Congreso estuvieran separadas de las presidenciales), y que podría ayudar a conformar una nueva mayoría demócrata favorable al acuerdo.

Otra cuestión jurídica a tener en cuenta a la hora de plantearse la conveniencia de una iniciativa del estilo del NPVIC es que, incluso aceptando la constitucionalidad de la misma, nos encontramos con que se estaría acometiendo una modificación trascendental del sistema político estadounidense sobre la base de una provisionalidad que no parece que constituya jamás el marco jurídico idóneo para ninguna gran reforma. ¿Por qué? Pues porque los Estados son libres para revocar el acuerdo adoptado, de modo que algunos de los Estados que aprobaran el NPVIC podrían revocarlo tras haber entrado éste en vigor, debiendo retornarse automáticamente al sistema electoral anterior. En definitiva, que la cuestión electoral podría convertirse en un motivo de enfrentamieto y encono político federal e interestatal permanente. Se votaría en las elecciones presidenciales sin la seguridad de que a los cuatro años el sistema para la elección del Presidente siguiera siendo el mismo.

De momento, por ir aclarando la situación actual del NPVIC, tenemos que un grupo de Estados que eligen 165 delegados han aprobado ya la iniciativa. De manera que los propulsores de la misma han recorrido el 61'11...% del recorrido que los separa de la consecución de su objetivo. Les quedan 105 votos y la aprobación del Congreso para que su sueño de institucionalizar la elección presidencial directa en los EEUU se haga realidad. Teniendo en cuenta solo los Estados que no han aprobado el NPVIC, bastaría con que la propuesta recibiera el apoyo de Texas, Florida, Pennsylvania y Ohio para tener que ser sometida al Congreso. Ya lo comenté antes y vuelvo a comentarlo: hablamos de un hecho político de primerísima magnitud. Por lo que ahora toca dejar de lado el debate acerca de su constitucionalidad, y entrar a discutir si la elección directa del Presidente de EEUU es o no correcta.

Adelanto que no estoy en absoluto de acuerdo. Considero que la instauración de un sistema de elección directa del Presidente de los EEUU -que, aplicado a la elección del Presidente del Gobierno español, me parecería un adelanto incuestionable- supondría un enorme error de enormes proporciones históricas y de primerísima magnitud. La razón fundamental que me lleva a posicionarme de esta manera es una que siempre he creído que debería ser obvia: en una Unión Federal, la voluntad de las entidades federadas que la componen consideradas colectivamente no debería dejar de ser tenida en cuenta. Dicho de otro modo, en el seno de un sistema federal de integración parcial de naciones que pese a la integración mantienen su soberanía no debería adoptarse jamás un sistema que permita que un candidato a cualquier cargo público federal a elegir por toda la Unión pueda ser elegido para el mismo siendo rechazado por la práctica totalidad de las entidades federadas (lo que, desgraciadamente, es cosa que puede suceder perfectamente si se les niega a éstas la posibilidad de emitir un voto colectivo propio).

Comprendo perfectamente que se considere que el voto popular debería tener un protagonismo mayor que el que actualmente tiene en la elección presidencial. Yo creo lo mismo, y considero que estaría bien estudiar si existen opciones que, sin desvirtuar el sistema, puedan dotarlo de mayor relevancia. Para mi resulta claro como el agua que los EEUU (o por lo menos su sistema presidencial) han funcionado hasta ahora dando por hecho que el acuerdo de un número de Estados que claramente represente una mayoría incontestable de la Unión, por endeble que éste sea, ha de prevalecer sobre el rechazo tajante de la minoría de los Estados, sin importar lo grande que sea ésta minoría, ni el hecho de que dicha minoría de Estados englobe a la mayoría de la población del país.

Mi posición es la de que debería existir un equilibrio entrambas posiciones. Pienso que no debería ser posible que el rechazo tajante a un candidato en un Estado desprovea totalmente de efectos a la aceptación mayoritaria en el resto, y de la misma manera soy de la opinión de que tampoco debería ser posible que un acuerdo por la mínima en un grupo de Estados que represente a la mayoría del país (que no tienen ni siquiera porque ser la mayoría de los Estados totales) prime sobre el rechazo tajante en una fracción importante de la Unión.

Por otro lado, no dudo ni por un momento de que la elección directa del Presidente no solo no soluciona en absoluto el problema antes descrito, sino que consagra el proceso histórico-político de "unitarización" de los EEUU (que amenaza con sustituir la tradicional concepción del equilibrio entre las instancias políticas soberanas federal y estatales en una hegemonía federal absoluta, convirtiéndose los Estados en un elemento meramente decorativo del sistema político usalense). Antes de entrar a concretar mi postura, analicemos la contraria. Los defensores de la elección directa del Presidente -a la que antaño yo era favorable por mi menor comprensión de la naturaleza del sistema federal usalense- alegan una serie de razones que consideran deberian animar a la gente a sumarse a su causa. En esencia, esas razones se compendian en estas cuatro:

-El Voto Popular Nacional es más "democrático" que la elección presidencial a través del Colegio Electoral, ya que lo democrático es que sean los individuos los que se posicionen acerca de quién quieren que sea su Presidente, y no los Estados.

-El Voto Popular Nacional otorga mayor protagonismo a las minorías políticas de los Estados dado que, en lugar de llevarse todo el ganador en cada Estado como ocurre ahora, cada voto americano cuenta. De manera que, gane o pierda su candidato, no existe un solo americano cuyo voto no tenga una incidencia directa en la elección presidencial.

-El Voto Popular Nacional impide que la atención de los candidatos se centre casi exclusivamente en los swing States (Estados cambiantes), que son los Estados que no tienen una preferencia política clara y en los que, por así decirlo, no está cantada la victoria de ningún candidato.

-El Voto Popular Nacional devuelve protagonismo a los pequeños Estados, cuyo voto pasaría a importar tanto como el de los grandes. Nada que ver con lo que sucede en este momento de la Historia usalense en el que es un hecho que los Estados pequeños apenas cuentan, dado que su representatividad en el Colegio Electoral es tan pequeña que no se los toma en consideración. Ni siquiera cuando se trata de swing States, pues lo que aportan o quitan al candidato que gana en ellos es tan poquita cosa que practicamente no vale la pena el esfuerzo de prestarles una atención que más vale que se concentre en los grandes Estados que de verdad pueden provocar un vuelco.

Esas son las cuatro razones de más peso que les he leído u oído aducir en favor del NPVIC a los defensores de dicha iniciativa. Aunque estoy de acuerdo parcialmente con casi todas ellas, considero que se les da un enfoque equivocado, y una solución todavía más desacertada que espero que no sea la que finalmente elija el país. Así que voy a contestarlas una a una.

La idea de que es más democrático que se posicionen políticamente los ciudadanos y no los Estados no la comparto en absoluto, dado que es una simpleza. Quienes así razonan lo reducen todo al número total de individuos, obviando la diferencia cualitativa existente entre las naciones unitarias y las asociaciones de naciones más o menos integradas (federaciones y confederaciones); y olvidando por completo la idea de soberanía colectiva de la nación, que se expresa a través de la emisión de un voto conjunto de la misma en favor de los principales actores políticos. Idea que sigue siendo válida incluso cuando la nación pierde su independencia y pasa a ser una nación asociada cuya soberanía se ve limitada por un poder federal superior. Mientras haya nación y haya soberanía, es preciso que la soberanía colectiva pueda seguir ejercitándose. Dado que los EEUU aún no son una nación unitaria (pues si esto ocurriera ya no serían los EEUU, sino otra cosa muy diferente), entiendo que no hay razón para despojar a los Estados de su derecho a emitir un voto en tanto que colectividad en favor del candidato más apoyado dentro de los límites del Estado.

En cuanto a la idea de que la implementación de la elección presidencial directa devolvería su importancia al voto de las minorías políticas de los Estados, dicha idea implica partir de la base de que existen Estados muy inclinados hacia los republicanos y otros muy inclinados hacia los demócratas (Estados rojos y azules, respectivamente). E implica deducir automáticamente que, como el ganador se lo lleva todo, el voto de un demócrata de un Estado rojo o de un republicano de un Estado azul no significa nada, lo que desincentiva la participación, dado que millones que en otro caso votarían saben de antemano que el candidato del otro partido se llevará su Estado de calle. Y que, por ende, la elección presidencial directa devolvería su importancia a las minorías políticas de los Estados, y las animaría a participar en el proceso democrático y a identificarse más plenamente con él, sintiéndose representadas por el mismo.

Este es un argumento hasta cierto punto válido, pero se exagera su importancia; y no deja de ser falso en la medida en que se basa en una media verdad. La Historia en democracia de los EEUU es la más larga del mundo. Hoy en día, es verdad que el país está políticamente más polarizado de lo que lo había estado nunca en todos los años que han seguido a la Guerra Civil. Sin embargo, hace solo 30 años, el "ultraconservador" Ronald Reagan ganó en todos los Estados del país con la única excepción de Minnesotta (donde perdió por nada); y obtuvo ventajas abrumadoras de más de dos dígitos en Estados hoy día considerados bastiones inexpugnables del liberalismo tales como California, Illinois, Maine, Nueva Jersey, Oregón, Vermont o Washington. Ganó hasta en Massachusetts. Lo que significa que no es cierto que las minorías en los EEUU estén condenadas a la total irrelevancia, dado que siempre es posible cambiar esa situación. ¿Que cómo? Pues convirtiéndose en mayoría.

Eso sin contrar que no puede darse por hecho que los EEUU van a estar siempre igual de polarizados políticamente de lo que lo están en la actualidad. Quizá dentro de diez o veinte años nos encontremos con que minorías políticas que -según los partidarios de la elección presidencial directa- no tienen nada que hacer en sus Estados han conquistado la mayoría en los mismos. De todas maneras, el de la marginación de las minorías políticas de los Estados es uno de los argumentos más sensatos que aportan en favor de su causa los partidarios del NPVIC.

Los EEUU beben de dos fuentes de soberanía, que no son otras que el pueblo usalense y los Estados Federados. Sin embargo, es un hecho que, tradicionalmente, el sistema político usalense ha favorecido la representatividad de los Estados no prestando la suficiente atención a la representatividad popular. Y es cierto que este hecho desalienta a las minorías a participar en procesos electorales, y por ende dificulta su identificación con una democracia que no sienten que les represente (y para comprobar hasta qué punto esto no es una exageración, basta observar los indices patéticos de participación en las elecciones usalenses que se han ido registrando en el último siglo). La cultura política valora la victoria por encima de todas las cosas -rasgo muy típico del carácter anglosajón, y especialmente usalense-, y muchos de quienes saben que van a perder directamente se abstienen de tomar parte en los comicios. Eso debería cambiar. Aunque no a costa de privar de toda importancia al parecer del Estado mismo colectivamente considerado. Que es lo que, desgraciadamente, pretenden los partidarios de la elección presidencial directa.

En cuanto a la tercera razón de peso que los defensores de la implantación de la elección presidencial directa esgrimen para defender sus alocadas pretensiones unitaristas, que es la de que así se evitaría que los candidatos le presten más atención a unos Estados que a otros; empezar diciendo que es una solemne tontería, cuando no un engaño deliberado. Los partidarios de suprimir el Colegio Electoral sostienen que actualmente la atención de los candidatos se centra casi exclusivamente en los denominados swing States. Y que solo si se aprueba la elección directa del Presidente y cada voto americano cuenta lo mismo los candidatos se verán obligados a repartir su atención equitativamente.

Dicen que la elección directa es la única manera de devolver importancia al voto de los ciudadanos de los pequeños Estados, y de conseguir que los candidatos procuren hacer campaña en el mayor número de Estados posibles. Dicen que, dado el dispar tamaño de los Estados, los pequeños Estados, incluso en el caso de que sean swing States, difícilmente recibirán ni la menor atención de los grandes candidatos, a los que les compensa más tentar a la suerte y rezar para ganarlos que hacer campaña en ellos y dejar de prestar su atención a los mayores Estados, que son los que realmente son necesarios para ganar la Presidencia.

Es verdad que en los actuales EEUU hace ya décadas que los candidatos se concentran en los Estados que reúnen a la vez estas dos características: ser grandes Estados y ser swing States. Pese a todo, incluso reconociendo esto, se me hace difícil entender que la forma de otorgar mayor valor a la opinión de pequeños Estados como Rhode Island o Delaware sea pasar por alto la voluntad del pueblo de cualquiera de esos dos Estados. Es más, se omiten detalles importantes. Como el de que, en verdad, la voluntad de los pequeños Estados perdería relevancia. Pues en el Colegio Electoral los Estados pequeños están sobrerrepresentados y los grandes infrarrepresentados, mientras que, si se aprobara la elección directa del Presidente, los Estados pequeños pasarían a ser todavía más irrelevantes al perder esa pequeña ventaja de la que hoy gozan.

Conste que esto no es malo en sí mismo. Yo soy partidario de que cada Estado pese en la elección presidencial lo que le corresponda en atención a la proporción de la participación electoral global en las elecciones que corresponda a ese mismo Estado (lo que, potencialmente, implicaría que cada Estado pesaría tanto como la proporción de electores establecidos en él, dado que tal sería el resultado si participase en la elección el 100% del electorado, que tendría motivos hasta "patrióticos" si se los quiere llamar así para participar en las elecciones, en la medida en que de la emisión de su voto dependería el peso político de su Estado).

Me explico. Mientras los Estados sigan estando representados por igual en el Senado, los intereses de los menos poblados estarán debidamente protegidos. Es decir, que ya son lo suficientemente poderosos como para necesitar un peso mayor del que en base a su población les correspondería en la elección presidencial. De hecho, considero que es conveniente privarles de ese peso porque en los actuales EEUU existen unos cuantos Estados que son lo suficientemente irrisorios en términos de territorio, de población o de las dos cosas como para que uno no pueda dejar de preguntarse si no sería mejor que dichos Estados se integraran con otros para constituir Estados de dimensiones más normales. Lo que tiene su importancia más allá de la estética.

Históricamente, Nueva Inglaterra ha dispuesto de un poder mucho mayor dentro de los EEUU que el que debería corresponderle en base a su población, ya que concentra dentro de sus fronteras seis Estados, de los cuales cinco (a saber, se trata de los Estados de Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Rhode Island y Connecticut) son minúsculos en términos territoriales. El mayor de todos los Estados de Nueva Inglaterra, Massachusetts no es tampoco demasiado grande (a decir verdad, creo que solo Hawaii, Nueva Jersey, Delaware y los otros Estados de Nueva Inglaterra antes mencionados son menores en superficie). Y en verdad da la sensación de que el hecho de que no estén unidos responde más a la inercia de la tradición y a la codicia política (separados suman 10 votos en el Colegio Electoral más de los que corresponderían a Nueva Inglaterra si ésta fuese un único Estado) que a la existencia de diferencias irreconciliables de ninguna clase entre los citados Estados.

Como es lógico, no soy partidario de que se obligue a fusionarse a entidades soberanas que deben ser libres de decidir si constituir o no una entidad integrada mayor. Pero si creo que es conveniente desincentivar, en la medida de lo posible, la pervivencia de los pequeños Estados. Y la forma de conseguir eso es reducir lo más que sea posible el poder de los mismos, siempre y cuando eso no tenga como consecuencia la ruptura de los principios políticos esenciales en torno a los cuales ha de ordenarse una asociación de naciones parcialmente integradas como es una federación.

De todas maneras, lo importante es que el argumento esgrimido a este respecto en favor del NPVIC es radicalmente falso, hasta tal punto que cuesta creer que los propulsores de la elección directa no sean conscientes de ello y, a pesar de todo, mientan descaradamente. La implementación del NPVIC disminuiría el peso de los pequeños Estados en la elección presidencial, sin que en modo alguno fuesen compensados con un mayor poder de atracción del que ya poseen sobre los candidatos.

No por nada, sino porque el efecto evidente del voto directo no sería otro que el de focalizar la atención de los candidatos en las grandes ciudades. Las elecciones se convertirían en una competición por la conquista del voto de las MacroUrbes, no del de los MicroEstados. Los candidatos republicanos a los que hoy por hoy los millones de votos obtenidos en ciudades tales como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Cincinnati, Boston, Baltimore, Minneapolis no les valen absolutamente para nada acudirían más a esos sitios a fin de mantener o aumentar sus caladeros electorales. Y los demócratas harían lo propio en ciudades tales como Houston, Dallas, San Antonio, San Luis, Albuquerque, Charleston, Atlanta o Nueva Orleáns.

En definitiva, que sin duda alguna los candidatos ampliarían su radio de acción, pero no a los Estados pequeños (que seguirían igual de postergados que antes, solo que ahora disponiendo de mucho menos peso que antes en la elección del Presidente). Cosa que insisto en que no me parece mal, ya que una cosa es ser favorable a que los Estados pequeños no queden reducidos a la condición de diminutas e ignoradas manchas de tierra, y otra muy diferente es premiar su pequeñez natural con ventajas políticas que no son precisas para proteger su posición relevante dentro de la Unión, y con ella su soberanía. No obstante, lo que si rechazo es la forma en que los propulsores del NPVIC hacen apología de su propuesta intentando a sabiendas de lo que hacen colar como argumentos en favor de la misma circunstancias que dan lugar a efectos muy diferentes de los que ellos les atribuyen delante de la opinión pública.

Concluyendo, que esas son en resumidas cuentas mis razones para oponerme al NPVIC y a la elección directa del Presidente de EEUU. En cuanto a las novedades que pueda deparar la evolución de la iniciativa, ya seguiré informando si es preciso... Un abrazo en Jesucristo a todos los lectores, y hasta la próxima. IHS